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En medio de los recientes cuestionamientos contra las autoridades y los abusos en el uso de la fuerza tras la muerte del ciudadano Javier Ordoñez en Bogotá –hecho que, incluso, tiene al Gobierno pensando en transformar la Policía–, la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (ACORE), en asocio con otras organizaciones de uniformados retirados, emitió un comunicado en el que pide seguridad jurídica para los miembros de la Fuerza Pública.
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En su pronunciamiento, el cuerpo de oficiales de la reserva activa de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, representado por 17 asociaciones, advirtió de la “difícil situación de alteración del orden público” en el país y expresó su respaldo a las medidas especiales adoptadas por el presidente Iván Duque “para garantizar la seguridad nacional y la tranquilidad pública”.
En ese sentido, alertó por la “ola de violencia” por cuenta de distintas protestas que calificó de no pacíficas, sumado a actos de vandalismo propiciados, según el cuerpo de oficiales, “por fuerzas oscuras interesadas en sembrar el caos y desestabilizar la institucionalidad democrática y el estado de derecho que establece la Constitución Nacional”.
Por ello, aseguró que Colombia requiere con “urgencia” de una legislación taxativa y adecuada que faculte al Estado y en particular a la Fuerza Pública y a la rama judicial, “para actuar con agilidad y efectividad frente a cualquier tipo de amenaza que afecte la seguridad y la defensa nacional”.
“Surge con prioridad la necesidad de estudiar cuidadosamente todo lo concerniente a la seguridad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública que, en cumplimiento de su misión constitucional, frecuentemente y en repetidas ocasiones, carecen de herramientas y normas adecuadas para hacer cumplir el orden y la legalidad que su misión impone”, explicaron las asociaciones de las Fuerzas Militares y Policía.
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Para los oficiales, “es muy difícil manejar” esta situación de confrontación con la “legislación de paz” con que hoy cuenta la Nación. Por lo anterior, propuso revisar la ley antiterrorista frente a las “distintas amenazas de orden interno y externo” que afectan al país.
Adicionalmente, examinar situaciones relacionadas con el derecho operacional y los fundamentos jurídicos para el uso de la fuerza, la ley de Seguridad y Defensa Nacional y la adecuación de la política de defensa y seguridad de la Presidencia, sumado a la competencia y fuero dentro la Jurisdicción Penal Militar y Policial.
“Para este propósito, se considera también muy conveniente tener en cuenta las diferentes normas que regulan las operaciones policiales y militares en lo atinente a instructivos, órdenes y mecanismos dentro de los estándares del derecho internacional, Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los derechos humanos, tal como se encuentra establecido”, precisaron las organizaciones.
El pronunciamiento es respaldado, entre otros, por el Consejo de exdirectores y Comandantes de la Policía Nacional, el Colegio de Generales de la Policía Nacional, el Colegio de Coroneles de la Policía Nacional y la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional (ACORPOL).
Apenas este viernes, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, sostuvieron una reunión para establecer cinco ejes de actuación institucional para fortalecer el proceso de modernización y transformación que adelanta la Policía Nacional.
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El ministro indicó que el primer eje tiene que ver con el servicio de Policía, sobre el cual se seguirá “trabajando en la implementación de la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana para fortalecer el servicio al ciudadano en la calle y empoderar las regiones de Policía en el país”.
El segundo eje será educación y formación, que contará con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y las Naciones Unidas en los temas de prevención, promoción y protección de derechos humanos. El tercero, transparencia e integridad, abarcará una revisión de los procesos y protocolos en la actuación en el servicio de Policía.
Frente al cuarto eje, gestión humana, se realizará una actualización de los protocolos de incorporación y de los procesos para mejorar la calidad de vida y bienestar para los policías. Finalmente, el quinto elemento será el fortalecimiento tecnológico, que implica mejorar el acceso de información para permitir la interacción con el ciudadano.