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Por cuenta de la seguidilla de masacres que han estremecido al país, sumado a los crímenes de líderes y defensores de derechos humanos, este miércoles se conoció una dura carta de la exsenadora Piedad Córdoba en la que pide a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que suspenda a Colombia como país socio del organismo, teniendo en cuenta la constante violación de los derechos humanos.
En la misiva, dirigida a Jens Stoltenberg, secretario general de la organización, Córdoba recuerda que el rol de la OTAN está relacionado con la seguridad internacional basada en la paz y en la estabilidad, lo que implica también el respeto hacia la preservación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Ante ello, pide tramitar en las instancias de la OTAN la suspensión inmediata de Colombia como país socio, “al violar los derechos humanos y no contar con una línea de mando responsable con capacidad real para impedir el plan de matanzas que se está consumando en amplias zonas del país”. Lo anterior, implicaría que Colombia deje de recibir cooperación militar.
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“Nadie que tenga la capacidad de hacer algo para salvar la vida de estas personas puede quedarse callado. La alianza militar más poderosa del mundo debe tener cláusulas sobre el respeto y la salvaguarda de los derechos humanos y sobre cómo evaluar en dónde han sido invertidos sus recursos de formación y la capacitación”, asegura Piedad Córdoba.
Para la exsenadora, es deber del organismo de no apoyar ni prestar colaboración alguna a fuerzas armadas comprometidas por acción o por omisión en graves crímenes. Por ello, pide también comprobar la situación de violación sistemática de derechos humanos, especialmente contra pueblos negros e indígenas, así como campesinos. De acuerdo con Córdoba, la OTAN “no puede mirar para otro lado”, mientras que con su anuencia, asistencia o indiferencia se puede estar desarrollando una estrategia de genocidio por razones étnicas, sociales, políticas y económicas.
“¿Cómo puede Colombia, como país socio de la OTAN, contribuir a la seguridad internacional cuando en su propio territorio las fuerzas armadas se muestran, cuando no autoras directas, cómplices, encubridoras o facilitadoras, al menos como incompetentes, carentes de la profesionalidad y la ética más básicas?, ¿puede prestigiarse un presidente y sus fuerzas militares que han actuado con omisión y no detienen a los autores de matanzas constitutivas de genocidio y etnocidio?”, cuestiona la exsenadora.
Córdoba advierte que hasta agosto pasado se contaban 51 masacres con cerca de 240 víctimas, sumado a los crímenes de líderes sociales y activistas. Incluso, cita a El Espectador frente a lo ocurrido el pasado lunes, cuando en 24 horas fallecieron 12 personas en medio de tres masacres.
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Alerta también que han aumentado los crímenes de excombatientes de la otrora guerrilla de las Farc y que, desde la firma del Acuerdo en 2016, van 1.000 las personas civiles asesinadas por razones políticas. A ello se suman los homicidios de 230 mujeres en el país y casos como el abuso de una menor de edad indígena a manos de soldados del Ejército.
Adicionalmente, da cuenta de la actuación de la Policía Nacional, salpicada en casos de corrupción y permisión, “verificándose connivencia con carteles de narcotraficantes, la inoperancia en controles fronterizos, así como de otras fuerzas especializadas que no cumplen labores de interdicción aérea y marítima”.
Para Piedad Córdoba, lo que sucede es una “espantosa realidad” y atribuye la responsabilidad a quien está al mando de las fuerzas armadas, es decir, el presidente Duque, quien tiene la obligación de dar instrucciones para el combate a los grupos paramilitares o de depurar responsabilidades de oficiales que muestren algún grado de colusión con esas bandas.
“Como usted puede comprobar, la situación es alarmante. A pesar de ello, el gobierno del presidente Iván Duque insiste en señalar de forma desobligante que estos hechos trágicos que laceran el tejido social no son masacres, afirmación que no sólo resulta contraria a la definición convencional asumida en organismos como la ONU o en agencias especializadas, sino que claramente apunta a presentarlas como hechos ajenos, que no atañen a la responsabilidad del Estado ni por acción ni por omisión”, reclama la exsenadora.
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Insistiendo en que con su actuación se pueden impedir próximas masacres, asesinatos, etnocidios y feminicidios, Piedad Córdoba concluye la carta cuestionando si la OTAN puede activar algún mecanismo de censura o prevención: “¿Volverá a certificar las capacidades profesionales de las fuerzas armadas colombianas, mientras decenas de padres y madres lloran por el asesinato de sus hijos a manos de organizaciones paramilitares que se movilizan y actúan en posible complicidad con esas fuerzas del orden?”.