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El Acuerdo de Paz intensificó la competencia política en regiones del país donde la democracia estaba prácticamente apagada. Sin embargo, en algunas de esas regiones también han aumentado las disputas entre organizaciones criminales. A nuestro juicio, la conjunción entre estos dos fenómenos explica el incremento de la violencia política que amenaza la vida de quienes ejercen algún tipo de poder organizativo -comunitario o político- en esas zonas.
Entendemos la violencia política como un conjunto de acciones contra personas involucradas en actividades relacionadas con el ejercicio del poder, como decir la representación colectiva de intereses. Esta definición incluye la violencia electoral consistente en agresiones o amenazas contra individuos o colectividades que buscan ejercer el poder político a través de los procesos electorales, lo cual incluye a aspirantes a cargos públicos, a funcionarios de sus campañas y a militantes de partidos políticos.
¿Qué dicen las cifras?
Las elecciones locales de 2015 presentaron niveles de violencia más bajos que las anteriores, pero ese resultado favorable se revirtió en 2019. Entre el 1° de enero y el 12 de septiembre del año en curso se ha registrado un número de eventos de violencia política que iguala a los registrados en el mismo período de 2015 y supera los de 2011.
Las 265 acciones registradas en 2019 se acercan al total registrado en el mismo período de 2015 (269 acciones), pero aumentan un 22 % con respecto a las acciones perpetradas en el mismo período de 2011 (218 acciones). Pese a que en 2011 hubo menos eventos violentos que en 2015, en 2011 hubo muchas más muertes: en 2019 se han registrado 92 muertes, 6 % más que las registradas para el mismo período de 2015 (87 muertes) y 42 % menos comparado con el mismo período de 2011 (159 muertes).
De las 3.031 acciones de violencia política registradas entre 2010 y 2019, el 47 % (es decir, 1.433) fueron amenazas, lo que quiere decir que esta ha sido una forma de violencia predominante durante los últimos nueve años. Por otro lado, en el período preelectoral de 2015, el número de muertes de 2011 fue sustituido por un mayor número de amenazas. La gráfica demuestra que este patrón se mantiene en 2019, pues en lo que va del año al menos 314 personas han sido amenazadas, cifra que cuadruplica el número registrado en el mismo período de 2011.
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Finalmente, en 2019, 36 personas han resultado heridas en ataques de violencia política, lo cual representa un aumento del 50 % frente a las cifras de 2015 (24 heridos) y una duplicación de la cifra registrada en 2011 (18 heridos). La violencia política está altamente focalizada: en 2019 las acciones se concentraron en el 15 % de los municipios del país (151 de 1.022 municipios), en 2015 afectaron al 13 % (129 de 1.022) y en 2011 al 11 % (109 de 1.022).
Podemos afirmar que existe una relación entre la violencia política y las disputas de grupos armados, pues siete zonas más afectadas por esa forma de violencia presentan trifulcas entre grupos armados que pretenden controlar la explotación de rentas criminales: región del Catatumbo, región del Bajo Cauca antioqueño, departamento de Arauca, Chocó, principalmente en municipios que limitan con el Urabá antioqueño, sur del Valle del río Cauca, norte andino del departamento del Cauca y región Pacífica nariñense.
Dos hipótesis
En el 77 % de los casos de violencia política registrados en 2019 se desconoce al posible responsable, lo cual indica que este fenómeno se caracteriza, entre otras cosas, por la ausencia de información sobre los casos y sus responsables. No obstante, nos aventuraremos a proponer dos hipótesis.
Como no existe evidencia de una concentración marcada en contra de algún sector político o partido, nuestra primera hipótesis supone que este tipo de violencia está más asociada con el crimen organizado que con disputas partidistas o proselitismo político, como sucedió en el pasado de Colombia. En ese caso, los líderes políticos y comunitarios constituirían un obstáculo para el crimen organizado que busca controlar prácticas ilegales como la minería criminal, el procesamiento y tráfico de drogas ilícitas, así como la explotación de maderas finas.
La segunda hipótesis apunta a que la violencia política está siendo utilizada en menor medida por sectores ilegales -no relacionadas con el crimen organizado- con el fin de controlar entidades públicas y “direccionar” presupuestos locales, lo cual explicaría la persistencia de este tipo de violencia en ciudades y en departamentos con alta capacidad tributaria.
¿Cómo enfrentar este fenómeno?
En comparación con los altos niveles de homicidios, Colombia presenta niveles relativamente bajos de violencia política, lo que significa que es posible confrontar este problema de una manera efectiva. Por un lado, la sociedad civil puede proteger a los activistas políticos dejando de estigmatizar el proceso de paz, pues en realidad la disputa sobre los Acuerdos ha sido prolongada por personas que buscan obtener votos acudiendo a una versión maniquea de la construcción de paz. Estos votos resultan sumamente caros para el país en tanto justifican las acciones de numerosos grupos criminales.
Por otro lado, las medidas de protección no deben ser responsabilidad exclusiva de la Unidad Nacional de Protección, pues la Fuerza Pública y los mal llamados operadores judiciales también son agentes responsables de protección. Asimismo, las medidas de protección ejercidas por jueces, fiscales y policías deben tener en cuenta la presencia de grupos armados, pero también deben identificar prácticas ilegales menos visibles que amenacen la transparencia del proceso electoral a nivel local.
En definitiva, en los municipios afectados por este tipo de violencia se está jugando una guerra parecida a la que el país vivió en los años 80 contra los grandes “carteles” del tráfico de drogas. Estas microdisputas, originadas por grupos criminales y por la corrupción local, ocurren cuando la democracia se opone al crimen organizado.
* Investigadores del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac).
Esta publicación es posible gracias a una alianza entre El Espectador y Razón Pública. Lea el artículo original aquí.