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En contravía de sus propias directrices sobre el manejo y uso de redes sociales, la Presidencia de la República hizo eco ayer, día en que se conoció la orden de detención domiciliaria contra el senador Álvaro Uribe, de dos tuits en los que funcionarios del gobierno de Iván Duque expresaban abierto respaldo al exmandatario.
En contexto: Álvaro Uribe, con detención domiciliaria
Desde la cuenta oficial de la Casa de Nariño (@infopresidencia), se replicaron los mensajes tanto de Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), como del actual ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.
Por un lado, Molano –usando las etiquetas “dolor de patria” y “defensa en libertad”– alegó que mientras el guerrillero Jesús Santrich está libre y delinquiendo, Uribe “está privado de su libertad”. Por el otro lado, Mesa expresó solidaridad con el senador y se declaró testigo “de su honorabilidad y probidad tanto en su actuar público como privado”.
🇨🇴 #DolordePatria mientras Santrich está en libertad y delinquiendo, @AlvaroUribeVel, quien ha servido toda su vida a Colombia, está privado de su libertad.#DefensaEnLibertad
— Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) August 4, 2020
Toda mi solidaridad con @AlvaroUribeVel, quien siempre será un referente de entrega y amor incondicional por esta patria. Colombia es un mejor país gracias a su liderazgo y trabajo incansable.
— Diego Mesa, CFA ⛏⚡️🇨🇴 (@DiegoMesaP) August 4, 2020
He sido testigo de su honorabilidad y probidad tanto en su actuar público como privado https://t.co/713DMQm6LX pic.twitter.com/m8JlYdFlXS
Al margen de una posible intromisión en las decisiones judiciales, el hecho de replicar mensajes desde una cuenta oficial fue objeto de rechazo por parte de la propia Presidencia. En una circular de marzo de 2019, la entidad señalaba que los servidores públicos no deben hacer uso de los diferentes medios sociales para hacer proselitismo político, y otros comportamientos que “no son apropiados, ni permitidos, de conformidad con las prohibiciones legales existentes”.
Se explicaba también que en ningún caso el contenido publicado podría ser utilizado por los administradores para beneficios personales o de terceros, y tampoco permitía que las publicaciones reflejaran las opiniones o sentimientos personales del administrador en cuestión.
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“Las redes sociales de las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional deben ser utilizadas para la difusión de mensajes relacionados netamente con asuntos gubernamentales y avances de sus temáticas particulares de carácter institucional”, reza la circular.
Entre otras, se recordaba que siempre que se utilice alguna de las redes sociales se “debe ser consciente de que esa actuación puede ser interpretada como oficial, representando a la entidad”. Incluso, se recomendaba evitar “enfrascarse en conversaciones improductivas”.
“Esto solo genera imagen negativa hacia el usuario. Una vez dada las respuestas pertinentes a preguntas y comentarios, se debe poner punto final a la conversación si esta no lleva a algo constructivo”, aseguraba la Presidencia.