Guillermo Botero Gil no se había posesionado como ministro de Defensa del gobierno de Iván Duque Márquez cuando, el pasado mes de julio, puso la mira en la protesta social. Desde el estrado, en la Cumbre Concordia Américas, dejó caer la primera pieza de lo que parece será uno de los pilares de su gestión: “Respetamos la protesta social, pero también creemos que debe ser una protesta ordenada que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo”. Enseguida expresó que sería un gran avance si el gobierno entrante lograba promover una ley estatutaria para regular ese derecho constitucional, consagrado en el artículo 37 de la Carta Política.
Por supuesto, lo dicho por Botero generó airadas reacciones desde diferentes orillas políticas, sobre todo opositoras y organizaciones sociales y sindicales que consideraron inaudito que quien sería el ministro de Defensa comenzara atacando uno de los escenarios más naturales y legítimos de los sectores minoritarios. Sin embargo, en ese momento lo que manifestó también se justificó con su condición de presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) que, tal como su antecesor, Luis Carlos Villegas, se disponía a dejar el sector privado para asumir las riendas de la defensa del país.
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Ahora, tan solo un mes después de su posesión, Botero volvió a atacar la protesta social, esta vez con una declaración que para muchos, como el excandidato presidencial Humberto de la Calle, se podría convertir en una “sentencia de muerte” para muchas personas. “Los dineros ilícitos corrompen y financian la protesta social. Cada vez que ustedes ven que cerraron la Panamericana, detrás de eso siempre están mafias de verdad, mafias supranacionales de diferentes países que lavan el dinero con habilidad y vuelve al país por diferentes vías”, dijo el mindefensa, en su intervención ante el congreso de Confecámara, en Cartagena.
Como era de esperarse, la polvareda se levantó y la lluvia de críticas desde la oposición arreció sobre él. Sus palabras fueron calificadas como “incendiarias” por la representante Ángela María Robledo, de Colombia Humana. La congresista María José Pizarro, de la Lista de la Decencia, advirtió que lo dicho por Botero, sin pruebas, podría acarrear investigaciones en su contra. “El derecho a la protesta es un derecho humano y el ministro tiene la obligación de velar porque la protesta social se pueda dar pacíficamente y con todas las garantías para las personas que vienen liderando procesos sociales y comunitarios en los territorios en el marco del Estado Social de Derecho”, dijo la representante.
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Para Pizarro, una afirmación como la dicha por el mindefensa legitima las amenazas en contra de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes acuden a la manifestación pública para exigir al Gobierno el cumplimiento de los compromisos. Una idea que también fue secundada por el senador del Polo Democrático Jorge Robledo y el exjefe negociador del Gobierno en los diálogos, Humberto de la Calle, quien a través de su cuenta en Twitter advirtió: “Cuidado con las palabras. Las condenas en la cúspide se convierten en tragedia en la base. Ya un ministro se cayó cuando, contra la evidencia, dijo que el candidato (Bernardo) Jaramillo era agente de las Farc y fue asesinado”, escribió.
Los reparos también se oyeron desde el Partido Liberal, que, aunque se declaró independiente frente al Gobierno Nacional, acompañó en la segunda vuelta la candidatura de Iván Duque. “Le pedimos al ministro de Defensa menos palabras y más acciones, menos discursos y más acciones. Generalizar y decir que la protesta social en Colombia es financiada por grupos armados ilegales es una irresponsabilidad. Le pedimos prudencia, resultados y acciones concretas sobre el crimen organizado”, expresó el senador Mauricio Gómez, vocero de los rojos. Por su parte, la Defensoría del Pueblo también advirtió que vincular la protesta social al accionar de grupos armados ilegales “arriesga a los protestantes y viola el principio de distinción del derecho internacional humanitario”.
Sin embargo, a la defensa de Botero salió el presidente Iván Duque Márquez, al señalar que la protesta es un derecho que se debe hacer con apego a la ley y de manera pacífica. En ese sentido, explicó el primer mandatario, el Gobierno Nacional promueve el diálogo social con las comunidades y líderes, con la intención de crear confianza y evitar que la protesta sea la primera opción para exigir cumplimientos por parte del Estado. “A mí me complace mucho que el diálogo social se construya como una herramienta para que en Colombia encontremos soluciones y no agresiones”, anotó.
El tema promete discusión, sobre todo porque la lectura que se podría hacer es que el ministro de Defensa empieza a labrar el camino para promover posteriormente su idea de que la protesta social en el país se regule, tenga mayores limitaciones y se haga de manera “ordenada”. Esa discusión, además, será llevada al Congreso de la República, luego de que el senador Iván Cepeda —quien consideró que la afirmación “genérica e irresponsable” de Botero se convertía en una incitación a la violencia estatal y no estatal— anunciara que, junto a los senadores Antonio Sanguino y Feliciano Valencia, citará a debate de control político al mindefensa.