A principios de la cuarentena, cuando aceptamos con orden (y algunos con agrado) permanecer en nuestras casas para desacelerar los contagios del COVID-19, se pronosticó que en los próximos nueve meses la tasa de natalidad en el mundo aumentaría, tal como ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) hasta 1964. Es más, las personas empezaron a emplear el término “coronaboomer” para contextualizar que la llegada de estos bebés se daría en el marco de la pandemia. Los meses pasaron y la realidad es otra, de acuerdo con varias investigaciones publicadas en el Journal of Psychosomatic Obstretics & Gynecology y Brookings Institution.
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Haya o no haya un baby boom, hablar de nuevas maternidades y paternidades tiene que ir de la mano con el hecho de que sean deseadas. Un tema que se vuelve imperioso cuando, por cuenta de la pandemia, los servicios de salud reproductiva y sexual se han paralizado y han representado una barrera más para quienes buscan acceder a un método anticonceptivo para evitar un embarazo no planeado.
Esa es la situación de Angélica Carvajal, que desde hace cinco años buscó las posibilidades de esterilizarse de manera definitiva al analizar sus posibilidades como madre joven y soltera (20 años). Cuando tuvo su primera hija y manifestó su deseo, encontró peros envueltos en disuasiones que, en últimas, terminaron convenciéndola de solicitar un método anticonceptivo temporal intrauterino. En ese entonces no sabía de la Ley 1412 de 2010, que declara la gratuidad de la vasectomía y ligadura de trompas, ni de cómo iniciar el proceso de solicitud. Pasó el tiempo, se casó y el dispositivo que le ordenó su EPS nunca llegó.
Quedó embarazada por segunda vez, y previendo las barreras con las que se encontraría, desde las primeras citas con su psicólogo le expresó que quería tener a su bebé por cesárea, para que le ligaran las trompas de una vez. Fue una decisión consensuada con su pareja, pero también pasó por una serie de filtros, de papeleos y burocracia hasta que dio a luz. Su plan, después de la dieta, era insistir en la esterilización. Mientras tanto pidió un método de anticoncepción que, por la pandemia, no consiguió y, sin planearlo, quedó de nuevo en embarazo.
De la ley a la práctica están los vacíos representados en los obstáculos que vivió Angélica y que experimentan muchas mujeres y, al recoger sus testimonios, el representante liberal Alejandro Vega encontró material suficiente para elaborar un proyecto de ley que modifique la Ley 1412 y dicte disposiciones para que “las IPS públicas y privadas autorizadas para realizar la vasectomía y ligadura de trompas eliminen toda la barrera que tenga por objeto o resultado anular el derecho establecido” y para hacer más campañas de información sobre este método.
La iniciativa, que aterrizó a la Comisión Séptima de la Cámara y está pendiente de la designación de ponentes, está construida bajo una mirada que acepta que históricamente se ha perpetuado el estereotipo de que la mujer es en cuanto a sus posibilidades de ser madre y que es en ella donde recaen todas las responsabilidades con relación al embarazo y, también, la planificación. Construcción que ha alejado al hombre de su rol de corresponsabilidad y lo ha desentendido del empoderamiento de su cuerpo y del conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos. Aquí residen las barreras, como lo explica Diana Díaz, médica de Oriéntame y magíster en salud sexual y reproductiva.
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“Las barreras no son solamente un problema del personal de salud, sino de cómo nos hemos socializado en clave de ser latinoamericano, católico, subdesarrollado, machista y misógino. El estar atravesados por estas realidades lleva a que nuestra medicina sea paternalista”, dice Díaz. “Las entrevistas en las que les preguntan la edad, si tienen pareja, si tienen hijos y, si es así, cuántos tiene, los comentarios de que son muy jóvenes o que aún no son madres afectan la autonomía y autodeterminación de las mujeres”, ilustra el representante Vega sobre lo que viven las mujeres. Ese mero hecho de consultar y tener que sustentar la decisión, complementa la experta, da muestra de esa idea de que las mujeres siempre necesitan un permiso para decidir sobre sus cuerpos.
Sin embargo, comenta Díaz, la justificación del proyecto no se ve reflejada en el articulado que, a su juicio, no hace un mayor cambio a la Ley 1412. “¿Cómo se va a ejecutar la propuesta cuando, por ejemplo, en los municipios no hay especialistas en urología, para la vasectomía, ni en ginecología y anestesiología, para la ligadura, que es un procedimiento quirúrgico? ¿Cómo garantizar la hospitalización y los cuidados posoperatorios a las mujeres si los centros médicos no son de mediana complejidad? ¿Cómo cubrir los gastos de quienes tienen que moverse hasta el lugar que les ordena su EPS?”. Y las preguntas también van enfocados a cómo el Gobierno hará promoción, como lo determina la iniciativa, de este método anticoncepción si por la tercerización de la salud eso les corresponde a las mismas EPS.
“Lo que hicimos fue abrir la discusión en el Congreso y la idea es que este problema se ponga en la agenda nacional y podamos debatir y nutrirlo, también, con audiencias públicas. Queremos legislar para que las instituciones prestadoras del procedimiento se limiten a atender el deseo y el consentimiento escrito del o la paciente, que se demuestre su aptitud de salud para el procedimiento. Cualquier otra condición que se imponga será catalogada como barrera”, asevera Vega.
Esa discusión, que comenzará en el Congreso con la formulación de la ponencia para primer debate, no es menor, porque la esencia de la iniciativa, al promover maternidades y paternidades deseadas, también busca darle frente a un problema que viven en soledad las mujeres que quieren ejercer autonomía sobre sus cuerpos. “Los informes de literatura médica mundial indican que los métodos anticonceptivos, definitivos o temporales, disminuyen los embarazos no deseados, reduciendo las necesidades de interrupción de la concepción”, dice Juan Carlos Vargas, asesor científico de Profamilia.
Un comienzo para hacerle frente a esta situación tan compleja es el enfoque en derechos sexuales y reproductivos que deberían impartir todas las facultades del talento humano en salud, como recomienda la especialista de Oriéntame. “Hay desconocimiento por parte de los proveedores que no conocen del requisito, y si estos profesionales están más informados y educados con relación a estos, tenemos unos servicios que fluirán con mayor facilidad”, opina Vargas. Eso sí, queda la enorme tarea de atacar la estructura cultural y social patriarcal que les da connotaciones de mujer a las que solamente han parido y eso necesita más de (y que) un proyecto de ley. “La voz de las mujeres son las que se deben sentir, porque somos nosotras las que asumimos las responsabilidades del embarazo y la crianza. No los médicos, no la sociedad. Nosotras”, reflexiona Angélica Carvajal.