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En momentos en que el país político-jurídico debate en torno a la decisión que, en pocos días, tendrá que tomar el presidente Iván Duque sobre el futuro de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), comienza a cobrar vida una alianza conformada por un nutrido equipo que participó en la construcción de los textos de La Habana y que, a partir de hoy, saldrá a la arena pública a defender los casi cinco años de diálogos con la ahora desarmada guerrilla de las Farc. Desde las 8:00 de la mañana, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, se concretará un histórico reencuentro entre los equipos negociadores de paz del gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces organización rebelde con un único fin: defender la paz.
Lo primero que aclaran quienes confirmaron su asistencia es que se trata de una especie de “autoconvocatoria espontánea”, como le dijo a este diario Humberto de la Calle, exjefe de la delegación de paz de Santos en Cuba. Es decir, no habrá banderas ni colores políticos, pues el único objetivo es el de salir en defensa de las conquistas logradas en el Acuerdo de Paz, firmado en 2016. “No se puede generar incertidumbre ni inestabilidad por parte del gobierno de Iván Duque y, por eso, es importante esta primera reunión para escucharnos, para analizar lo que está pasando y revisar qué acciones podemos tomar”, explicó, por su parte, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo.
(Lea: El lío por la sanción de la estatutaria de la JEP)
Pero además de los negociadores del gobierno Santos —dentro de los que se cuentan a Frank Pearl, al general (r) Óscar Naranjo y a la excanciller María Ángela Holguín— y a los protagonistas del equipo del hoy partido FARC con asiento en el Congreso, también fueron invitados legisladores de las comisiones de paz, víctimas del conflicto armado, periodistas, académicos, artistas e intelectuales, líderes de organizaciones sociales, activistas constructores de paz, estudiantes y jóvenes. Una reunión que coincide perfectamente con la incertidumbre sobre la llamada columna vertebral del Acuerdo, especialmente luego de que el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, confirmara que el presidente Duque sí está pensando en objetar algunos apartes de la estatuaria de la JEP.
“Estamos viviendo una coyuntura muy peligrosa en momentos en que el expresidente Uribe y el fiscal general, mediante sofismas, están haciendo un llamamiento para tumbar la JEP. Y lo han hecho con mentiras y falsas interpretaciones”, señaló Pablo Catatumbo, uno de los jefes del partido FARC. En tal sentido, no son pocas las voces que alertan sobre las consecuencias que en el plano nacional e internacional recaerían sobre Duque si decide devolver al Congreso la norma sobre la justicia transicional. “De manera unánime, el Consejo de Seguridad de la ONU insistió en varias sesiones en la necesidad de respetar la autonomía de la JEP y esas no son palabras al viento. La Corte Penal Internacional está observando cómo se implementa la JEP y si el presidente Duque la desconoce, podría llegar a ser responsable de faltas muy graves”, advirtió el senador Iván Cepeda, quien fungió como facilitador en las conversaciones de paz.
(Lea: “Objetar la JEP es dejarla todopoderosa y sin ninguna limitación”: Santos)
De hecho, las principales personalidades que se sumarán al reencuentro de hoy coinciden en que ya no se puede creer en la palabra del presidente Duque. Afirmaron que una vez asumió el cargo, “exhibió una actitud moderada” que llegó a contrastar con la de su propio partido, el Centro Democrático, principal opositor del Acuerdo de Paz, al punto de prometer que no haría “trizas” lo pactado en Cuba. “Sin embargo, en los últimos meses ha resultado evidente que el jefe de Estado ha venido cambiando su posición para alinearse con dichos sectores”, dicen. De hecho, la preocupación es mayor porque consideran que Uribe, mentor del primer mandatario, ejerce una importante influencia sobre sus decisiones y, en tal sentido, temen que haga caso a lo que dijo en Twitter: “Bueno que objeten la JEP. Mejor eliminarla”.
Pero ese no será el único objetivo del surgimiento de este movimiento en defensa de la paz. Hay otros dos aspectos que, según dicen, se están convirtiendo en verdaderas bolas de nieve para el actual Gobierno: el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y la crítica implementación del Acuerdo de Paz en los territorios. Por ejemplo, cuestionan que la Comisión Nacional de Garantías apenas ha sido convocada una sola vez, a pesar de que existe evidencia de que los homicidios van en aumento. “Además, la verificación de Naciones Unidas y de varias organizaciones de defensores de derechos humanos fue desconocida, dando lugar a un Plan de Acción Oportuna (PAO), en el que participará un exoficial del Ejército que salió de las filas por hechos delicados”, agregan.
Se refieren al general Leonardo Alfonso Barrera Gordillo, quien había sido nombrado como director del PAO, pero ante la polémica el Gobierno reculó y decidió otorgarle un rol de enlace entre dicho Plan y la Fuerza Pública. Sobre la implementación territorial, advierten que está en peligro dadas las modificaciones que le pretende hacer la Alta Consejería Presidencial para la Estabilización, pues, afirman, quieren privilegiar a los exguerrilleros de base desmovilizados, poniendo en segundo plano a sus excomandantes.
Del evento de hoy está enterado el expresidente Juan Manuel Santos, aunque prefirió abstenerse de participar. Sin embargo, amigos cercanos suyos contaron que sí se ha mostrado muy preocupado por el futuro de su principal legado, el Acuerdo de Paz y, sobre todo, porque a pesar de los años, la polarización política se mantiene, como lo ha demostrado la discusión alrededor de la JEP. Esa es la principal razón por la cual prefiere mantener su promesa de “no molestar a su sucesor”, para no generar mayores enfrentamientos en una sociedad que apenas se está comenzando a acostumbrar que hay una guerrilla menos en Colombia. “Él cree que todos tenemos que doblar ya la página”, contó uno de sus amigos.