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La organización no gubernamental Amnistía Internacional le pidió al presidente electo Iván Duque garantizar los derechos de los más de ocho millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia, así como asumir una agenda de pleno respeto a los derechos humanos, incluyendo a los líderes sociales y las personas que los defiende, además de las comunidades que históricamente han sido excluidas en el país.
“La violencia continúa siendo una realidad para miles de personas y comunidades. Nos preocupa que actores armados, como los nuevos grupos paramilitares, continúen cometiendo crímenes de derecho internacional, como el desplazamiento forzado colectivo, violencia sexual contra mujeres y niñas y asesinatos selectivos de personas defensoras de los derechos humanos. Esto tiene que cambiar, y esperamos este sea el compromiso de la nueva administración bajo el presidente electo Iván Duque”, señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Para Guevara Rosas, el gobierno entrante tiene el reto de asegurar que la historia de conflicto armado y violencia en Colombia no se perpetúe, “asegurando una respuesta integral para comunidades históricamente excluidas que requieren medidas más allá de las intervenciones militares en sus territorios. Bajo el mando del presidente electo Iván Duque, el Estado colombiano debe fortalecer su compromiso con la garantía de los derechos humanos en todos los rincones del territorio nacional y sin condicionamientos”
Según Amnistía Internacional, en departamentos como Nariño, Cauca y Chocó, el conflicto armado continúa siendo una realidad cotidiana para miles de personas. Además, en otras zonas del país, las personas defensoras de los derechos humanos y sus comunidades se ven expuestas a graves violaciones de derechos humanos, particularmente por su defensa a derechos relativos a la tierra, territorio y los recursos naturales.
La organización hizo un llamado a las autoridades del país para desmantelar de inmediato las estructuras paramilitares que aún perduran, a pesar de la desmovilización que se dio en 2005, e impulsar las investigaciones penales por la presunta complicidad de agentes estatales con éstas. Asimismo, denunció que la reorganización de otros grupos guerrilleros, en disputa territorial, continúa generando situaciones de violencia, en las que las comunidades siguen enfrentando condiciones de conflicto armado.
“Los derechos de las víctimas del conflicto armado a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición deben ser el eje principal de sus políticas de gobierno para eliminar las causas estructurales de la violencia. La impunidad frente a crímenes de derecho internacional y graves violaciones de los derechos humanos debe cesar de una vez y para siempre”, concluyó Guevara Rosas en su mensaje al nuevo gobierno que asumirá a partir del próximo 7 de agosto.
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