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En carta a la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, y al presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, el expresidente Ernesto Samper anunció la disposición de renunciar a su fuero como exmandatario para atender los requerimientos que desde dichas instancias le hagan con el fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos de guerra ocurridos durante su gobierno.
“No me escudaré en el fuero que nos han extendido a los expresidentes en los acuerdos de paz para excusar mi participación y responsabilidad en la búsqueda de la verdad de las víctimas, que es la razón de ser de la justicia con verdad, que ustedes presiden y la que necesita este país para recuperar la paz de su conciencia”, señala la misiva, en la que además le lanza lo que bien puede considerarse como un reto a quienes han ostentado el poder en el país: “Invito a mis colegas expresidentes a que hagan lo propio: sería un acto de transparencia histórica que agradecerán las nuevas generaciones de Colombia”, les dice.
En la carta, Samper cuestiona las decisiones de la Corte Constitucional y del Congreso frente a la JEP, que apuntan a excluir a los terceros civiles y aforados de la justicia transicional, la cual, señala, se diseñó para permitir que países que hubieran incurrido en periodos de graves violaciones de derechos humanos, como ocurrió en el caso del conflicto colombiano, pudieran hacer una transición pacífica hacia una nueva época a partir de la visibilización y reparación del dolor de víctimas afectadas.
“Esto explica por qué el tema de la verdad con el de la justicia restaurativa sean los pilares de la jurisdicción recién creada. Excluir de la obligación los civiles que, en su condición de ciudadanos o funcionarios, apoyaron de manera activa cualquiera de las partes en conflicto, de contribuir con su verdad a la reparación de las víctimas y asumir sus propias responsabilidades, es una decisión inmoral y vergonzosa que tendrá profundas repercusiones internacionales al cobijar con una garantía de impunidad a estos colombianos que contribuyeron de manera activa durante la guerra”, advierte el expresidente liberal.
Y concluye: “Aceptar que los únicos llamados a responder ante las ocho millones de víctimas ocasionadas por el conflicto de 50 años sean los actores militares involucrados, es desconocer los orígenes del enfrentamiento armado, sus profundas causas sociales e impedir que, al enterrar una parte importante de la verdad de lo ocurrido, la sociedad colombiana pueda reconciliarse de manera definitivamente”.