Poco progreso en restitución de derechos territoriales colectivos y grandes avances en despojo y persecución a reclamantes de tierras. A cinco años de la firma de los decretos ley que definieron las medidas especiales para comunidades indígenas y afrodescendientes de cara a la implementación de la Ley de Víctimas, el balance es más que agridulce.
Y así lo dejan ver las conclusiones del seguimiento hecho por 16 centros de estudio, organizaciones y observatorios que se dieron a la tarea de revisar qué tanto se ha avanzado en el terreno de la implementación de la ley y su impacto en las comunidades étnicas. Las cifras son el punto de partida.
A la fecha existen 61 territorios en proceso de restitución, de los cuales 37 pertenecen a comunidades indígenas y 24 a afrodescendientes. Del total, 32 casos siguen en fase administrativa, 24 están radicados en demandas antes los jueces especializados y solo en cuatro casos se han producido sentencias. Los pobres resultados reflejan, en buena medida, la existencia de una serie de obstáculos que han impedido que los procesos avancen en favor de las comunidades.
“Hay fallas estructurales claras que no permiten avanzar, como por ejemplo la no formalización de los territorios étnicos, pues en un mismo territorio existen segundos y terceros ocupantes de buena fe exenta de culpa y ocupantes de mala fe”, explica Yamile Salinas Abdala, asesora de Indepaz. Y los casos son varios. “El resguardo indígena La Fuga, ubicado en Guaviare, lleva 55 años sin que el Estado haya sido capaz de garantizar la formalización de sus derechos territoriales”, agrega Salinas.
A eso se suman otras problemáticas más complejas, como el despojo y su legalización que, según el balance, continúa siendo común y a cuentagotas, generalizado comúnmente a través de megaproyectos que hacen parte de los modelos de desarrollo. Una práctica que en muchas ocasiones deja ver la falta de integración entre las políticas económicas y las de derechos humanos.
Así sucede por ejemplo en el caso del consejo comunitario Eladio Ariza, del municipio de San Jacinto, Bolívar –cuyo proceso de restitución colectiva se encuentra en etapa administrativa–, en donde existe una tensión entre el desarrollo, el interés general y la restitución de tierras. De acuerdo con el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, organización acompañante del proceso, hay 1.041 hectáreas dentro y alrededor del territorio ancestral sembradas de palma y en manos de terceros y 44 títulos de propiedad privada dentro de las 600 hectáreas para titulación colectiva.
Y la falta de coordinación es solo uno de los varios obstáculos. Otro factor que ha impedido el avance del proceso de restitución ha sido la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el control de los territorios étnicos para actividades de narcotráfico y minería ilegal. El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), por ejemplo, ha documentado este fenómeno en el caso del Consejo Comunitario de la Larga Tumaradó (Bajo Atrato), en donde persisten el conflicto armado y las dinámicas de control social y territorial por parte de grupos armados ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. De hecho, estudios del Cinep señalan que existen por lo menos nueve ocupantes de mala fe que están usufructuando territorios y que varios de ellos incluso figuran en procesos judiciales por desplazamiento forzado.
Capítulo especial merece el caso del resguardo Tahami del Alto Andágueda, que a pesar de haber sido beneficiado en 2014 con una sentencia histórica del Tribunal Superior de Antioquia en materia de restitución de derechos territoriales, no ha visto avances significativos en el proceso. “Dos años, dos meses y trece días después del fallo, podemos decir que sólo se ha avanzado parcialmente en tres de las 33 órdenes expedidas en la sentencia. No hay cumplimiento”, revela Otoniel Querágama, secretario general de la asociación Orewa y autoridad indígena del resguardo. Incluso, el mismo Tribunal ha realizado dos audiencias de seguimiento al caso, en las que ha podido constatar el nivel de incumplimiento de las órdenes y medidas establecidas.
A la lista de problemas detectados en los procesos de restitución hay que agregar la lentitud en los trámites, la falta de recursos, la ausencia de garantías de no repetición, la impunidad en los casos de despojo y desplazamiento forzado y la falta de garantías de seguridad para los líderes y reclamantes de tierras. “La protección y las medidas para quienes participan en los procesos de restitución son insuficientes y las cifras de reclamantes asesinados y amenazados son alarmantes. Por eso recomendamos reactivar la Mesa Nacional de Garantías e implementar el Sistema Integral de Seguridad que quedó pactado en el acuerdo final de paz de La Habana”, insiste Juan Pablo Guerrero, investigador del Cinep, quien además sostuvo que es necesario estudiar la posibilidad de ampliar el plazo de 10 años que tiene de vigencia la Ley de Víctimas para garantizar que se respeten los derechos de todas las víctimas.