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La orden de suspensión del proceso de extradición que la semana pasada emitió la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en el caso de ‘Jesús Santrich’, sigue despertando polémica en el más alto nivel del Estado. No son pocas las autoridades de control y los distintos sectores políticos y judiciales que han salido a cuestionar dicha determinación por cuenta de las facultades, aún en vilo, que tiene ese mecanismo de justicia transicional.
Para no ir más lejos, el procurador general, Fernando Carrillo, dijo este mismo lunes desde Cartagena que rechaza tal determinación por considerar que la JEP aún no tiene legitimidad para tomar ese tipo de decisiones.
No es aceptable suspender el trámite de un proceso de extradición cuando esa figura no existe en el ordenamiento interno. @PGN_COL interpondrá los recursos necesarios para que se subsane lo que creemos un error jurídico #ForoJusticiaPGN pic.twitter.com/rERBtd0GfH
— Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) May 21, 2018
Contexto: Caso "Santrich" motivó el primer choque de trenes entre la JEP y la justicia ordinaria
A su vez, recordó que las justicias transicional y ordinaria deben articularse y trabajar de la mano para operar óptimamente en el marco del fin del conflicto armado en Colombia. “La justicia transicional es, por esencia, diferente de la justicia ordinaria. Son dos formas complementarias de justicia que deben trabajar de forma armónica, cada una dentro de sus propios ámbitos de competencia”.
Por ejemplo, el primer mandatario aseveró que una forma en la que obrarán unidas será a través del intercambio de información. “La Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales ordinarias van a contar con la información que remita la JEP sobre las personas sometidas a su jurisdicción, y la JEP contará a su vez con la información sobre los procesos e investigaciones adelantados por la Fiscalía sobre delitos cometidos con ocasión del conflicto”.
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Para Santos, “cuando los delitos son producto de un conflicto armado, los límites de la justicia retributiva se ven superados por un desafío más complejo: alcanzar y consolidar la paz en la sociedad. Por eso, para superar un pasado de violencia no basta con castigar a los responsables de los delitos. Es fundamental que las víctimas y toda la sociedad conozcan la verdad de lo que pasó, no solo para hacer su duelo, sino para evitar que esos hechos se repitan”.
Sin embargo, aseguró que la complejidad de entender el funcionamiento de una justicia transicional es tanta que le ha abierto las puertas a “los enemigos del proceso para atacarlo sin piedad con una de las tantísimas falacias y mentiras que se han dicho sobre el acuerdo de paz”.
Finalmente, el jefe de Estado reiteró que “la justicia es un elemento fundamental para consolidar la paz. Nuestro objetivo ha sido avanzar con prontitud y por eso hemos dotado a la JEP de todas las herramientas que necesita para cumplir con su labor”.
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