Senado elimina la casa por cárcel para los corruptos

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Este lunes, en medio del sonar de las cacerolas de los manifestantes que se reunieron en la Plaza de Bolívar para protestar en contra de la reforma tributaria, la plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto que elimina el beneficio de casa por cárcel y se determinan otras disposiciones para la lucha contra la corrupción.

La aprobación se da después de una estrategia dilatoria de desarmar el quórum para no discutir el proyecto y obligar a la mesa directiva a levantar la sesión y convocar a la plenaria este lunes.

El proyecto, además de la eliminación del beneficio de casa por cárcel para quienes cometan delitos contra la administración pública, dicta que las empresas que incurran en actos de corrupción quedan inhabilitadas para contratar con el Estado y tampoco podrán reclamar indemnización como ocurrió en el caso de Odebrecht.

La eliminación del beneficio de casa por cárcel se da en situaciones en que haya “acuerdos restrictivos de la competencia, tráfico de influencias de servidor público, enriquecimiento ilícito; prevaricato por acción; falso testimonio, soborno, soborno en la actuación penal; amenazas a testigo; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio” en delitos contra el Estado.

A la par de este proyecto, sigue en marcha el de la Fiscalía, que incluye también la eliminación de la casa por cárcel, que fue aprobado en primer debate por las comisiones primeras conjuntas la semana pasada.

Más contexto: Hundimiento del proyecto que eliminaba la casa por cárcel a los corruptos: ¿quién tuvo la culpa?

Este proyecto, que recogió uno de los puntos de la Consulta Anticorrupción (casa por cárcel), se hundió en medio de su conciliación, en el pasado mes de junio, en medio de una confusión en la que hoy en día nadie ha asumido la culpa.

La iniciativa recoge, también, elevar las penas de algunos delitos de corrupción, inhabilidad para contratar con el Estado, manejo de la información reservada, entre otros.  

Con esto, el proyecto recién aprobado, pasará a conciliación esta semana de sesiones extras para luego ser sancionado por el presidente Iván Duque. El senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, advierte de un mico que se debe de corregir antes de que la iniciativa haga tránsito a Presidencia. 

"Por la puerta de atrás eliminaron la posibilidad de aplicar la caducidad por actos de corrupción en la ejecución del contrato. Ejemplo, vulnerar los pactos anticorrupción. Inmenso regalo para los megacontratistas", escribió en su cuenta de Twitter. Es decir, de haber sanciones por corrupción al contratista, no se aplicará la renuncia del contrato y se cederá dicho acuerdo sin posibilidad de que el sancionado reclame indemnización.