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La plenaria de Senado suspendió del cargo al magistrado Jorge Ignacio Pretelt por el delito de concusión al haber pedido $500 millones a la liquidada compañía Fidupetrol en el trámite de una tutela ante la Corte Constitucional.
Luego de dos días de discusión, donde también se permitió intervenir al mismo Pretelt, se votó la suficiente ilustración pedida por la senadora Claudia López Hernández y se procedió a decidir en el caso. La votación final fue de 55 a favor y 5 en contra.
La histórica decisión implica que es la primera ocasión en que se levanta el fuero a un alto dignatario para que sea llevado ante una instancia judicial porque en tantos años de vida republicana solo han sido acusados formalmente dos funcionarios: el general y expresidente de la República Gustavo Rojas Pinilla en 1959, aunque después fue absuelto; y el expresidente Ernesto Samper, cuyo caso no llegó al Senado. Por eso, el caso del magistrado Jorge Pretelt es el primero en llegar a esta instancia.
En la Sala Plena que se celebrará el próximo 31 de agosto se definirá el remplazo provisional del suspendido magistrado. Fuentes cercanas han manifestado que se podria nombrar a uno de los magistrados auxiliares y la secretaria privada de la Corte, Martha Sachica quien ya reemplazó en su cargo al magistrado Alberto Rojas Ríos, cuya elección fue suspendida por el Consejo de Estado.
El caso Fidupetrol
La génesis de este caso está en una denuncia interpuesta por el exmagistrado de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo. El 4 de febrero de 2015, el mismo día de la elección de Jorge Pretelt como presidente de la Corte Constitucional, el también magistrado Luis Ernesto Vargas enteró a González de la petición de coimas por parte de Pretelt. En su despacho, Vargas le contó a González que lo había buscado el abogado Víctor Pacheco para contarle que Pretelt le había pedido $500 millones para fallar una tutela que debía resolver la Corte.
El pleito comprometía a la firma Fidupetrol, condenada patrimonialmente por la Corte Suprema de Justicia a pagar $22.500 millones. Días después, el mismo magistrado viajó a Cartagena para entrevistarse con el abogado Pacheco, entonces defensor de los intereses de Fidupetrol. Ese mismo día, Pacheco le confirmó su versión y se mostró dispuesto a entregarla a las autoridades. La intención con los $500 millones, según el abogado, era que se acercara a González –a quien le había correspondido la tutela– para que ese fallo resultara favorable a los intereses de Fidupetrol. El magistrado Mauricio González presentó denuncia ante la Comisión de Acusación y se formó el escándalo.
Horas antes de que se decidiera en su caso, el magistrado Pretelt se defendió ante la plenaria advirtiendo que “no hay una sola prueba de que haya recibido o pedido dinero” para favorecer la selección de una tutela.
A propósito de Víctor Pacheco, abogado de Fidupetrol, condenado por este caso, dijo que jamás estuvo en su vivienda el 18 de octubre de 2013 como se habló inicialmente. Por eso, insistió en que las pruebas en tiempo, modo y lugar están desvirtuadas.
Insistió además que la acusación en su contra está elaborada con “indicios falsos, absurdos y sin relación con los hechos”. Argumentó igualmente que el proceso en su contra está soportado en la persecución que en su contra inició el exfiscal Eduardo Montealegre.
Lo cierto es ahora Pretelt quedó tanto en manos de la Corte Suprema para el juicio penal por concusión, como también en manos del Senado para el juicio político por indignidad por el delito que cometió en ejercicio de sus funciones como magistrado de la Corte Constitucional.
De la sesión plenaria se retiró el Centro Democrático, partido dirigido por el senador Álvaro Uribe, muy cercano a Pretelt, en medio de reclamos por la falta de garantías y presuntas violaciones al debido proceso. Al respecto, la senadora Paloma Valencia radicó una constancia a nombre del uribismo dejando claro el malestar del partido por el procedimiento adelantando, eso sí, aclarando que no son defensores del magistrado Pretelt.