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Por medio de una carta dirigida al presidente Iván Duque, los senadores Roy Barreras, de la U, Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, e Iván Cepeda, del Polo Democrático, expresaron su preocupación por unas mencionadas “operaciones de descrédito” en su contra y de otros ciudadanos declarados de forma encubierta como “objetivos políticos”, realizadas por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
“Dichas operaciones comprenderían labores de inteligencia que no cuentan con autorización ni órdenes judiciales y que por lo tanto son ilegales, con el propósito, nos advierten, de urdir investigaciones penales sobre bases falsas, o en otras palabras, crear falsos positivos judiciales”, se lee en la misiva.
Justamente, en ella, los congresistas señalan una serie de pruebas que sustentan esta hipótesis. Hablan, por ejemplo, de que tuvieron conocimiento de una supuesta reunión realizada el pasado 30 de marzo, en una residencia del barrio El Salitre de Bogotá. “En ellas, funcionarios de la DNI comentaron las directrices, según ellos, emanadas del propio director de inteligencia, el almirante Rodolfo Amaya Kerquelen, en el sentido de adelantar seguimientos y acciones contra los suscritos ‘objetivos políticos’”, consideraron los firmantes de la misma, quienes ya denunciaron dichos hechos ante la Fiscalía General de la Nación, ente al que le enviaron copia de este comunicado.
Así mismo, aseveraron que este tipo de presuntas persecuciones son usuales de regímenes despóticos en los que se “acalla a la oposición”, acciones que no pasan, en cambio, en mandatos democráticos. En ese sentido, dijeron que compartían esta información por la “preocupación por ciertos hechos que conexos podrían significar una estrategia de persecución sistemática a las voces opositoras, críticas del Gobierno o al líder del partido de Gobierno. Nos referimos también al hostigamiento a los líderes sociales y a las amenazas a los militares que ofrecen verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”, dice la carta.
Aunque las acusaciones aún estarían en una etapa preliminar y por ello los hechos deben ser verificados y comprobados, los denunciantes expresaron que, de resultar ciertos, serían de “extrema gravedad”, dado que no solo constituye una violación de los derechos individuales, sino también una agresión al libre ejercicio de la política.
De esa manera los senadores recordaron que su labor política se ha enfocado, en los últimos años, a la defensa e implementación del Acuerdo de Paz, como también en la insistencia de utilizar la vía del diálogo como la única salida posible para terminar cualquier tipo de conflicto armado interno. “Intentar silenciar nuestras voces utilizando viejos métodos de interceptaciones ilegales y montajes judiciales sería un leve atentado contra la democracia, el Estado Social de Derecho, los derechos de la oposición, y contra los esfuerzos por la paz y reconciliación del país”, aseguraron.
Sobre este panorama, Iván Cepeda reiteró que este escenario podría ser el regreso a épocas oscuras del mundo investigativo judicial del país. “Es ni más ni menos que el retorno de la época de las chuzadas, que los opositores políticos fuimos blancos de toda clase de persecuciones. Al parecer, estamos regresando a esas oscuras épocas y por eso le hemos dirigido una carta al señor presidente pidiéndole garantías y también al fiscal general de la Nación y a la presidente de la Dirección Interamericana de Derechos Humanos”, dijo.
Este mismo sábado, a través de un breve comunicado, la Dirección Nacional de Inteligencia rechazó la denuncia de posibles seguimientos realizada por los congresistas. “Todas las actuaciones de esta Dirección se desarrollan con transparencia, trazabilidad, respeto por la dignidad humana y los derechos humanos como lo norma la ley 1621 de abril de 2013”, declaró la institución, que se ofreció a “colaborar para certificar la rigurosidad de su actuar”.
Esta es la carta completa: