Con unos cuantos minutos de retraso, y bajo la mirada de los países que han participado de cerca en los procesos de paz recientes en el país, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dio inicio a la sesión ayer, en Nueva York (EE. UU.), con Colombia como protagonista. Se trataba de la entrega trimestral que hace el secretario general de la ONU, António Guterres, a los países miembros del Consejo de Seguridad, en la que da cuenta de los avances de la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc. Sin embargo, el interés del Gobierno colombiano y, de paso, de no pocos sectores políticos en el país era escuchar las alusiones de los 15 representantes con asiento en el máximo organismo de la ONU sobre la decisión del presidente Iván Duque de desconocer los protocolos pactados por el gobierno de Santos en caso de una ruptura de diálogos con el Eln.
El escenario para Colombia, representado por el canciller Carlos Holmes Trujillo, no podía ser más incierto. Horas antes, los países que fungieron como garantes y acompañantes en el proceso de paz con el Eln habían expresado opiniones encontradas frente a tal decisión, pues, mientras Noruega y Cuba insistieron en que son respetuosos de los compromisos adquiridos, Chile y Ecuador anunciaron su respaldo al presidente Duque “en su firme determinación de llevar a la justicia a los responsables de este brutal acto terrorista”. Por eso, minutos antes de que el Consejo de Seguridad abriera sesión formalmente, el primer mandatario hizo llegar desde Davos (Suiza) un nuevo mensaje: “Espero que la comunidad internacional nos siga rodeando en un solo propósito: el terrorismo es una amenaza global y necesita que la justicia se aplique con todo el peso de ella”.
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Pero el Consejo de Seguridad no dijo nada. Sus cinco miembros permanentes (China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos) y los 10 no permanentes se limitaron a seguir las formas diplomáticas propias de una decisión unilateral, como la adoptada por Colombia, pero, eso sí, reiteraron su rechazo al atentado perpetrado contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, en Bogotá. Lo que quedó en el aire, más bien, fue un llamado unánime a no desistir de la vía dialogada para la terminación del conflicto. “El atentado indica la importancia del fin del conflicto con las Farc y de sacar adelante la labor de aplicar el Acuerdo de Paz”, dijo la representante del Reino Unido, Karen Pierce.El delegado de Estados Unidos ante la ONU, Jonathan R. Cohen, calificó a Colombia como “un ejemplo de inspiración para la paz” y fue enfático en pedir “justicia y rendición de cuentas para los responsables de estos crímenes”.
Pero ¿cómo entender el mensaje que dio la ONU al no pronunciarse sobre el cumplimiento o no de los protocolos? Para el internacionalista Javier Garay Vargas, adoptar posturas sobre este tipo de determinaciones en un escenario global como el Consejo de Seguridad supondría un antecedente indeseable. “Lo que se acuerda en el ámbito internacional tiene obligaciones para los Estados y no para los gobiernos. Si hubiesen apoyado la decisión del presidente Duque, podría derivar en problemas delicados como demandas internacionales o conflictos fronterizos. Uno de los elementos más importantes de las negociaciones es la creación de confianza, que pasa por una estabilidad, sin importar los cambios de gobierno”, apuntó Garay.
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En ese sentido, es comprensible la manifestación que en plena sesión hizo ayer ante la ONU la embajadora de Cuba, Anayansi Rodríguez Camejo, en representación de un gobierno que se prestó como anfitrión para los diálogos tanto del Eln como de la hoy desarmada guerrilla de las Farc: “Cuba jamás ha permitido ni permitirá que su territorio sea usado para la organización de actos terroristas”. Así, trató de responder a las críticas surgidas desde algunos sectores en el sentido de que no entregar a los miembros de la guerrilla que permanecen en la isla a las autoridades colombianas convertiría a Cuba en un Estado que alberga el terrorismo. “A Cuba no le queda de otra que seguir respaldando el cumplimiento de los protocolos”, agregó el académico Garay, quien aclaró, al mismo tiempo, que no hay forma de obligar a un gobernante a que cumpla con los compromisos previamente adquiridos, en este caso, por Colombia.
Entre tanto, Duque reiteró en su participación en el marco del Foro Económico Mundial que la divergencia de lecturas alrededor del desconocimiento de los protocolos no puede entenderse como una discrepancia de posiciones, pues lo que él busca, afirmó, es que la comunidad internacional comprenda que el atentado que dejó como saldo 21 víctimas mortales y cerca de 70 heridos es un crimen internacional. Expertos en política exterior consideran, no obstante, que en esta decisión el primer mandatario está solo. Por eso auguran que el paso que viene luego de las posturas adoptadas por países tradicionalmente respetuosos del derecho internacional y la diplomacia, como Noruega, es que “calladamente, el Gobierno colombiano busque cómo implementar los protocolos en coordinación con los países garantes si no quiere perder su reputación ni su credibilidad a nivel internacional”, dijo la académica Arlene Tickner, experta en el campo de las relaciones internacionales.
Otros estudiosos de la diplomacia afirmaron a este diario que el desconocimiento del Gobierno en materia internacional quedó en evidencia cuando intentó usar un comunicado de prensa firmado por el Consejo de Seguridad de la ONU como prueba de apoyo a la decisión del jefe de Estado. Retractarse de su decisión o cumplir los protocolos de manera silenciosa son los únicos escenarios posibles en este momento y, paradójicamente, ambos representan una encrucijada para el presidente Iván Duque. En últimas, el único llamado al que le apostó el máximo organismo de Naciones Unidas quedó resumido en las palabras pronunciadas por el representante de Sudáfrica, Jerry Matthews Matjila: “La paz es costosa, es compleja. Es difícil hacer la paz, pero es necesario. Hace falta paciencia”.