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Este martes, una de las banderas del Gobierno vuelve al Congreso para ser discutida en sesión conjunta de comisiones primeras. Se trata del proyecto anticorrupción presentado por la Fiscalía para endurecer las penas contra quienes estén siendo procesados por desangrar las arcas del Estado.
Sin embargo, antes de que inicie el debate en el Capitolio, ya hay discusión entre sus propios defensores por cuenta de un “mico” que supuestamente le quitaría todo el sentido para combatir la corrupción y beneficiaría procesos como los involucrados en el denominado “Cartel de la Toga”.
Juan Carlos Wills, representante conservador y ponente de la iniciativa, fue quien lo denunció. Según explicó, el artículo 22 de la propuesta pretende modificar el artículo 415 del código penal que da un aumento de la tercera parte de la pena cuando se comete prevaricato en actuaciones judiciales o administrativas en delitos graves como narcotráfico, terrorismo y concierto para delinquir.
Sin embargo, según dijo, dicho artículo presentado en el proyecto omite el uso de la palabra “actuaciones judiciales”, haciendo que “ese incremento de la tercera parte de la pena no se pueda aplicar a jueces y magistrados que cometan prevaricato, por acción o por omisión, en los delitos mencionados”, expresó.
En los términos del representante, de aprobarse ese punto así, se beneficiarían los procesos de los magistrados investigados y juzgados por prevaricato en el “Cartel de la Toga”: “Sus conductas se habrían realizado en los procesos por concierto para delinquir que se siguen contra aforados, beneficiando de manera directa no solo en la disminución de la pena, sino también en el término de prescripción del delito”, aseguró.
Reiteró entonces que en el proyecto se está “consagrando un claro beneficio a la corrupción en la rama judicial, en un proyecto de ley que se supone está pensado para combatirla”.
Contrario a Wills opinó Majer Abushihab, asesor del fiscal general de la Nación, y uno de los promotores de la propuesta. “El artículo que el representante menciona se quitó la expresión “actuaciones judiciales”, pero únicamente para hacer un ajuste sistémico del proyecto. Antes con la norma, únicamente se agravaba el prevaricato en unos delitos para los trabajadores judiciales. Ahora, como está previsto el proyecto hoy, esa circunstancia de agravación no solo aplica para el prevaricato sino para muchos otros delitos de la actuación pública”, manifestó el asesor de la Fiscalía, en entrevista con W Radio.
Delitos de cohecho, compulsión, celebración de contratos, entre otros, son los que se incorporan al artículo 28 de ese proyecto anticorrupción y que, según dijo Abushihab, blindan la iniciativa para que, en efecto, cumpla con su función. Según el asesor, "no se dejó el delito de prevaricato sin el agravante de pena cuando lo produce un funcionario judicial. Lo pasamos a otro artículo por un asunto técnico", reiteró.
Sin embargo, ese “asunto de forma” no convence a Wills. “El delito de prevaricato está casi que creado para la actuación judicial. Si se la quitamos, se vuelve un saludo a la bandera”, dijo.
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El desacuerdo entre dos de los promotores de la iniciativa podría congelar la discusión de la propuesta de la Fiscalía que se lleva a cabo por las comisiones primeras de Senado y Cámara, este martes. El representante conservador afirmó que pedirá aplazamiento del debate para crear una comisión que concilie ese punto. “Uno no se explica cómo quitan que el delito aplique para las actuaciones judiciales, cuando fue casi que creado para eso”, concluyó.
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