Después de un día del anuncio que hizo “Iván Márquez” del rearme de un grupo pequeño de excomandantes de la guerrilla de las Farc, las embajadas de Noruega y Cuba, países garantes del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las Farc en noviembre de 2016, se manifestaron sobre este hecho en un escueto comunicado en el que reiteraron su compromiso con la paz de Colombia.
“Los países garantes respaldan a todos aquellos que defienden el proceso de paz (...) y expresan su profunda preocupación por el reinicio de la lucha armada por parte de algunos miembros de las Farc-EP”, se lee en el documento.
El llamado de Cuba y Noruega es al apego de lo suscrito en La Habana y su implementación, como, según escriben, el único “camino para preservar la paz”.
En ese sentido, resaltan la labor de la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP), dándole su respaldo tras las reiterativas declaraciones del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe que insisitió en la eliminación del tribunal de justicia transicional, tras el anuncio de “Márquez”, “Jesús Santrich”, “Romaña” y “El Paisa”, a quienes ya le iniciaron proceso de expulsión en la JEP. Se espera que la Fiscalía envíe cuanto antes la investigación contra ellos, por ser delitos posteriores a la firma del acuerdo, para que la JEP continúe el curso de su salida de este tribunal de paz.
“En este contexto, revisten de particular relevancia la protección de la JEP, que fue diseñada y acordada con el objetivo prioritario de garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición; así como los temas vinculados con la reforma agraria; la sustitución de cultivos ilícitos; la seguridad y la plena reintegración y reincorporación de los excombatientes de las Farc a la vida civil, en interés de consolidar el proceso de paz”, precisa el comunicado de Cuba y Noruega.
El expresidente Uribe fue uno de los primeros en expresar su opinión luego de conocido el video en el que aparece “Márquez” leyendo el manifiesto de la “nueva guerrilla” a la que bautizaron igual al grupo insurgente de más de 50 años de historia.
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“Hay que capturar a esos bandidos dónde estén. Hay que hacer unas reformas de la protección a los militares y para que los delincuentes de delitos atroces, que quieran cumplir con esos privilegios que les dio Santos, por lo menos antes de estar en el Congreso paguen una pena (...) Impunidad total no genera paz. El gobierno Santos dio unos privilegios enormes a las Farc. El presidente Duque no tuvo posibilidad de extraditar a Santrich porque lo protegió el gobierno Santos en la Constitución (…) Hay que bajar esos Acuerdos de la Constitución”, aludiendo a la eliminación de la JEP.
Pese a las palabras de Uribe, que aumentan el ambiente de polarización y estigmatización contra los cerca de 10.500 excombatientes que le siguen apostando a la paz, el Gobierno, en voz del presidente Iván Duque y del comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, reiteró su compromiso con la implementación y con todos aquellos que están cumpliendo con los textos de La Habana. “Nuestro mensaje es claro: quienes han optado por el camino de la legalidad bajo los principios de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, seguirán contando con el compromiso del Estado”, dijo el primer mandatario en alocución especial el pasado jueves, día del anuncio del rearme.
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Además de Noruega y Cuba, las misiones especiales de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) también pidieron al Gobierno continuar con el avance de lo pactado, rechazando la guerra como camino para “dirimir diferencias sociales, políticas y de todo tipo”, escribió el equipo especial para la paz de la OEA.
El nuevo grupo de desertores del proceso de paz se refirió a los países acompañantes del proceso en una carta publicada ayer, sumados a la Unión Europea, Venezuela, Chile y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en la que señaló: “Los saludamos reiterando nuestro reconocimiento a su labor por tratar de llevar a buen puerto un proceso de paz en el cual creyeron y cifraron sus expectativas entregando su tiempo, sus capacidades y optimismo con desprendimiento. Esperamos que en el futuro podamos encontrarnos nuevamente bajo circunstancias en las que la contraparte actúe sin la perfidia con que lo hizo en este sentido intento de reconciliación que volvió trizas, sin importarle el valor de la palabra y los compromisos que con la misma comunidad internacional entrañaban los Acuerdos que suscribió con la insurgencia”.
Igualmente, el Gobierno no abrió la puerta a una negociación con los exlíderes guerrilleros que se rearmaron y, por el contrario, ofreció $3.000 millones por cada uno de ellos.
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