El senador Iván Cepeda y el exconstituyente Álvaro Leyva radicaron este martes una nueva acción de tutela contra el presidente de la República, Iván Duque, por no depositar ante las Naciones Unidas y los países garantes los acuerdos a los que llegaron las partes en desarrollo de las conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), así como por su renuencia a implementar los aspectos humanitarios de dichos avances.
“En nuestra calidad de defensores de la paz y los derechos humanos, y como facilitadores que fuimos del proceso de negociaciones entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del Eln, somos titulares del derecho subjetivo a la paz, por lo que nos asiste un interés directo y particular para solicitar su amparo” dicen en el documento, en el que advierten además que las posturas del primer mandatario ponen en riesgo el derecho a la paz, como garantía efectiva a sus derechos civiles y políticos.
Ya en mayo, el Tribunal de Cundinamarca había resuelto a favor un derecho de petición hecha por Cepeda y Leyva en la que le pedían al presidente Duque proteger no solo la agenda de seis puntos que delimita los temas de discusión en los diálogos con el Eln, sino también dos preacuerdos para desescalar el conflicto, que las partes alcanzaron en junio de 2017.
El primero de ellos tiene que ver con el “Acuerdo humanitario ya para el Chocó” en el que se venía trabajando junto con las comunidades más afectadas del departamento. El otro es un plan de desminado que las partes habían decidido implementar en Nariño. Para Leyva y Cepeda el tema es crucial porque “es imperativo que se respete lo acordado por el Estado colombiano, para que ante posibles conversaciones que pudieran darse en un próximo futuro, al reanudarse estas, sea teniendo en cuenta lo ya pactado”.
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Sin embargo, a través de la Secretaria Jurídica de la Presidencia, Clara María González, el jefe de Estado respondió señalando, entre otras razones, que a su juicio no eran procedentes las solicitudes por cuanto, “las decisiones que corresponda adoptar, incluidas las solicitudes formuladas por ustedes, son del resorte del presidente de la República, quien las tomará de forma libre y autónoma, según los criterios políticos que correspondan, actuando dentro del marco de la Constitución Política y la ley. Tales diálogos, a su vez, son actos de naturaleza política que adelanta el presidente de la República en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales y los mismos no tienen la virtualidad de generar acuerdos con fuerza normativa ni vinculante alguna”.
Es decir, el Gobierno negó la solicitud de los exfacilitadores, aduciendo que se trata de acuerdos parciales que obedecen a una política de gobierno y no de Estado y, por lo tanto, no procedía su ejecución. Por eso, en su momento Cepeda y Leyva anunciaron que insistirían nuevamente para que el presidente Duque garantizara “el derecho a la paz contenido en el artículo 22 de la Constitución, y conduzca sus acciones al restablecimiento de la confianza del conjunto de la sociedad”, que es lo que buscan con la tutela.
“Confianza que podrá alcanzarse, entre otras medidas, respetando los acuerdos pactados por el Estado en la mesa de negociaciones con el Eln, en los que la misma sociedad ha participado, con el propósito de alcanzar la paz y superar el conflicto armado en Colombia (…) los acuerdos logrados tienen implicaciones internacionales, por cuanto sus efectos traspasaron las fronteras de los estados y tienen efectos no solo para Colombia, sino también para la región y, en general, para el mundo”, dicen en su justificación, recordando que en febrero pasado, tras la ruptura de las negociaciones entre el Gobierno y el Eln, ya le habían solicitado a las partes depositar ante Naciones Unidas los documentos de los avances y acuerdos alcanzados, como un paso fundamental hacia la paz completa.