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Mañana, 17 de julio, se tiene previsto que la Corte Constitucional retome el debate sobre el uso del glifosato para erradicar los cultivos de uso ilícito. La decisión que tome el alto tribunal impactará, de paso, en el futuro de los campesinos que habitan las más de 208.000 hectáreas en las que crece la mata de coca en el país, dato que arrojó en junio pasado el gobierno de Estados Unidos. Como se sabe, la discusión es motivo de tensión, no solo porque los ojos de EE. UU., en cabeza del presidente Donald Trump, han estado clavados en esa cifra, sino por los coletazos que puede generar la aspersión aérea del herbicida en las zonas cocaleras.
El debate tiene justamente en el centro las voces de los gobernadores y de la población de los 17 departamentos con más cultivos de ese tipo. Y, pese a que durante sus once meses de mandato, el presidente Iván Duque ha repetido la necesidad de usar el químico en la lucha contra el narcotráfico —y lo ha mostrado como su as bajo la manga para no perder la certificación estadounidense, que determina el dinero que le brinda a Colombia ese país para erradicar la coca—, son varios los gobernantes locales en desacuerdo con su propuesta.
Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito —emitido en septiembre de 2018—, los departamentos con mayores cultivos de coca son Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Cauca, Antioquia y Bolívar. De ellos, solo Luis Pérez y Dumek Turbay, mandatarios de Antioquia y Bolívar, respectivamente, manifestaron que, con ciertas regulaciones y restricciones, sí permitirían el uso del glifosato en su región.
En una entrevista que dio en septiembre de 2018 a este diario, Pérez reconoció que el problema más grave del país es la siembra de coca y la producción de droga. Dijo, además, que aunque su administración ha puesto en marcha todas las herramientas del Gobierno, entre ellas la erradicación manual, ha sido una estrategia “ineficiente”. Por ello, propuso el uso del herbicida de una forma “moderna”. “Proponemos una aspersión de bajo nivel, lo que llaman de precisión, a través de drones. Esta fumigación se hace sobre el territorio donde se encuentra el cultivo y no perjudica para nada las plantaciones agrícolas de los vecinos”, aseguró Pérez.
Por su parte, el gobernador Turbay expresó que, aunque seguirán con la sustitución voluntaria, él está dispuesto a emplear el glifosato. “Indudablemente, donde hay comunidad dispuesta a cambiar su método de supervivencia y sustento de su economía, debe continuarse con el proceso de inducción a nuevas prácticas agropecuarias, en aras de brindarle otro modelo productivo. Sin embargo, en aquellos lugares que, por lo agreste de su topografía y la presencia de grupos ilegales, la erradicación manual y voluntaria se torna casi que imposible, no queda otro camino distinto al del uso de medidas extremas para garantizar un resultado inmediato que evite la resiembra”, respondió la administración bolivarense.
Contrario a la posición de Pérez y Turbay, la comunidad que representan rechaza dicha iniciativa. En Bolívar, la administración expresó que sus pobladores “muestran resistencia a la propuesta del presidente Duque”. Por su lado, en Antioquia, Yesid Zapata, defensor de Derechos Humanos de la Fundación Sumapaz, argumentó que la aspersión pondría en riesgo los intentos de los antioqueños por dejar la siembra ilícita. “Lo único que va a lograr el uso del glifosato es que los campesinos pierdan los cultivos de yuca, maíz, hortalizas, fríjol y caña de azúcar. Además, el programa para la sustitución voluntaria el Gobierno solo ha cumplido con el subsidio de $1 millón que da cada dos meses a las familias adscritas al programa, pero no está priorizando el éxito de los proyectos productivos”, dijo Zapata.
En contraste, los demás gobernadores que administran los departamentos con más coca les dieron la razón a las comunidades. Camilo Romero, de Nariño; Sorrel Aroca, del Putumayo; William Villamizar, de Norte de Santander, y Óscar Rodrigo Campo, del Cauca, no ven el uso del glifosato como la gran solución para acabar, de una vez por todas, con los cultivos de coca en Colombia.
“Nosotros no estamos de acuerdo con la fumigación con glifosato. Y menos teniendo en cuenta la falta de inversión de más de cincuenta años por parte nuestra y los gobiernos nacionales. Los campesinos no tienen vías en buen estado para sacar sus productos, entonces no son competitivos. Además, las diversas organizaciones sociales, como la Asociación Campesina del Catatumbo, el Comité de Integración Social y el Movimiento para la Constituyente Popular, han expresado que, si se asperja, procederán a hacer un paro”, explicó Villamizar. De igual forma se expresó el gobernador Campo: “La aspersión aérea ya se hizo alguna vez durante la implementación del Plan Colombia, pero realmente la efectividad fue casi nula. Hay que tener en cuenta la línea de pobreza en nuestros territorios, condición que da pie a la resiembra. Si no trabajamos en el drama social de los caucanos, es difícil creer que la solución es el glifosato”, comentó.
En ese sentido, las medidas comentadas por los gobernadores apuntaron, en su mayoría, a la necesidad de fortalecer las vías terciarias de sus regiones e impulsar la comercialización de los productos alternos que están cosechando. “La solución es la inversión en infraestructura, que permita la comercialización de productos, y el cumplimiento de los compromisos con las familias que se acogieron a la sustitución de cultivos. En el caso del Putumayo, son alrededor de 20.000 familias”, manifestó Aroca, como una visión generalizada de los administradores locales.
Más allá de eso, los gobernadores continúan pidiendo al Gobierno Nacional un acompañamiento completo para hacer efectiva la sustitución voluntaria. “La comunidad campesina sabe que el negocio y las utilidades se quedan en las bandas narcotraficantes. Lo que les queda es mínimo y va asociado a temas de amenazas, muerte y violencia. Quieren salir de la coca y pasar a proyectos productivos, pero hace falta el apoyo del Estado para generarles una alternativa”, concluyó, por su lado, el gobernador de Norte de Santander.