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Fue una de las promesas de campaña del presidente Iván Duque: confiscar cualquier dosis de estupefacientes que circule en las calles del país. Una postura que, se sabe, riñe con la sentencia C-221 de 1994 de la Corte Constitucional, que argumentó que la penalización de la dosis personal violaba, entre otros, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues la autonomía personal tiene primacía sobre el interés del Estado en preservar el derecho a la salud, y esa autonomía incluye el derecho a tomar decisiones sobre la propia vida y el deber del Estado a respetarlas.
Aun así, el primer mandatario cumplió lo prometido y este lunes firmó el decreto reglamentario por medio del cual se faculta a la Policía para confiscar cualquier cantidad de droga que un ciudadano porte o esté consumiendo en el espacio público.
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“El microtráfico y consumo de drogas en las puertas de los colegios, en las universidades y en los parques, ha aumentado exponencialmente en los últimos años y no podemos ser indiferentes a esto. Como Gobierno, tenemos la responsabilidad y el compromiso de proteger y defender a nuestros niños, jóvenes y sus familias”, dijo Duque.
Según el Gobierno, se trata de una norma de naturaleza administrativa, que no penaliza la dosis mínima (aunque impone multas de acuerdo con el Código de Policía) y es totalmente respetuosa de las libertades protegidas por las altas cortes colombianas y la jurisprudencia, por eso, a quienes les sea confiscada una cantidad igual, o menor a la dosis permitida, y que demuestren debidamente su condición de adictos, les será devuelta.
“Lo que se está haciendo es atender una de las mayores preocupaciones de los colombianos, dotando a los policías para que puedan combatir el microtráfico y a los jíbaros en las calles, evitando que se camuflen en la autorización de la dosis mínima para inducir a niños y jóvenes al consumo”, enfatizó Duque.
El decreto, aclaró, tiene un enfoque de prevención y es una medida más de la estrategia de lucha antidrogas de su gobierno, que, cree, redundará en la disminución del consumo de drogas y sustancias prohibidas.
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Sin duda, un decreto con claro tinte político, más que jurídico y con varias aristas. Para los alcaldes de las principales ciudades del país, el incremento en el microtráfico se ha convertido en un problema mayúsculo y la dosis mínima dificulta su labor, pues las redes de distribución la utilizan como pretexto para evadir el control de las autoridades.
En el lado opuesto están quienes sostienen que la medida es inconstitucional y ponen en tela de juicio que la prohibición sea el camino adecuado en la lucha contra los grandes grupos del narcotráfico.
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Un análisis de la Fundación Ideas para la Paz señala que el aumento de las posibilidades de arresto o incautaciones, e incluso la imposición de penas más fuertes, no se relaciona con el aumento en el precio de las sustancias. O sea que estas medidas tienen poco efecto sobre el consumo de drogas.
También se ha demostrado que el endurecimiento de las penas contra el narcotráfico no reduce el tamaño del mercado y que —por el contrario— puede tener efectos indeseados, como la criminalización de los usuarios, la saturación de la Policía, el incremento de la población carcelaria y, en algunos casos, más violencia.
A su vez, el estudio Políticas antidrogas en Colombia: Éxitos, fracasos y extravíos concluye que el tema de la dosis personal, en la práctica, es realmente un problema de represión y control social de poblaciones pobres percibidas por los policías como peligrosas. “En los barrios de nuestras ciudades, la Policía retiene regularmente personas por porte y consumo de drogas. La detención, que es transitoria, suele recaer sobre indigentes y hombres jóvenes pobres que fuman marihuana o bazuco en parques y plazas”, señala el citado documento.
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Para el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia) y el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), se trata de un retroceso en la búsqueda de nuevos enfoques para tratar el fenómeno de la producción y el uso de drogas. “Es una medida ineficaz y costosa, no contribuye a avanzar a la solución del problema y, por el contrario, promueve la discriminación y estigmatización de las personas que las usan”, señalan en una carta enviada al Gobierno. Además —añaden los expertos— esta nueva política tiene una “falla grave”, al no “diferenciar el consumo problemático, del consumo ocasional o recreativo”.
Óscar Castelblanco, profesor constitucionalista de la Universidad Libre, se remite al ordenamiento constitucional. Para el académico, el decreto no es acorde a las exigencias de la Corte Constitucional para la prohibición del porte y la tenencia de drogas, y persigue un procedimiento policíaco sancionatorio que pretende ejercer una coerción por parte del Estado, sin que dicha medida esté encaminada a los fines exigidos por el alto tribunal que, además, tiene como exigencia ineludible el consentimiento informado del consumidor.
“En otras palabras, es antitécnico e improcedente a todas luces (…) son la dignidad humana, la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad, los llamados a prevalecer en este decisivo debate; y no pueden estar por debajo, por muy importantes que sean, de otros principios como la seguridad o la salubridad pública, tal como lo estableció el Tribunal Constitucional en la sentencia 221 de 1994, conocida como la que legalizó la dosis mínima personal”, enfatizó.
En Asocapitales, la asociación que reúne a los alcaldes de las ciudades capitales, celebraron la decisión de Duque, pues consideran que se trata de combatir uno de los eslabones de una cadena que ocupa un lugar clave en las rentas de la criminalidad organizada.
Por supuesto, el Centro Democrático cerró filas a favor: “No se equivoquen. Nunca será retrógrada una medida que defienda a nuestros niños y jóvenes del veneno de las drogas”, escribió en Twitter la senadora María del Rosario Guerra.
Toca esperar las demandas que se vienen contra el decreto, la promulgación de políticas públicas de educación que hagan conscientes a los niños del peligro de las drogas —otra promesa del presidente— y las alertas de los entes de control para evitar excesos de los policías.