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En un estudio publicado en octubre de 2020, el investigador Kaja Abbas y sus colegas afirmaban que la inmunización infantil de rutina está “en riesgo de suspensión” y “debe mantenerse en África tanto como sea posible durante la pandemia de COVID-19”.
Han pasado más de 6 meses desde que el documento se publicó por primera vez como documento de trabajo, aproximándose al período de riesgo de COVID-19 de 6 meses modelado por los autores. Ahora sabemos que los programas de inmunización en África (y más allá) se vieron gravemente interrumpidos.
De acuerdo con la revista The Lancet, los dos escenarios de los autores muestran cuán incierto es nuestro entendimiento de los efectos indirectos de la pandemia en la salud de los servicios de inmunización. Se estimó que las muertes debidas a la interrupción de la inmunización rutinaria se encontraban entre 25.584 en el escenario de bajo impacto y 701.828 en el escenario de alto impacto. Esa es una diferencia de 27 veces, impulsada exclusivamente por si se realizan actividades de recuperación.
Los países con registros electrónicos de inmunización pueden proporcionar información sobre cuántos niños que no se vacunaron durante el encierro son finalmente vacunados, como Colombia. Pero países como Liberia o República Democrática del Congo no.
Los vacunadores en algunos países utilizaron las listas de incumplidores del registro electrónico de inmunizaciones para rastrear y vacunar a los niños. Sin embargo, aunque el programa está rastreando y vacunando con éxito a algunos de los niños perdidos, los datos de Pakistán por ejemplo muestran un grupo de niños perdidos en constante expansión desde el período de cierre. La mayoría de los países africanos no cuentan con registros electrónicos de inmunización, por lo que se desconoce el número de niños que no fueron vacunados debido a la pandemia y que mueren prematuramente.
De acuerdo con la OMS, solo el 55% de los 105 países habían asignado fondos gubernamentales adicionales para garantizar servicios de salud esencial. Esta respuesta fue más común en los países de ingresos altos y medianos altos (70% en ambos grupos) que en los países de ingresos bajos y medianos bajos (41% y 42% respectivamente).
Limitar el acceso a servicios seleccionados o en áreas seleccionadas del país era más común que la suspensión total de servicios. Más de la mitad de los países tenían políticas que afectaban parcial o totalmente a los servicios ambulatorios (61%), la atención comunitaria (54%), los servicios hospitalarios (53%) y las clínicas móviles (47%). Los servicios de atención de emergencia prehospitalaria y los servicios de las unidades de emergencia se vieron afectados en una minoría de países (12% y 8% respectivamente).