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A principios de esta semana el Ministerio de Salud recibió una polémica carta de la Embajada de Estados Unidos. En tres páginas , Ellen Lenny-Pessagno, consejera de esa entidad, le trasmitía al jefe de esa cartera, Alejandro Gaviria, sus inquietudes por la medida con la que busca reducir el precio de los anticonceptivos en Colombia. No era la primera vez que una misiva de este tipo aterrizaba en los escritorios de Ministerio para intentar frenar una regulación relacionado con los laboratorios farmacéuticos. (Lea La pelea por evitar que los anticonceptivos bajen de precio)
Luego de reiterarle que “parte del éxito de nuestras compañías en Colombia y su apuesta a futuro está estrechamente relacionada con un entorno estable y predecible”, Lenny-Pessagno le resaltaba las preocupaciones de la multinacional Abbott frente a esa decisión, detallada en la Circular 07 de 2018. Este laboratorio, que comprende a las empresas Synthesis y Lafrancol, es el que comercia la mayor parte de anticonceptivos cuyos precios serán regulados. (Lea El difícil caso del medicamento más caro del mundo)
“Abbott ha estado presente en Colombia desde hace más de 100 años, tiene 16 plantas de manufactura en 4 edificaciones y es hoy una de las compañías farmacéuticas más grandes del país. La compañía tiene cerca de 4 mil empleados en Colombia, algunos de los cuales podrían verse afectados por la Circular 07”, le recordaba la Embajada a Gaviria antes de hacerle el listado el listado de sus inquietudes.
A los ojos de la entidad estadounidense no había distorsiones en el mercado que condujeran a hacer una regulación de precios. Además, insistía que “ estas medidas podrían causar un desestímulo a la inversión local y extranjera pudiendo generar desconfianza e inseguridad jurídica para los inversionistas”.
También recalcaba que la medida impulsada por Gaviria y que busca un ahorro de más de $70 mil millones, generaba un desincentivo en “la producción de algunos productos y agudiza la problemática de desabastecimiento”. Además, como se lee en el documento, aseguran induce a “una menor tasa de empleabilidad en un gran número de compañías farmacéuticas, distribuidores mayoristas, minoristas”.
Sin embargo, pese a las presiones diplomáticas, el Minsalud ha encontrado varios argumentos de fondo para llevar a cabo la regulación. Uno de ellos son las claras diferencias entre los precios de algunos anticonceptivos en Colombia, en comparación con el costo que tienen en otro países. Basta un ejemplo: mientras que una tableta de yasminq de 24 píldoras cuesta cerca de $61.000 en Colombia, en Noruega vale $21.000 y en México $30.000.
Otro buen argumento del Ministerio es que en los últimos años algo extraño ha estado sucediendo con los precios de los anticonceptivos. Yaxibelle, de Abbott, por ejemplo, pasó de $39.000 en enero de 2014 a $47.000 a principios de 2018. Además, también cree que hay alta concentración de mercado. ¿El motivo? De acuerdo con los cálculos del Observatorio del Medicamento de la Federación Médica (Observamed), el 71 % de las ventas por anticonceptivos que entrarían en la lista de la Circular 07, las generaban estos dos laboratorios (47 %, Abbott; 27 %, Bayer). En otros términos, en 2017, por sólo estos productos Abbott, junto con las otras dos compañías del grupo (Synthesis y Lafrancol) facturó $76.856 millones, y Bayer, $39.659 millones.
Aunque El Espectador intentó contactarse con Abbott para conocer en detalle los argumentos de su inconformidad, fue imposible hablar con la empresa. A través de un comunicado solo expresaron que “es muy importante recalcar que estamos de acuerdo con la intención del Gobierno de que las medicinas sean asequibles para la población para maximizar el acceso a la salud”.