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Hace unas semanas el Gobierno Nacional suscribió otro pacto sectorial de los que ha promovido Iván Duque desde que empezó su mandato. En esta ocasión lo hizo con el sector de alimentos procesados que reúne a más de 16.300 empresas y que en 2017 generó cerca de 344 mil empleos. “El sector está en condiciones de contar con encadenamientos productivos en materia de actividades agropecuarias, enlatado, embotellamientos y maquinaria específica, así como servicios financieros, de diseño, marketing y demás”, fueron las palabras con las que la Vicepresidencia lo presentó en su página web. (Lea Una hormona no autorizada para bajar de peso)
La idea, según el documento, es que “en el curso de los próximos tres años, el país duplique uno o varios de los indicadores de este sector y eleve su contribución a la prosperidad nacional”. El año pasado e representó el 8,3% de las exportaciones no minero-energéticas totales del país. (Lea Con una demanda quieren frenar la regulación de precios de medicamentos)
El pacto, sin embargo, no cayó muy bien entre un grupo de académicos que se unió para redactar una carta en la que manifiestan su desacuerdo con la estrategia del Gobierno. En ella, dicen, hay “varios aspectos que nos resultan preocupantes para la salud pública y, especialmente, la nutrición de los colombianos”. (Lea Los médicos que quieren controlar en Colombia una enfermedad olvidada por el planeta)
El primero, escriben los más de cuarenta profesores de distintas universidades nacionales e internacionales, es que, a sus ojos, el pacto contrasta “con la falta de compromisos nacionales para fomentar el mayor acceso y disponibilidad de alimentos frescos, naturales o mínimamente procesados como como frutas, verduras y leguminosas en hogares y ámbitos institucionales”.
A lo que se refieren es que, como lo han señalado en varias oportunidades las autoridades de salud, el excesivo consumo de los alimentos procesados y ultra-procesados está ligado con una epidemia que parece incontenible: la obesidad, una enfermedad que sufren 650 millones de personas en el mundo.
“Las personas con mayor consumo de productos ultra-procesados presentan mayor contenido en la dieta de nutrientes relacionados con la presencia de obesidad y enfermedades crónicas”, apuntan. “Además, también se ha observado que los niños y adolescentes son los que presentan mayor consumo de estos productos”.
La carta está firmada por varios reconocidos profesores e investigadores. Entre ellos, Andrés Vecino Ortiz, del John Hopkins School of Public Health; Luis Fernando Gutiérrez, de la Universidad Javeriana; Sandra Milena Agudelo, de la U. Javeriana; Diana C. Parra, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington; Isabel Cristina Bedoya, de la U. de la Salle; Elba María Bermúdez Quintana, del Departamento de Salud Pública y Epidemiología de la U. Javeriana de Cali; Miguel Ángel Tobo, de la U. Pedagógica; Fernando Peñaranda de la U. de Antioquia y Diego Iván Lucumí y Tatiana Andia, de la U. de los Andes.
A ellos les inquieta, principalmente un punto del documento que publicó la Vicepresidencia: “Se indica textualmente que uno de los cuellos de botella para lograr los objetivos es la ‘Presión por reglamentar normas de etiquetado frontal vía Proyecto de Ley sin fundamento técnico, que afectan a la industria de alimentos’”. Y eso, señalan, es un argumento impreciso.
¿El motivo? “El sustento técnico para esas medidas ha sido ampliamente descrito en la literatura científica (…) Un adecuado sistema de etiquetado en productos comestibles brinda a los consumidores información veraz, concisa y fácil de entender acerca de la composición y la calidad nutricional del producto”.
De hecho, afirman, el Plan de Acción Mundial para la Prevención y Control de las Enfermedades No transmisibles 2013-2020 de la Organización Mundial de la Salud, “plantea la necesidad de implementar sistemas de etiquetado frontal adecuados como una medida para prevenir y controlar la obesidad y las ENT”.
Al final de su texto, copiado también al Ministro de Salud Juan Pablo Uribe, son concretos: “Resulta muy preocupante que frente a temas que tienen claras implicaciones en salud pública, el gobierno nacional priorice la voz de un sector que claramente tiene intereses privados diferentes a la salud poblacional”.