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En los últimos días la EPS Medimás ha estado en el ojo del huracán. Esta mañana, por ejemplo, Caracol Radio entregó informes desde diversas regiones del país y el mensaje, omitiendo matices, es el mismo: el servicio que está prestando la EPS más grande de Colombia –tiene cinco millones de usuarios– es muy inferior al deseable. Quien prenda su televisor y sintonice un canal nacional sabrá, por las noticias, que las quejas son constantes. (Lea también: Defensoría y Procuraduría ponen contra las cuerdas a Medimás)
De hecho, la Procuraduría estima que a la Superintendencia de Salud ya han llegado más de 15.000 quejas, peticiones, reclamos y solicitudes sobre las deficiencias en la prestación del servicio de salud de Medimás EPS. Precisamente por eso, al final de la tarde del pasado 19 de octubre, el procurado Fernando Carrillo decidió suspender por tres meses al superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz.
Esa decisión no dejó indiferente al ministro de Salud, Alejandro Gaviria. “Más allá de la investigación disciplinaria, más allá de los señalamientos, que no resuelven el problema, nuestra responsabilidad es garantizar que la EPS Medimás continúe fortaleciendo los procesos, termine de consolidar la red de atención y fortalezca sus mecanismos de gobierno”, se escucha decir en un audio difundido a través de su cuenta de Twitter.
El jefe de cartera también le hizo un llamado a la Procuraduría para que trabaje articuladamente en aras de lograr ese objetivo. “Hay que superar la crisis de confianza actual y alinear los objetivos de todas las instituciones estatales”, agregó.
Gaviria no fue el único en tratar de calmar los ánimos contra la EPS, creada hace cuatro meses tras la venta de Cafesalud (antes Saludcoop). En la emisora Blu Radio, Jaime Arias Ramírez, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), dijo que es necesario “aportar soluciones porque de lo contrario se entrará en un pleito distinto”.
“Lo peor es que esas cosas se trasladan en cadena a las demás”, dijo en esa cadena radial al referirse a la sanción de la Procuraduría que, en su opinión, solo vuelve más confusa la situación. Olga Lucia Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, se movió por esas mismas aguas.