Priorizar a unos es protegernos a todos

El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 de Colombia, construye por eso un marco bioético sólido, pero también científico, a través de una revisión cuidadosa de la evidencia científica sobre quienes deben ir primero.

La protección de los adultos mayores no es sólo beneficiosa para ellos mismos como personas, y sus familias, sino también para la sociedad entera.

Foto: AFP

El mundo enfrenta hoy un enorme desafío común, acrecentado aún más en los países que no son de altos ingresos. Se trata de distribuir un bien escaso entre una población de millones, que lo espera con ansiedad y determinación. Las vacunas contra el COVID-19, que eran hace algunos pocos meses una posibilidad incierta, serán probablemente en unos años reconocidas, sobre todo las nuevas plataformas, como el principal desarrollo científico del siglo. Un bien, de gran valor sanitario y económico, pero también un profundo valor simbólico.

Las vacunas representan una esperanza, aún temprana para ser del todo concluyente, pero con una alta probabilidad de éxito de comenzar a derrotar el virus, o por lo menos a atenuar sus mayores profundos efectos sociales, humanos y económicos. Sacarnos de este aplazamiento de nuestros anhelos comunes que como sociedad nos ha impuesto el virus, y que, sin embargo, ha permitido la solidaridad y la innovación tecnológica en una escala y velocidad de desarrollo, sin precedentes históricos.

Ante una disponibilidad de los biológicos que comienza siendo baja, y que luego del acaparamiento hecho por los países de altos ingresos, sólo crecerá paulatinamente, existe la necesidad matemática y operativa de decidir quienes recibirán el beneficio primero. No es nada fácil. El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 de Colombia, construye por eso un marco bioético sólido, pero también científico, a través de una revisión cuidadosa de la evidencia científica sobre quienes deben ir primero que otros para responder a sus objetivos, proceso que fue fortalecido por una extensa participación de organizaciones sociales, de gobierno, científicas y ciudadanos, lo que es poco común en el mundo para este tipo de planes, y que derivará en un decreto con legitimidad política, jurídica y científica para blindar especialmente el proceso de priorización.

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Contrario a la interpretación de una parte de la población, el Plan no sitúa por orden a quienes para los que esto represente un bien individual o particular mayor, sino que sitúa el bien general como el imperativo fundamental, acorde a la Constitución y la Ley Estatutaria en Salud. De este modo, por ejemplo, la protección de los adultos mayores no es sólo beneficiosa para ellos mismos como personas, y sus familias, sino también para la sociedad entera. Es decir que la priorización para los grupos seleccionados maximiza con eficiencia los beneficios para todos los habitantes de Colombia, al reducir por ejemplo la carga sobre los sistemas de salud, y en consecuencia haciendo menos probables las medidas futuras más restrictivas que producen grandes impactos sociales en toda la sociedad.

Cimentada en la equidad como principio, los grupos priorizados no responden a juicios del valor social de ningún grupo particular sobre otro, dado que hacer esto implicaría un debate ético delicado en donde el consenso absoluto es imposible, razón por la cual el plan de vacunación de Colombia evitó como en otros países hablar de “personal esencial” y se rigió principalmente por una lectura epidemiológica basada en criterios bioéticos propios de la Salud Pública como son la solidaridad, beneficencia, progresividad, la justicia y la primacía del interés común.

La priorización de cada uno de los grupos obedece a objetivos claros definidos de forma explícita en el nuevo decreto, y a la evidencia científica sobre en qué grupos hay una mayor evidencia incluyéndolos antes más rápidamente se puede llegar a alcanzar dichos objetivos, como es el caso de aquellos con mayor mortalidad o incidencia de casos graves, como los adultos mayores y personas con morbilidades, o en una segunda fase, a aquellos grupos con una mayor incidencia o probabilidad de contagio, como quienes deben estar en batallones o cárceles. Adicionalmente, reconoce de forma explícita el papel vital, y no sólo la mayor exposición del personal de salud, para el sostenimiento de la respuesta contra la pandemia, incluyendo a su personal de apoyo logístico, sin los que el impacto de la pandemia sería peor, y es por todo eso que van también primero, aunque por razones distintas, junto con los adultos mayores.

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El plan también tiene como objetivo proteger a quienes protegen, tales como cuidadores de adultos mayores, niños y adolescentes. En el caso de los profesores, su protección permite que los niños y niñas, cuyos derechos priman como un mandato constitucional, se beneficien indirectamente de la vacunación, ya que favorece el retorno a la escuela que ha afectado a millones de niños, especialmente pobres, en escenarios donde la educación virtual es poco efectiva o incluso no llega. De esta manera no solamente se reduce el impacto del virus, sino también de las medidas más criticas como el cierre de escuelas y colegios, cuyos impactos futuros son inmensos, y que profundizaría las inequidades sociales ya existentes, aún estamos en tiempo de revertir esa tendencia, por lo que el plan tiene como prioridad también aportar al retorno de niños y niñas a recibir su educación.

Producto del proceso de participación, se abrió la discusión sobre la necesidad de hacer más explícito la inclusión de indígenas, afrocolombianos, palenqueros, raizales y todos los grupos étnicos diversos, es por eso que el nuevo decreto, y la nueva versión por salir del plan mencionará explícitamente la necesidad de adaptarse a contextos geográficos y socioculturales diversos. De este modo, adicional a su inclusión en las mismas fases y etapas que todos, en la que siempre estaban contados, se deberán hacer acciones afirmativas para garantiza su inclusión. Adicionalmente, y como un hito histórico, los sabedores ancestrales, gestores de salud propia y médicos tradicionales indígenas serán incluidos en la etapa 2 junto con el resto de personal de salud, reivindicando como debe ser las prácticas sanitarias de estos pueblos, y así también, con el mismo espíritu, a la guardia indígena y cimarrona que está priorizada en la etapa 3.

Muchos grupos se han sentido excluidos del Plan. ¡No lo están! ¡nadie lo está! La sociedad entera se beneficiará con la priorización. Debemos proteger este proceso entre todos, para acelerar los impactos sociales de la vacunación, que nos permitan avanzar con equidad a un nuevo escenario que en algo nos permita recuperar la vida que este virus nos ha arrebatado dolorosamente, pero que tenemos la esperanza de comenzar a vencer en el 2021.

*Julián Alfredo Fernández Niño. Director de Epidemiología y Demografía. Ministerio de Salud y Protección Social.