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Entre los medicamentos desarrollados en la última década pocos han sido tan revolucionarios y polémicos como los tratamientos contra la hepatitis C. Desde que salieron al mercado, en 2011, transformaron una enfermedad que, hasta entonces, parecía incurable. Más de 71 millones de personas luchaban contra ese virus que podía desembocar en cirrosis o cáncer en el hígado. Para combatirlo la solución era un coctel de fármacos que se asemejaban a una verdadera tortura de efectividad incierta. “Durante las 24 semanas que duró el proceso, todos los fines de semana quedaba como noqueado con los síntomas de una de esas gripas profundas de las cuales uno piensa que jamás va a levantarse”, escribió alguna vez el expresidente Ernesto Samper, tras padecer los efectos adversos de las medicinas. (Lea Una hormona no autorizada para bajar de peso)
Como Samper, muchos pacientes comprobaron el cambio que significó la llegada de estos tratamientos. Los antivirales de acción directa (AAD), como los llamaron, lograron lo que parecía imposible: curar más del 95 % de las infecciones. Pero su aparición fue también el inicio de una discusión global sobre acceso a medicamentos. ¿La razón? Una de las píldoras esenciales, el Sofosbuvir, de la multinacional Gilead, tuvo un costo inicial de US$1.000. Entonces, el precio del tratamiento en Estados Unidos llegaba a US$84.000. En Francia estuvo cerca de los US$75.000. “La píldora de los US$1.000”, la empezaron a llamar en el mundo farmacéutico. Se trató de un debate que aún no se ha logrado resolver y que ahora tiene un nuevo y tenso capítulo en Colombia.
La discusión la revivió un breve documento de la Organización Panamericana de Salud (OPS) publicada a principios de octubre. En él mostró, por primera vez, los precios de los antivirales genéricos que tiene a su disposición para curar la hepatitis C. “Fue una publicación revolucionaria”, dice Carolina Gómez, investigadora y fundadora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder, de la Universidad Nacional. “Es, tal vez, la pieza de información más importante que haya producido la OPS en años”.
A lo que se refiere Gómez, también exdirectora de la Dirección de Medicamentos del Ministerio de Salud, es que, en una “decisión asombrosa”, ese organismo reveló que entre el valor de esos tratamientos y los de marca, ofrecidos por conocidas farmacéuticas, hay una gran brecha. Es una diferencia de precio muy amplia que podría ahorrarle al Gobierno colombiano una buena suma de dinero y, de paso, garantizar que más pacientes accedan a los tratamientos. ¿Por qué? Ante los altos valores de estos medicamentos, desde julio de 2017 el Minsalud optó por comprar los antivirales a la OPS y no a los laboratorios. La ruta es simple: esta entidad los negocia con los laboratorios oferentes a un menor precio y luego los vende a diferentes gobiernos.
(Lea: El disgusto de las farmacéuticas en la pelea por el precio de medicamentos contra la hepatitis C)
Gracias a esas “compras centralizadas”, como las llaman en términos técnicos, el país ha adquirido 2.560 tratamientos que han beneficiado a 1.049 pacientes. La tasa de curación fue superior al 96% y el ahorro, en comparación a lo que hubiese gastado el sistema si le comprara con los medicamentos a Gilead, ha sido de $410 mil millones, una cifra 23 veces superior a lo que gastó el Galatasaray por la compra de Radamel Falcao. En total, Colombia ha pagado $43.230 millones a la OPS.
Sin embargo, la publicación que hizo la OPS hace unos días dejó a más de uno sorprendido. Los miembros del Comité de Veeduría y Cooperación en Salud hicieron los cálculos de lo que podría ahorrarse el Minsalud si comprara los medicamentos genéricos y no el Epclusa (una combinación de Sofosbuvir y Velpatasvir) de Gilead, que es el que ha adquirido en las últimas dos compras centralizadas. Las cifras son contundentes: “Puede generar ahorros por $13’534.350 en cada tratamiento”, advirtió ese grupo del que hacen parte Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana; monseñor Fabián Marulanda, delegado de la Conferencia Episcolpal, y José Julián López, del Centro de Información de Medicamentos de la U. Nacional.
En otras palabras, dice el Comité, cada tratamiento valdría $438 mil 150 pesos por usuario y no $13 millones 972 mil. Es decir que, en el caso de que haya en el país, como se presume, 325 mil personas con el virus de la hepatitis C, hoy el gobierno para atenderlas a todas con Epclusa debería pagar una suma cercana a $4,5 billones. Pero si comprara los antivirales genéricos el costo sería muy inferior: unos $141.450 millones. El ahorro es evidente: $4,3 billones.
Para lograrlo, piden que el Minsalud reviva un viejo y polémico proceso: que declare estas medicinas como de “interés público” para que, después, otorgue una “licencia obligatoria”. En términos simples, eso quiere decir, impedir que una empresa (Gilead) continúe como única dueña de los derechos exclusivos para explotar comercialmente esos fármacos en Colombia.
Una vieja discusión
El 20 de diciembre de 2017 Franciso Rossi recibió un regalo navideño adelantado. Ese día el Ministerio de Salud, entonces a cargo del hoy rector de la U. de los Andes, Alejandro Gaviria, publicó una resolución con la que abría el proceso para estudiar si había o no razones suficientes para declarar los tratamientos contra la hepatitis C como de interés público. La solicitud la había hecho Rossi como director de la Fundación Ifarma dos años antes, y su paciencia por fin parecía dar frutos.Aunque él sabía que se enfrentaba a un proceso extenso, dice ahora, no se imaginó que la espera se prolongaría por cuatro años. Ha sido un lapso en el que, tras hacer efectivas las compras centralizadas, la iniciativa quedó engavetada. Sin embargo, la escueta publicación de la OPS obligó al Minsalud a desempolvarla.
(Vea Empieza la batalla por bajar el precio a los medicamentos para la hepatitis C)
Aurelio Mejía, director de Medicamentos del Ministerio, prefiere ser prudente a la hora de hablar sobre este nuevo episodio que se desató con la revelación de los precios de los antivirales. “Estamos evaluando intervenciones de terceros interesados en el proceso. La autoridad competente para hacer esa declaratoria es el Ministerio de Salud con base en las recomendaciones de un comité conformado por el Ministerio de Comercio, el Departamento Nacional de Planeación y nosotros. En eso estamos, hasta el momento”, dice.
Para Carolina Gómez, el camino es claro: el Minsalud debería “remover las barreras de propiedad intelectual” que impiden comprar los medicamentos genéricos”, apuntó en Twitter. “Sería una irresponsabilidad fiscal y un bajo compromiso con el acceso a esos tratamientos no hacerlo”.
Es difícil saber qué camino tomará ahora Colombia. Para otorgar una “licencia obligatoria” para unos medicamentos comprados por un gobierno a la OPS y no a un laboratorio directamente; las rutas no parecen claras. Rossi asegura que se podría usar una figura inusual llamada “de uso público no comercial”. Son intríngulis jurídicos que requerirían otros párrafos más extensos.
(Lea: Hepatitis C, la próxima batalla de precios de medicamentos)
A los ojos de Germán Velásquez, asesor en asuntos de salud del South Centre, una organización con sede en Suiza que asesora a los países en desarrollo, entre otros aspectos, en debates de medicamentos y propiedad intelectual, la manera de resolver esta discusión puede ser más sencilla: “El ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, debería enviar una carta a la OPS preguntándole si recomienda el uso de una licencia obligatoria. La OPS, tras la publicación de los precios de los antivirales, debería decirle que sí. Así el Gobierno tendrá un buen argumento para tomar la decisión. Si no jamás lo va a hacer”. ¿Por qué? “Porque tiene una estrecha relación con Estados Unidos y Estados Unidos hará todo lo posible por evitar que en Colombia prospere una licencia obligatoria”.