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En la mañana del jueves, usuarios de Facebook de toda Australia se percataron de que numerosos perfiles de medios de comunicación, servicios de emergencia, organizaciones no gubernamentales e incluso páginas del gobierno con información sobre el COVID-19 aparecían en blanco, como si nunca hubieran realizado una publicación en la red social.
Este bloqueo es el reflejo de la decisión de Facebook de prohibir que usuarios y medios de comunicación en Australia puedan compartir noticias en su plataforma. Ya había amenazado con hacerlo desde el pasado agosto, como respuesta a un proyecto de ley que se discute en dicho país y que obligaría a Facebook y a Google a pagar por las noticias que difunden.
Con la medida, los australianos no pueden ver ni replicar noticias hechas por medios de comunicación en general, mientras que los usuarios en el resto del mundo no pueden acceder ni difundir artículos de editores situados en Australia. Aunque las organizaciones y empresas de medios todavía conservan sus páginas y perfiles en la red social, tienen bloqueada la opción para hacer publicaciones.
La prohibición tomó por sorpresa a reguladores, empresas de medios, periodistas y usuarios de todo el mundo, pues la red social les está recordando que aunque parece una especie de plaza pública virtual, es en realidad una empresa privada que puede decidir qué se comparte o no bajo sus dominios. Y hoy, sin que todavía haya una decisión sobre el proyecto de ley, la compañía quiere darle a Australia una probada de lo que sería la vida sin ella.
“La propuesta de ley malinterpreta fundamentalmente la relación entre nuestra plataforma y los editores que la utilizan para compartir contenido de noticias”, afirmó en un comunicado William Easton, director general de Facebook para Australia y Nueva Zelanda. “Nos ha dejado frente a una dura elección: intentar cumplir con una ley que ignora las realidades de esta relación o dejar de permitir contenido de noticias en nuestros servicios en Australia. Con el corazón apenado, elegimos lo segundo”.
¿En qué consiste el proyecto?
Desde hace meses, la Comisión Australiana de la Competencia y el Consumidor puso sobre la mesa la posibilidad de que compañías tecnológicas paguen a las organizaciones de noticias por los artículos que comparten en sus respectivas plataformas. Propone que las corporaciones negocien con las empresas de medios el valor de las historias y que en caso de que no se llegue a un acuerdo, un tribunal pueda mediar entre ambas partes y decidir la cantidad a abonar.
Los defensores de la iniciativa —incluyendo varios medios de comunicación del mundo— argumentan que estas compañías circulan contenidos que no son propios sin remunerar a sus creadores y se quedan con buena parte de los ingresos por publicidad digital de los que depende la prensa escrita.
“El objetivo es abordar la posición de negociación desigual entre las empresas de medios de comunicación australianos y las grandes plataformas digitales que tienen un claro poder de mercado”, dijo Rod Sims, presidente de la entidad reguladora, a The New York Times.
Sims también aseguró que Google y Facebook no tendrían que pagar por vincular noticias. “Las discusiones que conocemos se han centrado en el pago de sumas globales por adelantado, no por clic”, le dijo al diario neoyorquino.
Tanto Facebook como Google se han opuesto rotundamente a esta propuesta, pues aseguran que podría llevar a los medios a disparar los precios y estiman que el 75 % de las negociaciones terminarían en los tribunales. Además, afirman que sin ellos los medios no tendrían el tráfico que hoy tienen en sus sitios web, pues son la puerta de entrada a la información en internet.
Otro punto controversial tiene que ver con los algoritmos, que son las herramientas que definen los contenidos que ven las personas en las búsquedas de Google o cuando revisan su Facebook. De aprobarse el proyecto de ley, las compañías deberán notificar a los medios de comunicación algunos cambios que hagan a sus algoritmos con 14 días de anticipación.
“Incluso si pudiéramos cumplir, eso retrasaría las actualizaciones importantes para nuestros usuarios y daría un trato especial a los editores de noticias de una manera que perjudicaría a todos los demás”, señaló Google en una entrada de blog.
¿Quién establece las reglas de juego?
Aunque Google amenazó con sacar su buscador de Australia, Facebook fue la primera en tomar acciones concretas en contra del proyecto de ley. Según la red social, esto se debe a que su abordaje de las noticias es distinto.
Facebook afirma que Google está fuertemente vinculada con la exhibición de noticias por la naturaleza de su buscador, pues los medios no decidieron aparecer allí, sino que fue Google quien los agregó desde el comienzo. La diferencia es que en su red social las empresas de medios eligen publicar información voluntariamente para conseguir más suscriptores y aumentar su audiencia.
“Para Facebook, la ganancia comercial de las noticias es mínima. Las noticias representan menos del 4 % del contenido que las personas ven en su News Feed”, explicó Easton. Y agregó que en el último año su plataforma generó unas 5.000 millones de referencias gratuitas a medios de dicho país.
Aún así, para algunos analistas, la decisión de Facebook y las presiones de Google obedecen más a un pulso de poder para que sean ellas quienes pongan las reglas de juego. Peter Lewis, director del Centro de Tecnología Responsable del Australia Institute, le dijo al New York Times que si las firmas se ven obligadas a negociar ante los tribunales serían parte de “un proceso externo que les impone la legislación, en lugar de que solo puedan repartir acuerdos como mejor les parezca”.
Esto explicaría por qué el mismo día en que Facebook endureció sus medidas Google anunció un nuevo negocio con News Corporation, del magnate Rupert Murdoch. Acordó pagar durante tres años “cantidades significativas” a la empresa de medios a cambio de poder mostrar sus noticias en la sección destacada de Google News.
News Corp., que cobija a publicaciones como The Wall Street Journal, MarketWatch, The New York Post, The Times, The Sun y The Australian, aseguró que el acuerdo incluye el desarrollo de una plataforma de suscripciones, la repartición de los ingresos publicitarios que lleguen a través de los servicios de Google e inversiones para periodismo audiovisual por medio de la plataforma YouTube.
Además, Google ya accedió a negociar pagos con más de 100 medios franceses bajo sus propios criterios, como tamaño de audiencia, volúmen de publicaciones y aportes al debate público. También ha cerrado contratos particulares con editores de Argentina, Brasil, Alemania y Reino Unido, probando que a las corporaciones se les da mejor negociar por su lado que cuando se los demanda la ley.
Gobierno australiano “no cederá a las amenazas” de las corporaciones
El Nieman Lab, un portal de la Fundación Nieman para el Periodismo de la Universidad de Harvard, publicó unas cifras preliminares sobre el impacto que tenía Facebook en el tráfico de los medios australianos. Según datos que recogió de la firma Chartbeat, 24 horas después de la prohibición, las visitas a los medios desde la red social cayeron 93 %, pasando de enviar 201.000 vistas en la tarde del miércoles a 14.000 en la tarde del jueves.
Chartbeat explicó que cuando el tráfico de Facebook disminuyó, el tráfico australiano en general no se desplazó a otras plataformas, por lo que preocupa la posibilidad de que los lectores ocasionales que solían acceder a noticias desde la red social dejen de consultar los medios por completo. Sin mencionar los efectos que esta prohibición puede tener sobre publicaciones emergentes o comunitarias que se dan a conocer por esta vía.
El Gobierno australiano ha sido enfático en que “no cederá a las amenazas” de las corporaciones y tildó de “autoritarias” las acciones de Facebook. Además, aseguró que seguirá adelante con la ley, que ya fue aprobada por la cámara baja del Parlamento el miércoles y tiene un amplio apoyo de todos los partidos. Medios internacionales afirman que es probable que el Senado la apruebe en el transcurso de la próxima semana.
El mundo entero está atento a esta decisión, pues cualquiera que sea el desenlace marcará un precedente clave sobre cómo se accede a la información en internet. De aprobarse la ley, otros países podrían abrir discusiones similares y obligar a las compañías a cambiar sus modelos de negocio, mientras que Australia podría enfrentarse a una especie de veto tecnológico, pues nada garantiza que estos conglomerados decidan quedarse en el país y someterse a sus leyes.
Si no se aprueba, se podría abrir la posibilidad de implementar alternativas que han diseñado las compañías para “equilibrar” la balanza, como los acuerdos a los que Google está dispuesto a llegar con los medios o la iniciativa Facebook News, que ya funciona en Reino Unido y agrupa los titulares más relevantes de todos los medios de acuerdo con los intereses de los lectores.
Pero así mismo, Google y Facebook estarían demostrando que pueden presionar a cualquier gobierno para acomodar las reglas como les conviene porque son los “porteros” de la información relevante —y también de la falsa— que circula en internet. Y acabarían por probar su punto: que son indispensables en la vida de millones de personas.
Esto tiene graves implicaciones para el ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, en la esfera digital. Y sigue sumando a la funesta línea de las empresas de tecnología de blandir su poder por encima de los ordenamientos de democracias legalmente constituidas en todo el planeta. Su actitud, bajo los ojos de muchos, se ve como una forma avanzada de una práctica por lo demás vieja: accionistas primero, ciudadanos después.