Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Tan prolongada y grave ha sido la crisis humanitaria en Colombia, tan accidentado el empeño por hacer vigentes los derechos de la gente del común en campos y ciudades, tan difícil superar el pesado lastre de la impunidad, que la causa de los derechos humanos ha convertido a sus adalides, defensores y realizadores, hombres y mujeres, movimientos y ONG, en actores de una verdadera historia heroica.
Entre tales actores sobresale el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), fundado en 1978 cuando sobre el país se extendía el manto tétrico del Estatuto de Seguridad, promulgado por el gobierno de Julio César Turbay Ayala, muy posiblemente por exigencia de los militares y de las élites más privilegiadas ante la potencialidad de un amplio movimiento social como había quedado demostrado con el Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977.
Fue el tiempo en que comenzaron a realizarse los foros de derechos humanos con el liderazgo visible de Alfredo Vásquez Carrizosa, quien siendo canciller de Misael Pastrana Borrero se fue con un avión colombiano vacío y lo trajo lleno de perseguidos por Pinochet a raíz del golpe contra Salvador Allende en septiembre de 1973. La columna de Vásquez en El Espectador donde hacía la lectura del paro del 77 fue para mí la oportunidad de abrir con él un diálogo que se prolongó por 20 años.
No puedo dejar de recordar algo que me atañe muy de cerca: la constitución en junio del 78, por un grupo de trabajadores militantes del Partido Socialista Revolucionario (PSR), del Instituto María Cano (Ismac), y también la publicación ese año del libro Derechos humanos y garantías sindicales que preparamos conjuntamente el eximio laboralista Francisco Yezid Triana y mi persona, como sindicalista, para explicar los recién ratificados Convenios 87 y 98 de la OIT, cuyas leyes el presidente López Michelsen se negó a promulgar y cumplir porque “esos convenios son revolucionarios”. El Dr. Triana, senador del MIL, presidente de la Comisión VII, hizo que el presidente del Congreso promulgara las leyes ratificatorias.
Como se ve por las someras referencias hechas, el Cajar forma parte de una pléyade de iniciativas de resistencia y proyección emancipatoria democrática surgidas desde la sociedad civil (entonces una novedad) en esos aciagos tiempos cuando al escritor Gabriel García Márquez le tocó autoexiliarse en México para escapar de las garras del régimen que ya estaban encima de él. Vio la luz (1974) y se mantuvo durante años, con la participación directa de Gabo, la revista Alternativa que se orientaba por la elemental pero estratégica idea de que Atreverse a pensar es empezar a luchar. Eran los días de un gran esfuerzo intelectual del maestro Estanislao Zuleta por afirmar el manejo civilista y democrático del conflicto social.
En 1998, meses finales del gobierno de Ernesto Samper, siendo ministro de Trabajo Carlos Bula Camacho, el Cajar contribuyó eficazmente a la creación de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio que los sindicatos habían conquistado mediante importante acción de movilización. La Oficina tomó el nombre de quien hacía poco había sido asesinado, Eduardo Umaña Mendoza, integrante del Cajar. Durante seis meses no se produjo una sola muerte de sindicalistas; a los dos meses de iniciado el gobierno de Andrés Pastrana fue asesinado el vicepresidente de la CUT, Jorge Ortega. Tuve la responsabilidad de ser el primer director de esta oficina que luego languidece y ahora es inexistente.
En 1999 el Cajar fue uno de los participantes de los diálogos adelantados durante varias semanas en la casa del embajador de Holanda, señor Gysbert J.M. Bos, de grata memoria, en virtud de los cuales se produjo un entendimiento conceptual y estratégico entre los movimientos de derechos humanos y los movimientos ciudadanos de paz: la paz es un proyecto de país con una democracia más profunda que la existente, con vigencia integral de los derechos humanos, para cuya construcción se necesita un sujeto político plural, esto es, un amplio movimiento civilista que sea capaz de hacer de la terminación de la confrontación armada una oportunidad de reconciliación y cambio. Coordinó metodológicamente este ejercicio el profesor de la Universidad Nacional y exalcalde de Bogotá Antanas Mockus.
El Colectivo de Abogados ha defendido siempre el carácter político de la insurgencia y, consecuente con ello, ha propiciado la salida política del conflicto armado interno. El Cajar se ha hecho acreedor en estas cuatro décadas al reconocimiento como entidad altamente calificada que trabajó en la defensa de presos y perseguidos políticos y trabaja actualmente en la representación de víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra ante tribunales nacionales e internacionales, la asistencia integral a víctimas y familiares en casos de violaciones a los derechos humanos como amenazas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, masacres y torturas.
Estas notas solo pueden ser un testimonio puntual sobre el importante papel cumplido por el Cajar en 40 años, joven institución que no correrá la suerte del brillante abogado antioqueño José Alvear Restrepo, cuyo nombre lleva, quien falleció ahogado en el río Meta en 1953 cuando contaba precisamente 40 años.
Anima al Cajar la convicción de que las Gotas agrietan la roca (libro y CD, 2014, https://vimeo.com/120684250), de ahí su persistencia y resiliencia. Así piensa y así actúa el Colectivo, con paciencia activa, sin precipitud, sin pausa. Otros columnistas, otros comunicadores por diversos medios, en estos días han hecho la enumeración de sus ejecutorias y de los nombres de las y los corajudos profesionales del derecho que han protagonizado la brega por los derechos humanos desde el Cajar.
El Colectivo, como coloquialmente se le llama, es hoy un bastión de la justicia, la democracia y la paz. Colombia necesita este tipo de instituciones para que, más pronto que tarde, llegue la primavera democrática con una paz genuina y completa portadora de justica social.
¿Hasta cuándo, presidente Duque, seguirán los asesinatos de líderes sociales? ¿Hasta cuándo? ¿Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
También le puede interesar: “Decomisar la dosis mínima: ¿Populismo o necesidad?”