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Hace un poco más de una semana el hoy senador Álvaro Uribe Vélez, en diálogo con W Radio, reiteró la necesidad de derogar la Jurisdicción Especial para la Paz y crear una única alta corte a raíz de lo que él calificó como una crisis de credibilidad en la justicia.
“A mí me dicen que no hable sobre ese tema porque lo pueden tomar como personal, pero no lo es. Yo sí creo en la necesidad de esa única corte, permitiendo que los actuales magistrados terminen sus periodos o incluso que muchos de ellos hagan parte de esa corte”, señaló.
Vergonzoso, pero no es nuevo. Y no solo por la propuesta que se hizo de esto en campaña presidencial hace un año, sino que para entender la sinopsis de acabar con las cortes por la “crisis de credibilidad” hay que ir un poco más atrás.
Me explico.
El 22 de abril de 2008 se dio la captura de Mario Uribe Escobar, primo del entonces presidente Uribe Vélez, por sus nexos con grupos paramilitares.
Un día después, a las 6:30 de la tarde ingresaron por el sótano de la Casa de Nariño, con autorización del jefe de Estado, Severo Antonio López Jiménez, alias Job, vocero de los paramilitares; Diego Álvarez, abogado de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, jefe máximo de la Oficina de Envigado; el exgobernador del Cauca Juan José Chaux Mosquera, condenado por sus vínculos con las autodefensas, y el lobista Óscar Iván Palacio, para reunirse con Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la Presidencia, y César Mauricio Velásquez, jefe de prensa de Álvaro Uribe.
El contenido de esa reunión es ampliamente conocido. Un día después de la reunión con los voceros de los paramilitares, hubo un nuevo encuentro en la Presidencia de la República con el fin de fabricar una historia falsa para vincular al entonces presidente de la Corte Suprema, Yesid Ramírez Bastidas, con empresarios y relaciones de narcotráfico.
Es decir que le querían generar una crisis de credibilidad a la Corte Suprema de Justicia, mismo tribunal que había pedido la captura dos días antes del primo del presidente.
Pero no para ahí.
El 28 de septiembre de 2010, el abogado Iván Velásquez Gómez rindió una declaración ante la Fiscalía General de la Nación como consecuencia de unos seguimientos ilegales de los cuales estaban siendo víctimas él y su familia.
Es importante recordar que, fuera de ser la persona que logró demostrar los excesos de Pablo Escobar en la cárcel La Catedral, Velásquez como magistrado auxiliar de la Corte Suprema fue quien inició investigaciones contra Álvaro Uribe por supuestos nexos con paramilitares y encarceló al primo de este junto a más de 50 congresistas por parapolítica.
Eso sin mencionar su trabajo más reciente en Guatemala en donde desmontó una red de corrupción por la que están presos el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Pero volvamos a su declaración. El exmagistrado de la Corte Suprema le dijo a la Fiscalía que desde que inició la investigación previa en contra del primo del expresidente Uribe, en junio o julio de 2007, se desencadenó “la mayor arremetida en la persecución contra la Corte y contra mí, lo que se demuestra con el complot que, a través de un paramilitar conocido como Tazmania, de nombre José Orlando Moncada Zapata, se fraguó por parte del doctor Mario Uribe Escobar, el señor Santiago Uribe Vélez y el señor Ernesto Garcés Soto en alianza con varios paramilitares presos, unos en la cárcel de Itagüí y otros en La Picota, actuando como enlace el abogado Sergio Gonzáles Mejía, quien para entonces era abogado de Tazmania y de Juan Carlos Sierra Ramírez, conocido como el Tuso Sierra. Tal vez a partir de ese montaje de Tazmania, en el propósito de atribuirme supuestas actuaciones ilegales en las investigaciones, se sucedió una serie de hechos que pretendían acreditar lo que desde el Gobierno nacional se llamó el Cartel de Testigos de la Corte Suprema”. (Ver Declaración).
El paralelismo con lo que sucede hoy, 12 años después, es espeluznante.
Pero sigamos y, para hacerlo, la declaración del que fue el subdirector de Fuentes Humanas del DAS durante el espionaje a la Corte Suprema de Justicia es el mejor camino.
El señor William Romero Sánchez rindió declaración en la Fiscalía el 16 de septiembre de 2010, en la que estableció que específicamente él fue el coordinador de la operación de espionaje en la Corte Suprema de Justicia que infiltró la detective Alba Luz Flórez, conocida como la Mata Hari.
“En mayo de 2007, mediante un requerimiento por escrito imparten órdenes de recolección de información sobre temas puntuales relacionados con magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.
No solo era la Corte sino también los viejos enemigos de Uribe a los que había que desprestigiar.
“En la búsqueda de información sobre la trayectoria familiar y académica en los departamentos del Caquetá y Huila de Yesid Ramírez, entre otros requerimientos, se da continuidad a los casos de Piedad Córdoba y Gustavo Petro en cabeza de la Subdirección de Operaciones y la Subdirección de Contrainteligencia, apoyando la Subdirección de Desarrollo Tecnológico y la Subdirección de Fuentes Humanas, todos los insumos logrados por estas subdirecciones eran enviados a la Subdirección de Análisis, que finalmente los consolidaba en un producto final dirigido a la Dirección del Departamento con destino a la Presidencia”. (Ver Declaración Romero Sánchez).
Y nada mejor que el final.
“Preguntado: sírvase manifestar si conoció cuál era el destino final de la información obtenida de la Corte Suprema de Justicia y los senadores ya mencionados. Contesto: sí, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, dada la retroalimentación que me dio la doctora María del Pilar en compañía del capitán Tabares”. (Ver Destino final).
La estrategia siempre ha sido la misma, golpear la reputación de la justicia que está juzgando a su familia. En el pasado era acabar la reputación de los magistrados para proteger a su primo Mario Uribe Escobar. Después viene el cartel de testigos falsos para ayudar a su hermano Santiago Uribe Vélez. Y ahora el expresidente es el que necesita acabar con la Corte para proteger su propio legado.