Ambientalistas extremos VII

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Colombia, a diciembre de 2014 han tenido lugar 4.496 procesos de consulta previa, mientras que en Chile 32, en Perú 28 y en Bolivia 40. Es extraño que el mismo tratado 169 de la OIT, del cual se deriva la obligación de consulta previa a las comunidades étnicas para realizar proyectos que las afecten, genere cifras tan distantes y gravosas para nosotros.

Esa sola situación indica que aquí algo anda mal, pero muy mal. Las costosas consultas previas para lo divino y lo humano se han convertido en torpedos contra el desarrollo. A esta situación han contribuido sin duda notorios desaciertos de la Corte Constitucional, que en esta materia suele decidir bajo el influjo de los sesgos de ciertas ONG litigiosas.

De otra parte, en los últimos meses, a través de las consultas populares municipales, se ha prohibido la explotación petrolera en numerosos territorios, como si la propiedad de los hidrocarburos fuese de los municipios y no del Estado; y como si el manejo de la economía del país no estuviera asignado constitucionalmente al Gobierno Nacional.

Según los expertos desapasionados, esas prohibiciones sucesivas a nivel municipal se traducen en que las decisiones de unos pocos contra la industria extractiva terminarán afectando severamente el bolsillo de todos los colombianos, que tendremos que asumir los costos de la importación de gasolina. Nada más y nada menos que la dictadura de las ONG ambientalistas y sus iracundos voceros, manejando la economía y desarticulando las competencias de las autoridades nacionales. ¿Qué pasa, entonces, con la democracia, valor supremo de la Carta Política, cuando el resto del país —que no participa de esas consultas— se enfrente a las consecuencias económicas de las decisiones locales? Unos pocos habrán decidido por todos.

No se discute que las consultas populares son una conquista, pero es claro que no pueden modificar la Constitución. Y eso mismo es lo que está pasando con la campaña contra la explotación petrolera, como consecuencia directa de la orientación absurda de la Corte Constitucional, que a base de populismo judicial prohíja las consultas previas y las populares, privilegiando en extremo la autonomía territorial frente al principio del Estado unitario, estrategia que obviamente aplauden irresponsablemente las galerías. Por cuenta de esa demagogia jurisprudencial se ha prohibido la aspersión aérea de la coca y hoy somos campeones en el cultivo de la perversa mata; por eso se reducirá sensiblemente la ayuda económica norteamericana. Ni qué decir de las comunidades étnicas, merecedoras, claro, de protección y respeto, pero no al extremo de impedir el desarrollo social y económico del resto de los colombianos, como sucede hoy, por causa de las sentencias desbordadas e insensatas de la Corte Constitucional, que ya convirtieron la consulta previa en retroactiva. ¿Dónde está el interés general, cuando una minoría impone sus privilegios a la mayoría?

Igual sucede con el derecho que la Corte, sustituyendo al legislador, otorgó a las autoridades locales para meterse en los procedimientos administrativos de las autoridades nacionales. ¿Acaso los proyectos de infraestructura, mineros y energéticos quedaron en manos de los municipios? En estas condiciones no solo se anidará el peaje municipal, sino que se evaporará la seguridad jurídica que requieren inversionistas nacionales y extranjeros. Lo que pasó con la hidroeléctrica del Quimbo y las autoridades locales —para citar solo un precedente— espantó a quienes acariciaban la expectativa de invertir en el sector energético, ante la mirada incapaz del gobierno Santos, que en esto también dejó el tema a la deriva.

Y eso sin contar con los inmensos costos que para el erario representan las consultas previas y populares, que a sus promotores nada les importan, porque lo que no nos cuesta volvámoslo fiesta.

Adenda. Si pasa el proyecto del fiscal Martínez de meter a la cárcel a los políticos que mientan en sus rendiciones de cuentas al Consejo Electoral, no va quedar ni uno libre. ¿Se atreverán a aprobarlo?

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