En Antioquia, los muertos comienzan a hablar…
Hoy se cumple un año desde que la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó la primera audiencia en Medellín sobre las medidas cautelares solicitadas por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), para la protección de 17 lugares donde podrían encontrarse cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada en Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre.
El tribunal ha avanzado mucho, pero menos de lo que quisiera. La pandemia, sin duda, ha afectado su celeridad.
Los mayores obstáculos, según el magistrado Alejandro Ramelli, radican en las deficiencias en la información institucional sobre desaparición forzada y la falta de consolidación de cifras para la búsqueda e identificación, con el agravante de que diversos sitios de prospección han sido intervenidos por empresas, terceros o instituciones del Estado.
¿Cómo evaluar este año que erige como hitos de búsqueda a la Comuna 13, Hidroituango y Dabeiba?
La JEP ha constatado lo que advertía el Movice sobre la cantidad –¡absurda!– de víctimas de desaparición en la Comuna 13. Entre el segundo semestre de 2002 (83 desaparecidos) y el primer semestre de 2003 (43) se habría presentado la cresta del delito. La semana pasada, la SAR confirmó el horror: a partir de 1.069 registros suministrados por fuentes institucionales y civiles, se construyó una base de datos con 435 posibles víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 entre los años 1978 y 2016. De los 435, se tiene información completa o avanzada de 327 y 108 continúan en verificación.
¿Y las familias de los desaparecidos?
Ramelli reconoce que la desconfianza de las víctimas “hace difícil la posibilidad de llegar a consensos en las medidas que satisfagan sus derechos”. Adriana Arboleda, coordinadora de atención a víctimas de la Corporación Jurídica Libertad, dice: “Es clave que hoy podamos tener una certeza sobre la sistematicidad de la desaparición forzada en la Comuna 13”. De acuerdo con Arboleda, gracias a estos procesos de búsqueda, la Alcaldía de Medellín ha revisado procedimientos: “El gran desafío es articular mejor el trabajo de la JEP en el marco de las medidas cautelares y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el del diseño e implementación de los planes regionales”.
¿Cómo se investiga en las zonas inundadas de Hidroituango? “Se han realizado cuatro jornadas de toma de testimonios de tipo cartografía participativa: a la par del relato del testigo, a través de sistemas de geolocalización se marcan puntos de posible disposición de cuerpos. Han participado un excombatiente y habitantes de la zona de Hidroituango”, explica Ramelli.
A la JEP se le sigue complicando el panorama: vienen la prospección de nuevos polígonos de La Escombrera, la posible intervención en el Cementerio Universal y la identificación forense de los 56 cuerpos que se encuentran en la Universidad de Antioquia…
Contra todo pronóstico, estas son apariciones, forzadas después años de impunidad, y traen consigo evidencias, relatos de infamia. Los responsables que buscan exterminar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición se mueven sobre arenas movedizas… mientras más patalean, más se hunden.