Atentado contra periodista: ¿quién está detrás?

El escolta de una periodista de Noticias Uno, en Valledupar, sufrió ayer un ataque de dos hombres en sus respectivas motos. El uno por delante, el otro por detrás, le cerraron el paso cuando llegaba a la casa de nuestra compañera hacia las 8 de la mañana, hora en que ella iba a salir a cumplir con su oficio profesional. El delincuente que estaba a la espalda del escolta le gritaba al que estaba frente al funcionario de la Unidad Nacional de Protección: “dispárale que está armado”. El guardia, bien entrenado, abrió las manos en señal de aparente rendición y, sin darles respiro a los matones, le entregó el celular que tenía en una de ellas a quien lo miraba a los ojos fijamente. El otro sicario continuaba gritando: “dispárale que tiene un arma”.

En segundos, el escolta brincó de su propia moto y se ubicó contra una pared cercana. En ese momento, uno de los asaltantes le disparó. Por fortuna falló y el escolta pudo contestar con su arma. Los hombres emprendieron la huida pero antes, el más belicoso de ellos volvió a gritarle: “hijueputa, la próxima vez te matamos a la periodista”.

Ella es una reportera a carta cabal. Cumple las tareas que se le ordenan desde el centro de información y va a los lugares a donde se encuentra la noticia a pesar de que ha sido insultada y amenazada repetidas veces por seguidores de Juan Francisco Gómez Cerchar, más conocido como “Kiko”, condenado exgobernador de La Guajira, un personaje que ha demostrado tener un poder superior al del Estado. Un Estado que en varias ocasiones parece ser más bien su cómplice.

En 2013, cuando la Fiscalía envió un grupo de agentes del CTI a capturarlo en su natal municipio de Barrancas, en ese departamento, la corresponsal de Noticias Uno fue agredida por los amigos de Gómez. Las imágenes no mienten. Existen en el archivo del noticiero y también otras, cuando los propios agentes que adelantaban la captura fueron rodeados por una turba al punto que la Fiscalía, desde Bogotá, tuvo que pedir apoyo al director nacional de la Policía quien, dicho sea de paso, en principio atendió desdeñoso la solicitud.

En 2014 le advirtieron a nuestra corresponsal, cerca del pueblo de Gómez, que no volviera a La Guajira. En 2015, Barrancas se preparó, con orquesta, comida e invitación a todos sus habitantes, a celebrar el cumpleaños de su patrón encarcelado, desafiando a la justicia que trataba de adelantarle un juicio por el asesinato de tres líderes políticos locales. La periodista que cubrió evento tan inmoral recibió, además de nuevos insultos, la amenaza directa de que “sería quemada” junto con su carro y acompañantes. Una nueva llamada de urgencia a Bogotá la salvó de ser linchada cuando llegaron refuerzos policiales para escoltarla muchos kilómetros más allá de la región ‘marlboro’, territorio libre para el crimen y los criminales.

En enero de 2017 el exgobernador fue condenado a 55 años de prisión por el triple asesinato de quienes se le enfrentaron en una soledad absoluta de justicia y gobierno. El fallo condenatorio llegó pese a los esfuerzos de sus famosos abogados capitalinos que lo apoderaron sin agüero, como si se tratara de un prohombre. En el interregno, muchos otros episodios han ocurrido, casi todos a favor de este personaje tan similar a los del submundo que nos dejó como vergonzosa herencia el narcotráfico. Entre otros capítulos, recuerdo la captura de una funcionaria del CTI que pasaba datos sobre procesos y avisaba con tiempo sobre órdenes de captura, a los aún más siniestros personajes del círculo del “señor de La Guajira”: los del cartel de la droga y del sicariato de alias Marquitos Figueroa. También recuerdo la declaración de insubsistencia y después —sorpréndase— la recontratación de un fiscal que favorecía a Gómez y a su grupo cerrándoles los procesos; los continuos relevos de la Policía por sospechas de que estaban a su servicio, los cambios de aquellos que permanecían rectos, etc. Nuestra amiga Katia no es la única en riesgo. También estuvieron o están en la mira guajira la senadora Claudia López, la exfiscal Marta Lucía Zamora, el periodista Gonzalo Guillén, la hija de uno de los líderes políticos muertos y muchos otros. El poder supremo de un individuo contra la sociedad.