La relación entre los profesores y el expresidente Álvaro Uribe Vélez siempre ha sido conflictiva ya que, para el segundo, estos representan un riesgo en sus posturas ideológicas.
Hace unas semanas los senadores del Centro Democrático Fernando Araújo y Uribe Vélez, a través de sus redes sociales, acusaron a la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) de “adoctrinar” a los estudiantes de colegios públicos.
Aunque el presidente de este gremio, Nelson Alarcón, exigió respeto para con la profesión docente y algunos políticos y académicos defendieron a los profesores, las acusaciones no cesaron.
Lo que empezó como una opinión de dos senadores del Centro Democrático se convirtió en una postura de todo el partido político planteada en un video en el que nuevamente criticaron el rol de los docentes en el país, específicamente los que pertenecen a Fecode, comparando sus supuestos ejercicios de adoctrinamiento con aquellos que usaban dictadores como Hitler.
Aunque el video finalmente fue eliminado, el representante a la Cámara Edward Rodríguez continuó el debate anunciando un proyecto de ley que busca sancionar a los profesores que hablen de política en las clases que no sean de Ciencias Sociales.
El proyecto consiste en que profesores a los que se les compruebe que constriñen o tratan de involucrar a sus estudiantes en algún tipo de ideología política o desarrollan proselitismo en las aulas de clase puedan ser multados y sancionados.
Inentendible.
Pero para tratar de entender un poco hay que remitirse al gobierno del entonces presidente Uribe, cuando el organismo de inteligencia e investigación de esa administración espió a algunos profesores que declararon enemigos de sus ideales.
Según un artículo de El Espectador publicado el 1º de agosto de 2009, el grupo de inteligencia G3 del DAS, en su afán por identificar y procesar a organizaciones con supuestos vínculos con grupos guerrilleros, llegó a escenarios ridículos. (Ver La última ridiculez del DAS).
El más absurdo, sin duda, está documentado en un memorando fechado el 14 de diciembre de 2004, en donde se solicita investigar a Sonia Urrea, docente de sociales del colegio bogotano Marymount, porque “estaría formando ideológicamente a su alumnado con algunos documentos rectores de las guerrillas colombianas”.
La base fundamental del DAS para sustentar semejante acusación es que la profesora Urrea, en su clase de undécimo grado, les solicitó a las estudiantes varias lecturas, no de guerrilleros, sino de reconocidos investigadores del conflicto colombiano, como el historiador de la Universidad Nacional Fabio Zambrano Pantoja o el sociólogo Alfredo Molano Bravo.
En las lecturas de referencia también se estudió un artículo de Gloria Gaitán, la hija de Jorge Eliécer Gaitán, y otro documento de la desmovilizada comandante del M-19 y exparlamentaria Vera Grabe.
Es importante detallar que la profesora Urrea enseñaba que en Colombia sí había conflicto armado, lo que produjo que el DAS la pusiera en la mira.
Para el G3 del gobierno de Uribe, la clase de la profesora Urrea era un asunto de seguridad nacional y por ello se ordenó promover una campaña de desprestigio contra ella para desvincularla del plantel.
Para tener una dimensión de esto es importante recordar lo que he establecido en otras columnas sobre el G3.
El G3 fue creado por el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez Martínez, condenado a 30 años de prisión como determinador responsable del homicidio del humorista Jaime Garzón. Era un grupo clandestino que operó desde marzo de 2003 hasta octubre de 2005, cuando Jorge Noguera renunció al cargo del DAS y fue nombrado por el presidente Uribe como cónsul de Milán, en Italia. Este grupo le informaba directamente al presidente.
El 3 de abril de 2009 la Fiscalía realizó una incautación bajo el radicado No. 45467 de los documentos de la Oficina de Archivos de la Subdirección de Análisis del DAS en donde estaban escondidos algunos expedientes del G3.
Los integrantes de este grupo siempre trataron de ser muy cuidadosos de no dejar evidencia por lo que la mayoría de las órdenes se transmitían verbalmente.
Ahora bien, en total la Fiscalía encontró 103 carpetas que contenían información de algunos seguimientos, operaciones de espionaje y montajes del G3 a los críticos de Uribe Vélez, entre los que se encuentran defensores de derechos humanos, políticos de oposición, periodistas independientes, magistrados y profesores. (Ver Las tareas del G3).
En esas carpetas se encuentra el documento 0033, que es la hoja de identificación del docente Alfredo Rafael Francisco Correa de Andreis como sujeto de espionaje y seguimientos ilegales. Se van a cumplir 15 años de su horrible homicidio. En esas carpetas también está la información sobre otros docentes como la profesora Urrea.
La persecución, ataque y hostigamiento a los maestros y académicos no es nueva. La pelea con Fecode es solo otro síntoma de una enfermedad mucho más peligrosa, como también lo es el ridículo y lamentable proyecto de ley del representante Rodríguez.
Si bien el líder del Centro Democrático ha dicho que no apoya ese proyecto, lo cierto es que el senador Uribe siempre ha difamado y estigmatizado a los profesores y ha querido cambiar la versión de los hechos que lo rodean a él. Los ejemplos son abundantes. (Ver Ataques a los maestros).