Censura internacional

El uribismo y el gobierno del presidente Iván Duque nunca se han sentido cómodos con el papel fiscalizador y de control de la prensa. Nunca. Ni tampoco con el de los medios internacionales que han sido críticos de su manejo del proceso de paz y también han realizado denuncias de escándalos importantes en esta administración.

Por eso preocupa que, como respuesta, el gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, esté efectuando una estrategia continuada de poner trabas inconstitucionales a los procesos migratorios de estos reporteros extranjeros y negando, sin justificación legal, visas a periodistas inmigrantes.

Igualito a Venezuela.

Han sido muchos los casos. Algunos quedaron retratados en un reciente artículo hecho por Colombia Reports, un medio de difusión de noticias de Colombia para el extranjero en idioma inglés, demostrando cómo se está constituyendo esa agresión a la libertad de prensa y de censura a los medios internacionales.

En ese artículo se cuenta, por ejemplo, el caso del periodista Brendan Corrigan en el que, pese a que la Cancillería ha respondido que su solicitud de visa no tenía todos los documentos, la verdad es que antes de eso le había informado en un correo electrónico que, en aplicación de la normatividad vigente, “se descartaba la visa para periodistas independientes o freelance”.

Las normas migratorias no descartan visas de inmigrante para periodistas independientes y el Ministerio de Relaciones Exteriores está utilizando su facultad discrecional que, por ejemplo, permite a las autoridades denegar la entrada a presuntos terroristas o pedófilos, para rechazar la prórroga de la visa a los que cumplen con la tarea de periodistas.

Es importante aclarar que la gran mayoría de periodistas que ejercen como corresponsales extranjeros en los diferentes países son freelance o independientes, y hacen este trabajo por contratos con diferentes medios de comunicación. Así ha funcionado ese sector de los medios hace muchos años.

Es por eso que la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, envió una comunicación a la Cancillería el pasado 13 de octubre en donde plantea su preocupación y relata que esto no es nuevo ya que, desde septiembre de 2018 cuando Iván Duque llegó a la Presidencia, a los corresponsales extranjeros se les viene exigiendo un título oficial de periodista para poder acreditarse como periodista extranjero en Colombia, requisito que es inconstitucional.

Para esa época, la FLIP emitió una comunicación en la cual documentó los casos de más de diez periodistas extranjeros a los que Migración Colombia les estaba imponiendo restricciones ilegales para el ejercicio de su oficio en el país.

De acuerdo con la Resolución 4065 de 2017, para solicitar una visa de migrante, los periodistas deben “contar con la cualificación o experticia para ejercer profesión de manera independiente”.

A pesar de que la ley es clara, las autoridades migratorias no están aceptando formas distintas de demostrar la cualificación y experticia que un título universitario lo cual hace que existan solicitudes presentadas por periodistas experimentados sin títulos universitarios en periodismo que están siendo rechazadas.

Varios de estos corresponsales extranjeros han tenido que abandonar el país, pese a que eran colaboradores de medios como The Guardian, The New York Times y The Washington Post.

La mayoría de estos periodistas que han tenido problemas con la Cancillería y que están en este momento en su proceso de obtener las visas o que han sido denegadas, no quisieron que su nombre se conociera y prefirieron hacer la denuncia de manera anónima ya que, con la excepción de Corrigan, “tienen temor a represalias por parte del gobierno”.

¿Exagerado? Para nada.

Recordemos que en mayo de 2019 una investigación publicada por el diario The New York Times (NYT) por el periodista Nicholas Casey, denunció el regreso de las políticas dentro de las Fuerzas Armadas en Colombia que llevaron al asesinato de civiles para presentarlos como guerrilleros, hecho que se conoció como el oscuro capítulo de los falsos positivos.

La denuncia de Casey implicó que el entonces Canciller, Carlos Holmes Trujillo y el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, enviaran una dura carta al diario para desmentir el artículo diciendo que era un reportaje incompleto y no objetivo con “citas parciales”.

En respuesta a esa comunicación el editor ejecutivo del diario NYT, Dean Baquet, contestó más durito con otra carta y planteó, sin necesidad alguna, el riguroso proceso de verificación de las fuentes y las denuncias y el manejo objetivo del tema del artículo para que no quedara dudas de los hechos ciertos ahí presentados.

Eso obligó al Canciller a viajar a Nueva York a reunirse con las directivas del periódico para explicarles su posición y tratar de hacerle contrapeso a la grave denuncia y al mal sabor que había generado la irresponsable carta del gobierno en cabeza del Ministerio de Defensa y de Relaciones Exteriores.

“Nuestro propósito era establecer un diálogo franco, tranquilo y constructivo, para efectos de poner en su conocimiento (NYT) razones que condujeron a la definición de la política de paz con legalidad del presidente Iván Duque, a cerca de la manera como se está adelantando la implementación (de los acuerdos de paz) dentro de esa política, es decir implementación con reformas mediante consensos y mecanismos institucionales. Puedo decirles a los colombianos que fue una muy buena reunión”, dijo en su momento el canciller Holmes Trujillo.

Pues nada más falso.

Gracias a un artículo de la revista Semana titulado “Las carpetas secretas” se conocieron las pruebas que demuestran que, en el mismo momento en que el Canciller y hoy ministro de Defensa estaba en las oficinas del diario NYT defendiendo al Ejército y diciendo que no estaban haciendo lo que establecía la denuncia periodística, el mismo Ejército estaba ejecutando un programa de seguimiento informático y perfilamiento de políticos de la oposición, magistrados, ONG y varios periodistas, algunos extranjeros, entre los cuales estaba el periodista Nicholas Casey.

Irónico por no decir lo menos.

Eso sin olvidar que la senadora del partido de gobierno, María Fernanda Cabal, en su cuenta de Twitter, calificó al The New York Times como publicación de imprecisa, tendenciosa, con falta de rigor y “rey de los fake news”. También atacó al periodista Casey cuestionándolo y preguntando cuánto le habrían pagado las Farc por escribir ese artículo y afirmando de manera falsa que el reportero pertenecía a una élite de izquierda y que era más activista que periodista. (Ver La Canciller).

Las acciones del Ejército, los insultos de varios miembros del partido de gobierno, las críticas, los ataques con falsedades que lanzaron en contra de Nicholas Casey y que generaron amenazas de muerte, lo obligaron a salir del país.

Entonces es completamente justificado el miedo que sienten los otros periodistas extranjeros y que los lleva a hacer de manera anónima esta denuncia de las trabas que les está poniendo la Cancillería con sus procesos de visas para evitar que hagan su trabajo.

Porque, como es conocido, y no solo en contra de los periodistas extranjeros, muchos miembros del uribismo tienen la acostumbrada estrategia de criminalizar a los periodistas que investigan o realizan denuncias en contra del gobierno. Incluso poniendo en riesgo su vida con ataques llenos de mentiras. Igual que en Venezuela.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com