“No podemos dejar que otra generación fracase”. Este es, según el diario El Tiempo, el deseo que llevó al Ministerio de Educación a la decisión (“sin precedentes”) de decretar una nueva evaluación a los planteles educativos.
Cada colegio responderá por la evolución académica de sus alumnos y se introducirá un Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE). Según distintos funcionarios, el Índice, “inspirado en un modelo de Minas Gerais (Brasil)”, no sólo tendrá en cuenta los resultados en las Pruebas Saber, sino que también incluirá mediciones en progreso (si el colegio mejora), eficiencia (si los estudiantes pasan el año) y ambiente escolar (contexto en que se toman las clases). Si el colegio mejora recibirá un premio: “Desde el vigilante hasta el rector tendrán un salario adicional”.
Desde el Ministerio se recalcó también que la medida, a través de la cual los colegios (“ahora sí”) “pasarán al tablero”, promueve “uno de los pilares del gobierno del presidente Santos que es la equidad”. “El sistema debe formar al niño que queremos y responder por eso, no por lo que le da o no al colegio con el presupuesto que tiene. No es justo que en Chocó, Córdoba o Santander un porcentaje alto de los jóvenes sea analfabeta o esté en niveles insuficientes, con el mismo presupuesto que maneja un colegio privado promedio en Bogotá como el Campo David, que tiene tan buenos resultados”, afirmó la ministra Parody.
Se hacen entonces dos apuestas: la primera por una ruptura con el pasado y la segunda por la equidad. A ambas se les pueden dar algunas vueltas. El punto y aparte con respecto a iniciativas pasadas no es tan preciso (cambian sólo las formas de medir) y suena además algo agresivo. No sólo con los maestros a quienes se les anuncia que por primera vez van a tener que presentar resultados (lo que deja dicho que antes no lo hacían), sino con los egresados recientes de colegios públicos a quienes se tilda sin rodeos de “fracasados”.
Pero, sobre todo, resultará problemático ponderar uno de los componentes del ISCE: el “ambiente escolar”. Pues se quiere evaluar el contexto sin tener en cuenta las condiciones asimétricas del mismo. Las instalaciones, las vías y los medios de transporte hasta el colegio, alimentación en los hogares, acceso a trabajo digno de los padres, oportunidades educativas que han tenido los profesores. Nada de esto hace presencia, por ahora, en las políticas, que tendrían que nivelar o garantizar la igualdad en los puntos de partida, antes de poner a competir por sueldos extras.
Tampoco se ha reflexionado sobre las implicaciones de poner en marcha un decreto sin consultarlo con los maestros (principalmente aquellos de los planteles que recibieron los puntajes más bajos). En este sentido, la medida no asegura una gran innovación, pues es probable que los mejores mejoren (haciendo lo que ya saben hacer) y reciban los incentivos. Así, la educación continuará reproduciendo desigualdades.