Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cuenta con 36 países miembros y se encarga de emitir directrices sobre las mejores prácticas en materia económica, laboral, medioambiental, tributaria y medidas contra la corrupción y para el buen gobierno de las empresas públicas y privadas. Hace también análisis del comportamiento del grupo y de cada uno de sus miembros. Colombia es el socio 37 y el más pobre en términos de ingreso por habitante, después de México y Chile.
Las directrices emanadas de la OCDE no son de obligatorio cumplimiento, a pesar de las reservas de los profetas del desastre que advierten que está en juego nuestra soberanía. Ellos temen que “se imponga el pensamiento económico dominante sobre las finanzas sanas”, a favor de las finanzas enfermizas, me imagino. Las directrices sí constituyen una presión por el lado de los argumentos y de la autoridad moral de países serios a favor de políticas que contribuyan al desarrollo incluyente. Por ejemplo, las medidas de protección a la actividad sindical han sido acogidas por el Gobierno colombiano, gracias a las prácticas que defiende la OCDE, después de que fuera tan vulnerada durante la era Uribe.
Con relación al medio ambiente, el impuesto a las bolsas plásticas y el que recae sobre el carbono en Colombia, que han contribuido a protegerlo, fueron resultado de una de estas directrices. Atendiendo a la regulación de la competencia, la mayor independencia de las superintendencias con períodos fijos de cuatro años para sus titulares le puede dar más dientes a su vigilancia, aunque a veces defiendan a los oligopolios contra los consumidores.
El promedio del tamaño del Estado en las economías de la OCDE es de 34 % del PIB, que va del 47 % para Dinamarca al 16,5 % para México, lo que sugiere que la civilización política y el avance social requieren de un Estado grande. Colombia grava sólo el 14,5 % del PIB para alimentar su enclenque Estado, que además tiene enormes problemas de corrupción, ausencia de burocracia educada e ineficiencia sistémica.
La organización también es ejemplo de tributación justa. Mientras en la OCDE el impuesto a la renta de las personas alcanza el 8,4 % del PIB, en Colombia es de sólo 1 %; si acá los impuestos a las empresas están en 6,5 % del PIB, en el promedio OCDE es de 2,8 %. La nuestra es una mezcla socialmente inequitativa y contraproducente para el desarrollo económico. Igualmente, acá son bajos los impuestos a la propiedad inmueble e inexistentes para las grandes propiedades rurales. En cada uno de sus países miembros, el catastro está actualizado y sirve para asegurar los derechos de propiedad de todos los ciudadanos, lo que permite profundizar los mercados de tierras y de arriendos, algo que no sucede por estos lares. También, en Colombia es desproporcionada la carga que recae sobre trabajadores y patrones para financiar las pensiones y las contribuciones a la salud, pues en la OCDE el Estado más fuerte sirve para asumir una parte importante de los costos de la seguridad social.
La OCDE sugiere respetar los derechos de propiedad en general y los de propiedad intelectual en particular, lo que incluye patentes sobre inventos y fármacos. En Colombia no hay lucha contra la piratería de películas, música y otras obras, que se deberá emprender hacia futuro. En casi todos los países miembros hay monopsonios estatales que logran abaratar los medicamentos utilizados en sus sistemas de salud, con la excepción de Estados Unidos.