Desde 1964, cuando la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) adquirió el predio denominado Valmaría, ubicado al norte de Bogotá con una extensión de 313.365 m2, se ha conservado en su comunidad el sueño de construir una moderna sede que albergue la formación de maestras y maestros del país.
Pues bien, después de más cuarenta años sin posibilidades financieras para adelantar la construcción, la quimera pareció acercarse cuando la Universidad obtuvo el Plan Parcial Valmaría, adoptado por medio del Decreto 447 de 2005 del Distrito de Bogotá. No obstante, en dicho plan se establecieron como obligaciones para la UPN: diseñar, construir y dotar la Avenida Las Villas que atraviesa el predio, y construir seis parques, dos vías locales y un cruce hacia el vecino barrio San José. Así las cosas, como si se tratara de una urbanizadora con ánimo de lucro, a la Universidad no solo se le condenó a suplir obligaciones que superan con creces el valor de las edificaciones educativas a levantar allí, sino que se le exigió tal cumplimiento como fundamento para la aprobación de cualquier licencia de construcción.
Para financiar las obras educativas, el Congreso de la República expidió la Ley 1489 de 2011 que creó la Estampilla Pro-UPN, la cual fue reglamentada, a su vez, por el Acuerdo 568 del 26 de septiembre de 2014, emanado del Concejo de Bogotá, a través del cual se aprobó la emisión y recaudo de tal estampilla. Hoy la Universidad tiene en su haber la suma de $115.119 millones, resultantes de las transferencias realizadas por la Secretaría de Hacienda Distrital y los rendimientos financieros. Por ley, la estampilla continuará su recaudo hasta completar $250 mil millones. Se comprende, sin embargo, que tal cantidad no alcanzaría siquiera para construir un solo carril de la citada avenida.
Una y otra vez, la UPN ha buscado soluciones al enredo. En 2017 radicó para estudio de la curaduría urbana un proyecto que posponía las obligaciones viales para después de las primeras construcciones educativas. La propuesta fue devuelta al entrar en vigor el Decreto 088 de 2017, conocido como “Plan de Ordenamiento Zonal Lagos de Torca” que, en lugar de beneficiar a la universidad, estableció nuevos requerimientos para la construcción en el sector. Posteriormente se creyó que, gracias al Decreto 049 de 2018, se abría la posibilidad de tramitar la licencia de construcción para los edificios, una vez se entregasen al DADEP (Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público) las áreas correspondientes a la avenida Las Villas. No fue así, con los mojones ya tendidos y las escrituras en minuta, se advirtió por parte de la Subdirección de Registro Inmobiliario del DADEP que dicha cesión estaba sujeta al “avance en la ejecución de las obras en las zonas de cesión de uso público” incluida, desde luego, la avenida Las Villas.
Bajo la alcaldía de Claudia López, se instó a la Universidad para que concertara la situación con los funcionarios adscritos al Plan Zonal de Lagos de Torca. En criterio de los técnicos se adujo, entonces, que el proyecto Valmaría solo podría realizarse por dos vías: sujetarse a la edificabilidad del Decreto 088 de 2017 y entregar al Fideicomiso el suelo para que éste realice las obras viales y de urbanismo que luego pagará la Universidad, o desarrollar el proyecto bajo el Plan Parcial Valmaría entregando el terreno y las obras viales y de urbanismo ya hechas al IDU. En cualquier caso, desde luego, las costosas obras seguirían a cargo de la Universidad.
En los últimos años, y ante la inexistencia de recursos para construir lo requerido, el predio se ha convertido en objeto de diversos atentados a la propiedad: maleantes que a través de documentos falsos intentan manipular la matrícula inmobiliaria, incursiones incluso armadas para apoderarse de varias hectáreas, invasores con bovinos y caninos que deambulan por el incipiente campus universitario amenazando a estudiantes y docentes. Actualmente se adelantan cinco querellas en Inspecciones de la localidad de Suba sin que se produzca un fallo ágil y lógico que haga respetar la propiedad pública.
Mientras tanto, la Universidad Pedagógica padece uno de los más inhumanos hacinamientos en sus instalaciones de la calle 72: solo tres metros cuadrados por estudiante; un centenar de baterías sanitarias para cerca de 8000 estudiantes y 800 docentes que transitan por el campus; un comedor con capacidad para 320 comensales que atiende a más de 1500 diarios, obligados a consumir sus alimentos en el suelo; sus redes eléctricas e hidráulicas obsoletas, las cubiertas de los edificios fracturadas y proclives al derrumbe; insuficiencia de espacios especializados para bienestar y trabajo autónomo; sin accesibilidad en parte alguna para personas con movilidad reducida y rezando todos para que un fuerte temblor no cause una tragedia. Mientras tanto, las instalaciones improvisadas e inclementes de Valmaría alojan desde hace 17 años a 1568 estudiantes diarios que soportan indecibles incomodidades y padecimientos.
A la Ministra de Educación, Aurora Vergara, enterada de las necesidades de las IES públicas, al Alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, exalumno del IPN y amigo de la educación, a la Secretaria de Educación, Isabel Segovia, conocedora de la UPN, a los Secretarios de Gobierno y Planeación del Distrito, Gustavo Quintero y Miguel Silva, informados y conscientes de la deplorable situación, al director de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, Víctor Saavedra, también conocedor directo y amigo de la UPN, les pedimos que intervengan, intercedan o actúen para que este sueño que lleva ya 60 años, por fin se haga realidad. El artículo 599, numeral 7 del Decreto 555 de 2021, el “POT Bogotá reverdece”, estableció la posibilidad de modificar los planes parciales. Por favor, accedamos a eliminar de alguna forma las onerosas obligaciones que le han impedido edificar a la Universidad. No puede ser que la construcción de una vía, que de ninguna manera debe recaer sobre una institución educativa pública, se ponga por encima del sagrado y fundamental derecho a la educación.
* Rector(e) Universidad Pedagógica Nacional.
Desde 1964, cuando la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) adquirió el predio denominado Valmaría, ubicado al norte de Bogotá con una extensión de 313.365 m2, se ha conservado en su comunidad el sueño de construir una moderna sede que albergue la formación de maestras y maestros del país.
Pues bien, después de más cuarenta años sin posibilidades financieras para adelantar la construcción, la quimera pareció acercarse cuando la Universidad obtuvo el Plan Parcial Valmaría, adoptado por medio del Decreto 447 de 2005 del Distrito de Bogotá. No obstante, en dicho plan se establecieron como obligaciones para la UPN: diseñar, construir y dotar la Avenida Las Villas que atraviesa el predio, y construir seis parques, dos vías locales y un cruce hacia el vecino barrio San José. Así las cosas, como si se tratara de una urbanizadora con ánimo de lucro, a la Universidad no solo se le condenó a suplir obligaciones que superan con creces el valor de las edificaciones educativas a levantar allí, sino que se le exigió tal cumplimiento como fundamento para la aprobación de cualquier licencia de construcción.
Para financiar las obras educativas, el Congreso de la República expidió la Ley 1489 de 2011 que creó la Estampilla Pro-UPN, la cual fue reglamentada, a su vez, por el Acuerdo 568 del 26 de septiembre de 2014, emanado del Concejo de Bogotá, a través del cual se aprobó la emisión y recaudo de tal estampilla. Hoy la Universidad tiene en su haber la suma de $115.119 millones, resultantes de las transferencias realizadas por la Secretaría de Hacienda Distrital y los rendimientos financieros. Por ley, la estampilla continuará su recaudo hasta completar $250 mil millones. Se comprende, sin embargo, que tal cantidad no alcanzaría siquiera para construir un solo carril de la citada avenida.
Una y otra vez, la UPN ha buscado soluciones al enredo. En 2017 radicó para estudio de la curaduría urbana un proyecto que posponía las obligaciones viales para después de las primeras construcciones educativas. La propuesta fue devuelta al entrar en vigor el Decreto 088 de 2017, conocido como “Plan de Ordenamiento Zonal Lagos de Torca” que, en lugar de beneficiar a la universidad, estableció nuevos requerimientos para la construcción en el sector. Posteriormente se creyó que, gracias al Decreto 049 de 2018, se abría la posibilidad de tramitar la licencia de construcción para los edificios, una vez se entregasen al DADEP (Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público) las áreas correspondientes a la avenida Las Villas. No fue así, con los mojones ya tendidos y las escrituras en minuta, se advirtió por parte de la Subdirección de Registro Inmobiliario del DADEP que dicha cesión estaba sujeta al “avance en la ejecución de las obras en las zonas de cesión de uso público” incluida, desde luego, la avenida Las Villas.
Bajo la alcaldía de Claudia López, se instó a la Universidad para que concertara la situación con los funcionarios adscritos al Plan Zonal de Lagos de Torca. En criterio de los técnicos se adujo, entonces, que el proyecto Valmaría solo podría realizarse por dos vías: sujetarse a la edificabilidad del Decreto 088 de 2017 y entregar al Fideicomiso el suelo para que éste realice las obras viales y de urbanismo que luego pagará la Universidad, o desarrollar el proyecto bajo el Plan Parcial Valmaría entregando el terreno y las obras viales y de urbanismo ya hechas al IDU. En cualquier caso, desde luego, las costosas obras seguirían a cargo de la Universidad.
En los últimos años, y ante la inexistencia de recursos para construir lo requerido, el predio se ha convertido en objeto de diversos atentados a la propiedad: maleantes que a través de documentos falsos intentan manipular la matrícula inmobiliaria, incursiones incluso armadas para apoderarse de varias hectáreas, invasores con bovinos y caninos que deambulan por el incipiente campus universitario amenazando a estudiantes y docentes. Actualmente se adelantan cinco querellas en Inspecciones de la localidad de Suba sin que se produzca un fallo ágil y lógico que haga respetar la propiedad pública.
Mientras tanto, la Universidad Pedagógica padece uno de los más inhumanos hacinamientos en sus instalaciones de la calle 72: solo tres metros cuadrados por estudiante; un centenar de baterías sanitarias para cerca de 8000 estudiantes y 800 docentes que transitan por el campus; un comedor con capacidad para 320 comensales que atiende a más de 1500 diarios, obligados a consumir sus alimentos en el suelo; sus redes eléctricas e hidráulicas obsoletas, las cubiertas de los edificios fracturadas y proclives al derrumbe; insuficiencia de espacios especializados para bienestar y trabajo autónomo; sin accesibilidad en parte alguna para personas con movilidad reducida y rezando todos para que un fuerte temblor no cause una tragedia. Mientras tanto, las instalaciones improvisadas e inclementes de Valmaría alojan desde hace 17 años a 1568 estudiantes diarios que soportan indecibles incomodidades y padecimientos.
A la Ministra de Educación, Aurora Vergara, enterada de las necesidades de las IES públicas, al Alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, exalumno del IPN y amigo de la educación, a la Secretaria de Educación, Isabel Segovia, conocedora de la UPN, a los Secretarios de Gobierno y Planeación del Distrito, Gustavo Quintero y Miguel Silva, informados y conscientes de la deplorable situación, al director de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, Víctor Saavedra, también conocedor directo y amigo de la UPN, les pedimos que intervengan, intercedan o actúen para que este sueño que lleva ya 60 años, por fin se haga realidad. El artículo 599, numeral 7 del Decreto 555 de 2021, el “POT Bogotá reverdece”, estableció la posibilidad de modificar los planes parciales. Por favor, accedamos a eliminar de alguna forma las onerosas obligaciones que le han impedido edificar a la Universidad. No puede ser que la construcción de una vía, que de ninguna manera debe recaer sobre una institución educativa pública, se ponga por encima del sagrado y fundamental derecho a la educación.
* Rector(e) Universidad Pedagógica Nacional.