En 1994, la llamada “Misión de sabios” propuso, entre diversas tareas para alcanzar el desarrollo en Colombia, adoptar una política de Estado que impulsara a largo plazo el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación; sin embargo, como sucedió con la mayoría de sus propuestas, se hizo exactamente lo contrario: leyes, planes e incluso documentos aprobados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (documentos Conpes) cayeron al vacío o tropezaron con una voluntad política ajena a los compromisos presupuestales.
En la sucesiva era de los planes nacionales de desarrollo, la reducción paulatina del presupuesto para la inversión en ciencia y tecnología se convirtió en historia repetida. En lugar de su incremento, algunos planes invitaron incluso a “racionalizar los escasos recursos públicos” o a “incentivar la inversión privada”, que ya se conocía ajena.
Álvaro Uribe Vélez, como candidato, prometió en su campaña de 2002 dedicar el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) a la investigación. No lo cumplió como presidente. En su Plan de desarrollo se propuso alcanzar el 0,6%, pero tampoco lo logró. Por el contrario, durante su primer gobierno, los recursos para Colciencias se recortaron en más de la tercera parte, y se pasó de 81 mil a 52 mil millones de pesos por año. En valores constantes, la caída superó el 40% y se destinó más dinero a los casinos militares que a la investigación científica.
Mientras países como Estados Unidos y Corea destinaban recursos equivalentes al 3 y 4% de su PIB, en Colombia se destinó el 0,23% del PIB a ciencia y tecnología, en tanto que la inversión privada apenas alcanzó el 0,078%. Al finalizar el segundo mandato de Uribe Vélez, la participación del PIB en el sector alcanzaba apenas el 0,16%.
En 2011, bajo el Gobierno Santos y con la aprobación de la reforma constitucional de regalías, se creyó alcanzar una dedicación del 0,5% del PIB para ciencia, tecnología e innovación; sin embargo, la esperanza se desinfló precipitadamente. Con el propósito de descentralizar los recursos, la reglamentación para su distribución superpuso el poder regional a las necesidades nacionales de la producción académica y científica, y no logró garantizarse a plenitud la calidad de los proyectos ni la eficiencia o relevancia de las inversiones.
En teoría, el sistema orientó el porcentaje dispuesto de las regalías a una supuesta “innovación para la competitividad”, que pregonaba el esquema de propiciar la inserción exitosa del país en los tratados de libre comercio y no en las realidades primarias de la investigación científica y tecnológica para la educación y la organización productiva. Al final, la selección de los proyectos quedó en manos de los gobernadores y el papel de Colciencias se redujo al otorgamiento de un aval de calidad. No hubo convocatorias públicas ni concursos en derecho y mérito; no se trazaron horizontes ni existió tampoco una visión nacional clara; no se le dio “juego” a la investigación en educación y pedagogía ni a las ciencias básicas. En consecuencia, el sistema generó un déficit de ejecución basado no en la falta de calidad de muchos proyectos, que no lograron presentarse por la negativa de los gobernadores que privilegiaban sus propias ideas y planes de desarrollo o, también hay que decirlo, por la avidez de mermelada que podía esparcirse con la administración de algunos proyectos admitidos.
Cerca de un billón y medio de pesos sin ejecutar reposa hoy en las arcas del Estado y constituye, sin duda, un rubro nada despreciable; sin embargo, la propuesta presentada el 28 de enero por el presidente Santos a una cumbre de gobernadores es dedicar tal fondo a la construcción de vías terciarias.
Craso error. En los años ochenta, cuando llegaron los primeros computadores de escritorio IBM a Colombia, un pequeño empresario me contaba su dilema: comprar computadores o ampliar la planta física de su industria. Lo resolvió con lógica: los computadores le darían con el tiempo para una nueva edificación, mientras los ladrillos no podrían darle después para los computadores.
Las innovaciones, sean en productos o en procesos tecnológicos, son consecuencia de la creatividad, pero, sobre todo, de inversiones en investigación y desarrollo, ciencia y tecnología. Por supuesto, como enseñan los economistas, es difícil esperar grandes inversiones en innovación, a menos que haya empresas con gran capacidad de financiamiento que requieran desarrollar e incorporar nuevos productos a su oferta para no perder mercado, o haya subsidios o apoyos estatales claros que garanticen la rentabilidad de dichos desarrollos.
En Colombia no tenemos empresas como las chinas que permiten tasas mayores de crecimiento con tasas mayores de inversión, pero sí tenemos ahora la posibilidad irrepetible de entregar una inversión estatal considerable a proyectos de investigación que aseguren un cierto crecimiento económico en el horizonte, y, para ello, hay que reforzar lo que se tiene: la universidad y, particularmente —porque se trata de recursos públicos—, la universidad pública. Tal ha sido el modelo para el desarrollo alemán adoptado en la “Estrategia de Lisboa” para Europa: enfoque más amplio en las políticas de innovación, gestión de la propiedad intelectual, formación de recursos humanos calificados para la investigación, cambio organizacional en las empresas y patrones de crecimiento sostenibles ambiental y socialmente. Dicho modelo advierte, igualmente, la necesidad de relacionar la investigación científica con los doctorados y la construcción de una cultura científica e investigativa en todos los niveles de la educación.
No hay que endeudarse, entonces, para una “Colombia científica”, como también proyecta hacerlo el Gobierno nacional. Con las regalías tenemos un primer “plante”, como se expresan, con sabiduría, los campesinos. Ese billón y medio debiera tener otro destino: la universidad pública, y un solo objetivo: su inversión exclusiva en ciencia, tecnología e innovación.
Aclaración: Para facilitar la lectura y dada la cantidad de fuentes, no se incluye la publicación de las mismas.
* Rector Universidad Pedagógica Nacional
En 1994, la llamada “Misión de sabios” propuso, entre diversas tareas para alcanzar el desarrollo en Colombia, adoptar una política de Estado que impulsara a largo plazo el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación; sin embargo, como sucedió con la mayoría de sus propuestas, se hizo exactamente lo contrario: leyes, planes e incluso documentos aprobados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (documentos Conpes) cayeron al vacío o tropezaron con una voluntad política ajena a los compromisos presupuestales.
En la sucesiva era de los planes nacionales de desarrollo, la reducción paulatina del presupuesto para la inversión en ciencia y tecnología se convirtió en historia repetida. En lugar de su incremento, algunos planes invitaron incluso a “racionalizar los escasos recursos públicos” o a “incentivar la inversión privada”, que ya se conocía ajena.
Álvaro Uribe Vélez, como candidato, prometió en su campaña de 2002 dedicar el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) a la investigación. No lo cumplió como presidente. En su Plan de desarrollo se propuso alcanzar el 0,6%, pero tampoco lo logró. Por el contrario, durante su primer gobierno, los recursos para Colciencias se recortaron en más de la tercera parte, y se pasó de 81 mil a 52 mil millones de pesos por año. En valores constantes, la caída superó el 40% y se destinó más dinero a los casinos militares que a la investigación científica.
Mientras países como Estados Unidos y Corea destinaban recursos equivalentes al 3 y 4% de su PIB, en Colombia se destinó el 0,23% del PIB a ciencia y tecnología, en tanto que la inversión privada apenas alcanzó el 0,078%. Al finalizar el segundo mandato de Uribe Vélez, la participación del PIB en el sector alcanzaba apenas el 0,16%.
En 2011, bajo el Gobierno Santos y con la aprobación de la reforma constitucional de regalías, se creyó alcanzar una dedicación del 0,5% del PIB para ciencia, tecnología e innovación; sin embargo, la esperanza se desinfló precipitadamente. Con el propósito de descentralizar los recursos, la reglamentación para su distribución superpuso el poder regional a las necesidades nacionales de la producción académica y científica, y no logró garantizarse a plenitud la calidad de los proyectos ni la eficiencia o relevancia de las inversiones.
En teoría, el sistema orientó el porcentaje dispuesto de las regalías a una supuesta “innovación para la competitividad”, que pregonaba el esquema de propiciar la inserción exitosa del país en los tratados de libre comercio y no en las realidades primarias de la investigación científica y tecnológica para la educación y la organización productiva. Al final, la selección de los proyectos quedó en manos de los gobernadores y el papel de Colciencias se redujo al otorgamiento de un aval de calidad. No hubo convocatorias públicas ni concursos en derecho y mérito; no se trazaron horizontes ni existió tampoco una visión nacional clara; no se le dio “juego” a la investigación en educación y pedagogía ni a las ciencias básicas. En consecuencia, el sistema generó un déficit de ejecución basado no en la falta de calidad de muchos proyectos, que no lograron presentarse por la negativa de los gobernadores que privilegiaban sus propias ideas y planes de desarrollo o, también hay que decirlo, por la avidez de mermelada que podía esparcirse con la administración de algunos proyectos admitidos.
Cerca de un billón y medio de pesos sin ejecutar reposa hoy en las arcas del Estado y constituye, sin duda, un rubro nada despreciable; sin embargo, la propuesta presentada el 28 de enero por el presidente Santos a una cumbre de gobernadores es dedicar tal fondo a la construcción de vías terciarias.
Craso error. En los años ochenta, cuando llegaron los primeros computadores de escritorio IBM a Colombia, un pequeño empresario me contaba su dilema: comprar computadores o ampliar la planta física de su industria. Lo resolvió con lógica: los computadores le darían con el tiempo para una nueva edificación, mientras los ladrillos no podrían darle después para los computadores.
Las innovaciones, sean en productos o en procesos tecnológicos, son consecuencia de la creatividad, pero, sobre todo, de inversiones en investigación y desarrollo, ciencia y tecnología. Por supuesto, como enseñan los economistas, es difícil esperar grandes inversiones en innovación, a menos que haya empresas con gran capacidad de financiamiento que requieran desarrollar e incorporar nuevos productos a su oferta para no perder mercado, o haya subsidios o apoyos estatales claros que garanticen la rentabilidad de dichos desarrollos.
En Colombia no tenemos empresas como las chinas que permiten tasas mayores de crecimiento con tasas mayores de inversión, pero sí tenemos ahora la posibilidad irrepetible de entregar una inversión estatal considerable a proyectos de investigación que aseguren un cierto crecimiento económico en el horizonte, y, para ello, hay que reforzar lo que se tiene: la universidad y, particularmente —porque se trata de recursos públicos—, la universidad pública. Tal ha sido el modelo para el desarrollo alemán adoptado en la “Estrategia de Lisboa” para Europa: enfoque más amplio en las políticas de innovación, gestión de la propiedad intelectual, formación de recursos humanos calificados para la investigación, cambio organizacional en las empresas y patrones de crecimiento sostenibles ambiental y socialmente. Dicho modelo advierte, igualmente, la necesidad de relacionar la investigación científica con los doctorados y la construcción de una cultura científica e investigativa en todos los niveles de la educación.
No hay que endeudarse, entonces, para una “Colombia científica”, como también proyecta hacerlo el Gobierno nacional. Con las regalías tenemos un primer “plante”, como se expresan, con sabiduría, los campesinos. Ese billón y medio debiera tener otro destino: la universidad pública, y un solo objetivo: su inversión exclusiva en ciencia, tecnología e innovación.
Aclaración: Para facilitar la lectura y dada la cantidad de fuentes, no se incluye la publicación de las mismas.
* Rector Universidad Pedagógica Nacional