¿Cómo financiar las universidades públicas?
En diferentes proyectos de ley entregados al Congreso de la República para reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, así como en varias versiones de la propuesta que el Ministerio de Educación Nacional prepara para modificar dicha norma, se ha sugerido la adopción del Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) como base para el presupuesto que en adelante se asignará a las universidades oficiales.
En concreto, algún texto del articulado enuncia que los aportes presupuestales asignados a las universidades públicas “se calcularán tomando como base el presupuesto asignado a cada universidad en el año inmediatamente anterior por ese mismo concepto y ajustándose cada año por el ICES”. Se advierte, sin embargo, que “en casos en que el incremento anual del ICES” sea “inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, el aumento de los aportes “se ajustará con base en la variación del IPC”.
La propuesta se ha difundido casi sin debate y ha seguido su curso sin mayor oposición. No obstante, subyacen a ella diversos interrogantes. Para empezar, aclaremos que el ICES es un indicador que busca calcular las variaciones porcentuales promedio en una canasta representativa de los bienes y servicios consumidos por las universidades, cuyos resultados se publican semestralmente y no en forma anual. Sus ponderaciones se revisaron por última vez en 2014, aunque su diseño y métodos de cálculo datan de 1998.
Los resultados oficiales entregados por el DANE, difieren en varios sitios. Si nos atenemos a los boletines técnicos de esa entidad y, con cierto abuso metodológico, sumamos los cálculos semestrales del ICES de cada año para compararlos favorablemente con el índice de precios al consumidor del mismo calendario, sus relaciones serían las siguientes:
Para 2019, ICES 4,63, IPC 3,18. Ello significa que las universidades habrían incrementado su presupuesto en 4,63 %, obedeciendo al ICES de 2018, y no en 7,3 % resultado del IPC 2018 más el 3,5 % logrado con la movilización universitaria de ese año. Para 2020, ICES 4,19, IPC 3,80. Es decir, el presupuesto se habría incrementado en 4,19 % debido al ICES de 2019 y no en 7,8 % como realmente ocurrió. Aún si tomamos la información suministrada por otras tablas del DANE, el ICES habría tenido un valor sumatorio de los dos semestres en 6,9, inferior en casi un punto al incremento a la base que recibieron las universidades. En 2021, ICES 4,47, IPC 1,61. El presupuesto de las universidades públicas habría crecido únicamente en 4,47 %, y no en 6,11 % como sucedió gracias al IPC más 4,5 % acordado en 2018 con el gobierno Duque. En 2022, ICES 2,43, o 4,67, IPC 5,62. El incremento presupuestal habría sido de 5,62 % y no de 10,27 % como se obtuvo. Finalmente, para 2023, el presupuesto base de las universidades públicas habría tenido una variación de 13,12 % merced a que el IPC superó al ICES (8,32 % en 2022), y no del 18,12 %, resultante de sumar a la inflación el 5 % que asignó el gobierno actual. Aún con la otra fuente, que da a la sumatoria ICES 16,64 %, las universidades habrían obtenido un incremento menor.
No obstante, si tomáramos las cifras que ha construido la profesora Luz Karime Abadía de la Pontificia Universidad Javeriana con el Laboratorio de Economía de la Educación, los resultados serían más inquietantes, pues el ICES solo supera ligeramente a la inflación en el primer semestre de 2018, pero cae dramáticamente en el segundo, evento que se repite en 2020, sin que en los demás años logre descollar frente al IPC. Por consiguiente, de imperar la norma que se propone ahora como reforma a la Ley 30, los incrementos presupuestales de las universidades oficiales se habrían incrementado tan solo en el valor del IPC durante el período que analizamos. ¡Todo un retroceso a 1992, cuya aplicación por casi 30 años condujo al vasto movimiento estudiantil y profesoral de 2018!
Podríamos agregar muchas otras consideraciones de desconfianza frente al ICES, pero no hay espacio suficiente en una columna como la presente. A las universidades oficiales y a sus comunidades corresponde, entonces, plantear los interrogantes con preocupación. Al Ministerio de Educación Nacional (MEN) cuestionar la utilización del ICES como alternativa para el financiamiento futuro de la Educación Superior Pública. Desde luego, conservamos la confianza en la escucha de voces como la nuestra, en tanto el MEN ha sido ampliamente receptivo. Proponemos mantener el modelo actual de sumar anualmente al IPC puntos cuyo valor, lógica y objetivos pueden acordarse con el Sistema Universitario Estatal (SUE).
* Rector (E) Universidad Pedagógica Nacional
En diferentes proyectos de ley entregados al Congreso de la República para reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, así como en varias versiones de la propuesta que el Ministerio de Educación Nacional prepara para modificar dicha norma, se ha sugerido la adopción del Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) como base para el presupuesto que en adelante se asignará a las universidades oficiales.
En concreto, algún texto del articulado enuncia que los aportes presupuestales asignados a las universidades públicas “se calcularán tomando como base el presupuesto asignado a cada universidad en el año inmediatamente anterior por ese mismo concepto y ajustándose cada año por el ICES”. Se advierte, sin embargo, que “en casos en que el incremento anual del ICES” sea “inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, el aumento de los aportes “se ajustará con base en la variación del IPC”.
La propuesta se ha difundido casi sin debate y ha seguido su curso sin mayor oposición. No obstante, subyacen a ella diversos interrogantes. Para empezar, aclaremos que el ICES es un indicador que busca calcular las variaciones porcentuales promedio en una canasta representativa de los bienes y servicios consumidos por las universidades, cuyos resultados se publican semestralmente y no en forma anual. Sus ponderaciones se revisaron por última vez en 2014, aunque su diseño y métodos de cálculo datan de 1998.
Los resultados oficiales entregados por el DANE, difieren en varios sitios. Si nos atenemos a los boletines técnicos de esa entidad y, con cierto abuso metodológico, sumamos los cálculos semestrales del ICES de cada año para compararlos favorablemente con el índice de precios al consumidor del mismo calendario, sus relaciones serían las siguientes:
Para 2019, ICES 4,63, IPC 3,18. Ello significa que las universidades habrían incrementado su presupuesto en 4,63 %, obedeciendo al ICES de 2018, y no en 7,3 % resultado del IPC 2018 más el 3,5 % logrado con la movilización universitaria de ese año. Para 2020, ICES 4,19, IPC 3,80. Es decir, el presupuesto se habría incrementado en 4,19 % debido al ICES de 2019 y no en 7,8 % como realmente ocurrió. Aún si tomamos la información suministrada por otras tablas del DANE, el ICES habría tenido un valor sumatorio de los dos semestres en 6,9, inferior en casi un punto al incremento a la base que recibieron las universidades. En 2021, ICES 4,47, IPC 1,61. El presupuesto de las universidades públicas habría crecido únicamente en 4,47 %, y no en 6,11 % como sucedió gracias al IPC más 4,5 % acordado en 2018 con el gobierno Duque. En 2022, ICES 2,43, o 4,67, IPC 5,62. El incremento presupuestal habría sido de 5,62 % y no de 10,27 % como se obtuvo. Finalmente, para 2023, el presupuesto base de las universidades públicas habría tenido una variación de 13,12 % merced a que el IPC superó al ICES (8,32 % en 2022), y no del 18,12 %, resultante de sumar a la inflación el 5 % que asignó el gobierno actual. Aún con la otra fuente, que da a la sumatoria ICES 16,64 %, las universidades habrían obtenido un incremento menor.
No obstante, si tomáramos las cifras que ha construido la profesora Luz Karime Abadía de la Pontificia Universidad Javeriana con el Laboratorio de Economía de la Educación, los resultados serían más inquietantes, pues el ICES solo supera ligeramente a la inflación en el primer semestre de 2018, pero cae dramáticamente en el segundo, evento que se repite en 2020, sin que en los demás años logre descollar frente al IPC. Por consiguiente, de imperar la norma que se propone ahora como reforma a la Ley 30, los incrementos presupuestales de las universidades oficiales se habrían incrementado tan solo en el valor del IPC durante el período que analizamos. ¡Todo un retroceso a 1992, cuya aplicación por casi 30 años condujo al vasto movimiento estudiantil y profesoral de 2018!
Podríamos agregar muchas otras consideraciones de desconfianza frente al ICES, pero no hay espacio suficiente en una columna como la presente. A las universidades oficiales y a sus comunidades corresponde, entonces, plantear los interrogantes con preocupación. Al Ministerio de Educación Nacional (MEN) cuestionar la utilización del ICES como alternativa para el financiamiento futuro de la Educación Superior Pública. Desde luego, conservamos la confianza en la escucha de voces como la nuestra, en tanto el MEN ha sido ampliamente receptivo. Proponemos mantener el modelo actual de sumar anualmente al IPC puntos cuyo valor, lógica y objetivos pueden acordarse con el Sistema Universitario Estatal (SUE).
* Rector (E) Universidad Pedagógica Nacional