La formalización laboral de los docentes universitarios

Una confederación internacional de centrales sindicales nacionales (CSI), que agrupa a organizaciones de trabajadores de todo el mundo, ha elaborado el llamado “Índice Global de los Derechos”, que persigue visibilizar las acciones que en materia de protección o violación de derechos de los trabajadores adelanta cada país. Pues bien, en el histórico del Índice, Colombia figura, año tras año, entre los diez peores países del mundo para los trabajadores durante el período 2014-2021, no solo por los repetidos asesinatos de sindicalistas, sino también por los sistemas de contratación laboral y el desconocimiento continuo de los legales derechos laborales. En 2021, junto a Belarús, Camboya y Myanmar, por ejemplo, Colombia fue señalado como uno de los lugares de trabajo menos seguros para los trabajadores y con más restricciones para las actividades sindicales. En 2022, Colombia volvió a figurar entre los “diez peores países del mundo para la gente trabajadora”, en tanto los empleadores vulneran sus derechos y persiguen al sindicalismo “mediante despidos, o no renovando sus contratos”.

Una confederación internacional de centrales sindicales nacionales (CSI), que agrupa a organizaciones de trabajadores de todo el mundo, ha elaborado el llamado “Índice Global de los Derechos”, que persigue visibilizar las acciones que en materia de protección o violación de derechos de los trabajadores adelanta cada país. Pues bien, en el histórico del Índice, Colombia figura, año tras año, entre los diez peores países del mundo para los trabajadores durante el período 2014-2021, no solo por los repetidos asesinatos de sindicalistas, sino también por los sistemas de contratación laboral y el desconocimiento continuo de los legales derechos laborales. En 2021, junto a Belarús, Camboya y Myanmar, por ejemplo, Colombia fue señalado como uno de los lugares de trabajo menos seguros para los trabajadores y con más restricciones para las actividades sindicales. En 2022, Colombia volvió a figurar entre los “diez peores países del mundo para la gente trabajadora”, en tanto los empleadores vulneran sus derechos y persiguen al sindicalismo “mediante despidos, o no renovando sus contratos”.

Para el caso de los(as) profesores(as) universitarios(as), la estadística ofrecida por Luz Karime Abadía y el Laboratorio de Economía de la Educación ilustra claramente que no son la excepción con respecto a la precaria situación laboral de miles de trabajadores en nuestro país: el 80 % de ellos(as) está vinculado mediante figuras temporales como la docencia de cátedra, ocasional, transitoria, prestación de servicios, entre otras. Esto significa que, durante 3 o 4 meses, están en condición de desempleo; que ellos(as) y sus familias no cuentan con seguridad social durante estos periodos; que a muchos de ellos(as) no se les reconoce las prestaciones sociales a que tendrían derecho; que el requisito de semanas cotizadas para alcanzar una pensión se torna inalcanzable. En las universidades no oficiales, prima igualmente la vinculación por cátedra y el contrato a término fijo prevalece con creces sobre el de planta indefinido. Entre las públicas, son muy pocas las universidades que han podido brindar contratación por 11 meses o más a sus docentes. Por tales razones, frente a este desalentador panorama, se propone la formalización laboral docente como ruta para dignificar las condiciones laborales de dicho estamento.

En palabras de Byung-Chul Han, el(la) profesor(a) universitario(a) bien podría ser el “Prometeo cansado”: un ser agotado que es constantemente condenado por su libertad a la autoexplotación; una persona que, inscrita en la sociedad del rendimiento, se hace a sí misma responsable de su situación y, en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema, se rinde a la especial inteligencia del régimen neoliberal y acepta año tras año su precaria contratación laboral. Esta precariedad, en un riguroso análisis de Guy Standig, referido a Estados Unidos, Australia, Japón, China e India, entre otros países, pero aplicable a América Latina, muestra al “precariado” como una clase social en formación, y a la “precarización” como “un proceso en que el sujeto es sometido a presiones y experiencias que lo conducen a vivir una existencia frágil en el presente, sometido a incertidumbres acerca del futuro, con una identidad insegura y carente de un sentido de desarrollo posible por medio del trabajo y el estilo de vida” (Standing, The precariat, 2011, p. 16).

La mercantilización de la sociedad, que trae efectos como el citado para el profesorado universitario, ha sido estudiada también con aportes de cientistas sociales como David Harvey (2007) y Stuart Hall (2011). En sus conceptos, la lógica de la mercantilización ha conducido a la construcción de verdaderas sociedades de mercado en donde la formación integral y el papel de la educación son desplazados por la eficacia y lógica del dinero. Un influencer con éxito en sus redes podría enriquecerse fácilmente; un(a) profesor(a) universitario con doctorado y múltiples investigaciones de punta, nunca.

La perspectiva exige, entonces, acciones concretas. Si bien una buena parte de las medidas que se requiere implementar pasa por decisiones y expresiones de voluntad política al interior de las universidades, es claro que para culminar con éxito el proceso de formalización laboral docente en las IES públicas se requiere el compromiso del Gobierno Nacional con el aporte de nuevos recursos presupuestales orientados a este propósito.

En este orden de ideas, y de acuerdo con la gradualidad de la formalización laboral, se plantea como paso fundamental garantizar el respeto a los derechos laborales consagrados en la legislación y jurisprudencia vigentes. Diversas sentencias de la Corte Constitucional como las C-006 de 1996, C-614 de 2009 y C-171 de 2012, y fallos del Consejo de Estado como el del 4 de junio del 2009, han abierto el camino. Ahora nos corresponde su cumplimiento, y un diálogo franco y sincero para interlocutar con el Gobierno Nacional que permita presentar las necesidades específicas de cada institución, acompañadas de estudios académicos, técnicos y financieros. A partir de allí, es posible implementar la formalización laboral docente. De esta manera empezaremos a salir, sin duda, de la peor lista del Índice Global de los Derechos.

* Rector (E) Universidad Pedagógica Nacional.