El pasado 6 de marzo, tuvo lugar un cruento enfrentamiento desde las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional entre algunas personas con el rostro cubierto y el Esmad de la Policía. Al final de este choque ocurrió una fuerte explosión y se reportó como resultado, además, a cinco heridos de consideración, cuatro de ellos ajenos a la universidad. Estos hechos causaron diversas reacciones desde distintos sectores sociales. Los vecinos de la calle 72 manifestaron su descontento por dichos actos en su localidad; algunos medios y periodistas expresaron su inconformidad responsabilizando a las directivas y a la institución en su conjunto por supuestamente ser tolerantes con los actos violentos; y algunas autoridades expresaron la inminente “intervención” ante enfrentamientos similares que pudieran suceder en el futuro.
Sin embargo, no se intentó con claridad una reflexión sobre la base de que la universidad también fue vulnerada y que lo ocurrido es un hecho que no escapa a muchas entidades públicas y privadas en Colombia, o al Estado mismo, como a escuelas u otro tipo de instituciones en Estados Unidos y el mundo. En algunos discursos primó la condena al alma mater, antes que a la violencia.
Aunque la Universidad Pedagógica Nacional cumple con creces sus tareas misionales al ser la única en el país con todos sus programas de pregrado acreditados en alta calidad, ocupar un puesto destacado en investigación, contar con altos valores agregados de competencias genéricas en las pruebas Saber Pro, y registrar importantes logros en internacionalización y bienestar estudiantil, entre otros, el trabajo dedicado y serio que hacemos a diario se ensombrece cuando la atención se centra en hechos más propicios al espectáculo mediático y el señalamiento.
En esa misma fecha, quiero subrayar, la universidad recibía al inspector general de Enseñanza de las Matemáticas del Ministerio de Educación de Francia y a una docena de profesores del área en América Latina; reunía, así mismo, a todos los rectores de las universidades pedagógicas y de educación en este mismo ámbito del continente; lanzaba un diplomado superior en Ciencias Sociales que será realizado con docentes de Argentina, Ecuador, Uruguay, México y, desde luego, de la Pedagógica Nacional de Colombia; culminaba también un ciclo de formación con 44 maestros en ejercicio de la República del Paraguay, quienes permanecieron en Colombia por cerca de dos meses. No obstante, ninguno de estos hechos fue noticia. Por el contrario, algunos periodistas se ensañaron con la universidad atribuyendo erróneos y generalizados calificativos a sus estudiantes, profesores y directivos, y pidiendo la inmediata erradicación de su sede del centro financiero.
He aquí una desalentadora paradoja: una sociedad que podría demandar más y mejor educación pide, por el contrario, que la institución vulnerada y víctima, ahogada además por el desfinanciamiento que sufre todo el sector de la educación superior estatal, se lleve al paredón y salga del sector.
Al respecto, valdría la pena cuestionar por qué tuvo tanta resonancia la idea de expulsar a la Universidad del lugar que ocupa, en vez de mejorarle sus condiciones para que pueda garantizar el derecho a la educación con calidad a miles de jóvenes que allí se forman. Si el Estado brindara recursos para reconstruir la sede de la calle 72, para que sea acorde con las necesidades de la institución, por ejemplo, una infraestructura nueva arrojaría también mejores resultados misionales.
Por supuesto, asumimos con absoluta claridad que la universidad debe erguirse como escenario para la libre circulación de ideas, para la producción de conocimiento, la investigación, la ciencia, la tecnología y el arte. Repetimos hasta la saciedad que cualquier tipo de actor armado en su campus la deslegitima, la hiere en su esencia. La militarización y las armas en el escenario universitario no resultan compatibles con la libertad de pensamiento y de expresión, con las garantías que el saber exige para su discusión en creación. Por eso, una y otra vez hemos invitado a nuestros propios estudiantes a la reflexión: el campus universitario no puede ser teatro de violencias, sea cual sea la orilla desde la cual se agencien. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución y la ley nos ofrece esta posibilidad de pensar y de actuar. No hemos reclamado, como algún columnista piensa, cierta extraterritorialidad; simplemente reivindicamos el derecho a tomar nuestras propias decisiones.
Fueron estas las razones por las cuales promoví el pasado jueves 15 de marzo en el campus institucional una jornada de “ayuno y grito escrito” como acto simbólico y pedagógico para invitar a la comunidad universitaria a reflexionar sobre el respeto a la vida, sobre el sentido de la universidad como escenario para la producción de conocimiento, para la formación de un pensamiento crítico que pueda confrontar la guerra y el autoritarismo cavernario, y para la libertad de cátedra y de expresión. Los movimientos sociales (las mujeres, los ambientalistas, los animalistas, las comunidades de paz en Colombia) nos han enseñado un conjunto de acciones que no violentan a los contradictores y que sitúan en el escenario público propuestas creativas sin derramar una sola gota de sangre. Eso es lo que debemos hacer desde la universidad, comprometernos con una paz que solo es posible si destituimos los iconos heroicos y bélicos de la violencia.
Estar descalzo y permanecer sin alimento y en silencio durante 12 horas son actos que lideré como respuesta a quienes no respetan la vida y la ponen en riesgo con acciones de aventura que conducen solo a la mutilación de los sueños; como respuesta a quienes no respetan ni creen en la universidad como espacio público para la creatividad y la quieren desterrar, reducirla a un gueto o segregarla. Fue una manera, igualmente, de pedirle a la comunidad universitaria que se piense como tal y reafirme sin dubitaciones la consigna presente en su Plan de Desarrollo Institucional: la formación de maestras y maestros para una Colombia en paz.
* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.
El pasado 6 de marzo, tuvo lugar un cruento enfrentamiento desde las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional entre algunas personas con el rostro cubierto y el Esmad de la Policía. Al final de este choque ocurrió una fuerte explosión y se reportó como resultado, además, a cinco heridos de consideración, cuatro de ellos ajenos a la universidad. Estos hechos causaron diversas reacciones desde distintos sectores sociales. Los vecinos de la calle 72 manifestaron su descontento por dichos actos en su localidad; algunos medios y periodistas expresaron su inconformidad responsabilizando a las directivas y a la institución en su conjunto por supuestamente ser tolerantes con los actos violentos; y algunas autoridades expresaron la inminente “intervención” ante enfrentamientos similares que pudieran suceder en el futuro.
Sin embargo, no se intentó con claridad una reflexión sobre la base de que la universidad también fue vulnerada y que lo ocurrido es un hecho que no escapa a muchas entidades públicas y privadas en Colombia, o al Estado mismo, como a escuelas u otro tipo de instituciones en Estados Unidos y el mundo. En algunos discursos primó la condena al alma mater, antes que a la violencia.
Aunque la Universidad Pedagógica Nacional cumple con creces sus tareas misionales al ser la única en el país con todos sus programas de pregrado acreditados en alta calidad, ocupar un puesto destacado en investigación, contar con altos valores agregados de competencias genéricas en las pruebas Saber Pro, y registrar importantes logros en internacionalización y bienestar estudiantil, entre otros, el trabajo dedicado y serio que hacemos a diario se ensombrece cuando la atención se centra en hechos más propicios al espectáculo mediático y el señalamiento.
En esa misma fecha, quiero subrayar, la universidad recibía al inspector general de Enseñanza de las Matemáticas del Ministerio de Educación de Francia y a una docena de profesores del área en América Latina; reunía, así mismo, a todos los rectores de las universidades pedagógicas y de educación en este mismo ámbito del continente; lanzaba un diplomado superior en Ciencias Sociales que será realizado con docentes de Argentina, Ecuador, Uruguay, México y, desde luego, de la Pedagógica Nacional de Colombia; culminaba también un ciclo de formación con 44 maestros en ejercicio de la República del Paraguay, quienes permanecieron en Colombia por cerca de dos meses. No obstante, ninguno de estos hechos fue noticia. Por el contrario, algunos periodistas se ensañaron con la universidad atribuyendo erróneos y generalizados calificativos a sus estudiantes, profesores y directivos, y pidiendo la inmediata erradicación de su sede del centro financiero.
He aquí una desalentadora paradoja: una sociedad que podría demandar más y mejor educación pide, por el contrario, que la institución vulnerada y víctima, ahogada además por el desfinanciamiento que sufre todo el sector de la educación superior estatal, se lleve al paredón y salga del sector.
Al respecto, valdría la pena cuestionar por qué tuvo tanta resonancia la idea de expulsar a la Universidad del lugar que ocupa, en vez de mejorarle sus condiciones para que pueda garantizar el derecho a la educación con calidad a miles de jóvenes que allí se forman. Si el Estado brindara recursos para reconstruir la sede de la calle 72, para que sea acorde con las necesidades de la institución, por ejemplo, una infraestructura nueva arrojaría también mejores resultados misionales.
Por supuesto, asumimos con absoluta claridad que la universidad debe erguirse como escenario para la libre circulación de ideas, para la producción de conocimiento, la investigación, la ciencia, la tecnología y el arte. Repetimos hasta la saciedad que cualquier tipo de actor armado en su campus la deslegitima, la hiere en su esencia. La militarización y las armas en el escenario universitario no resultan compatibles con la libertad de pensamiento y de expresión, con las garantías que el saber exige para su discusión en creación. Por eso, una y otra vez hemos invitado a nuestros propios estudiantes a la reflexión: el campus universitario no puede ser teatro de violencias, sea cual sea la orilla desde la cual se agencien. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución y la ley nos ofrece esta posibilidad de pensar y de actuar. No hemos reclamado, como algún columnista piensa, cierta extraterritorialidad; simplemente reivindicamos el derecho a tomar nuestras propias decisiones.
Fueron estas las razones por las cuales promoví el pasado jueves 15 de marzo en el campus institucional una jornada de “ayuno y grito escrito” como acto simbólico y pedagógico para invitar a la comunidad universitaria a reflexionar sobre el respeto a la vida, sobre el sentido de la universidad como escenario para la producción de conocimiento, para la formación de un pensamiento crítico que pueda confrontar la guerra y el autoritarismo cavernario, y para la libertad de cátedra y de expresión. Los movimientos sociales (las mujeres, los ambientalistas, los animalistas, las comunidades de paz en Colombia) nos han enseñado un conjunto de acciones que no violentan a los contradictores y que sitúan en el escenario público propuestas creativas sin derramar una sola gota de sangre. Eso es lo que debemos hacer desde la universidad, comprometernos con una paz que solo es posible si destituimos los iconos heroicos y bélicos de la violencia.
Estar descalzo y permanecer sin alimento y en silencio durante 12 horas son actos que lideré como respuesta a quienes no respetan la vida y la ponen en riesgo con acciones de aventura que conducen solo a la mutilación de los sueños; como respuesta a quienes no respetan ni creen en la universidad como espacio público para la creatividad y la quieren desterrar, reducirla a un gueto o segregarla. Fue una manera, igualmente, de pedirle a la comunidad universitaria que se piense como tal y reafirme sin dubitaciones la consigna presente en su Plan de Desarrollo Institucional: la formación de maestras y maestros para una Colombia en paz.
* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.