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Voté por el Sí en 2016 y lloré la plebitusa. Apoyo el trabajo de la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, los proyectos productivos de los firmantes de las FARC y veo la alternatividad como ruta necesaria para una paz estable y duradera. Creo en eso y, sin embargo, quedé llena de dudas sobre la JEP luego de ver el documental Justicia transicional: siembras de impunidad*.
La película aborda el macrocaso 03 sobre ejecuciones extrajudiciales y se enfoca en Casanare. Muestra la audiencia de 2023 en la que 23 militares comparecientes escuchan intervenciones de 10 minutos de viudas, hermanos e hijos de los asesinados. Muchos asistentes portan camisetas blancas con la frase “¿Quién dio la orden?” y un 303 en la espalda. 303 eran los mal llamados “falsos positivos” contabilizados en Casanare. Hoy ya van 350.
El documental narra lo que ya sabemos: militares mataron muchachos ajenos al conflicto armado, los disfrazaron y los presentaron como bajas en combate. Lo impactante es escuchar a sus parientes que hoy preguntan a cuánta verdad deben renunciar en nombre de la paz.
Margarita Arteaga es periodista, trabajó en El Espectador y protagoniza el documental. Su familia buscó tres años a su hermano Kemel Mauricio, desaparecido en Yopal en marzo de 2007. En 2010 lograron identificarlo en una foto en el Batallón Ramón Nonato Pérez de Tauramena como “muerto en combate”. Tardaron otros cuatro años para hallar su cuerpo en una fosa común.
“La única verdad que he obtenido en la JEP fue por el cabo que lo remató: contó que, cuando le iban a disparar, Kemel abrió los brazos, los miró y dijo ‘si me van a matar, háganlo de frente’. De resto, la JEP no nos ha dicho nada nuevo. Todo han sido mentiras o asuntos que ya había investigado la Fiscalía”.
Esa frustración se expresa de múltiples maneras: “Es una burla que me digan que él no era guerrillero. Eso ya lo sabíamos”; “¿A quién beneficia el pacto de silencio de los militares?”; “Aún hay cuerpos desaparecidos”; “Hay dictámenes de dedos quemados y golpes, pero los militares no aceptan haber cometido torturas”; “¿La reparación es para los militares o para nosotros?”. Estas voces que dan la cara ante la cámara, pese al temor de saber que los implicados están libres, exigen que los beneficios jurídicos para los uniformados se sustenten con verdad completa y no con migajas de verdad: nombres de todos los implicados, incluyendo civiles como funcionarios del DAS y particulares que señalaron a las futuras víctimas o los entregaron al Ejército, y la explicación sobre cómo se conformó esa estructura criminal nacional que respondía a un patrón de crueldad: matar a habitantes de calle, pequeños delincuentes, consumidores de droga y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Los actos de reparación del mayor general Henry William Torres Escalante, comandante de la brigada del Ejército en Casanare, consisten hasta hoy en sembrar árboles en Sumapaz. Hace un mes ofreció despojarse de sus medallas militares para entregárselas a las víctimas. Estas consideran ese gesto como una afrenta, pero la JEP les informó que fijará la fecha para la ceremonia.
* “Justicia transicional: siembras de impunidad” es un documental de Mauricio Cardona Ramírez, producido por DhColombia, que se está exhibiendo en espacios académicos. El jueves 31 de octubre a las 4:00 p.m. se presenta en la Universidad de los Andes.
