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Siendo fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre señaló públicamente a Luis Alfonso Hoyos Aristizábal como un temible delincuente. Hoyos, número dos en la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014, fue acusado por el fiscal como el que financió las actividades ilegales del hacker y “como autor intelectual de muchas actividades delictivas”. El escándalo público que armó el fiscal fue un montaje, una farsa, un engaño, una patraña, una mentira, un fraude y una baladronada, como casi todo lo de Montealegre. Han pasado siete años desde esa época y hoy la plena inocencia de Luis Alfonso Hoyos quedó demostrada por la justicia penal. Pero no por prescripción ni por vencimiento de términos, sino porque las acusaciones no tenían mérito alguno.
Se pueden citar varios apartes de la sentencia de segunda instancia que declaró inocente a Hoyos, pero tal vez el fragmento más contundente es aquel en que el magistrado Leonel Rogeles del Tribunal Superior de Bogotá señala que las actividades ilícitas “se concretaron en una persona diferente al procesado”. Eso significa que la imputación de la Fiscalía fue una vergüenza, por carecer de fundamento alguno, es decir, porque no tenía nada que ver con Luis Alfonso Hoyos. La imputación fue un puro invento, como las acusaciones públicas de Montealegre.
Concierto para delinquir fue uno de los delitos imputados. Según la sentencia, “el tribunal no advierte la participación de Hoyos Aristizábal en la pregonada organización delincuencial”.
Ajeno por completo fue también Hoyos en relación con los otros delitos que se le imputaron sin sustento alguno. “No logró probarse que Luis Alfonso Hoyos hubiera tenido intervención alguna” en el supuesto delito de violación de datos personales, afirma el magistrado. “No se logró establecer la responsabilidad del procesado en la conducta de acceso abusivo a un sistema informativo”, expresa la sentencia.
Inocente fue también Hoyos frente al delito de uso de software malicioso y exento de responsabilidad se le declaró en cuanto a haber sembrado en alguien la ejecución de los delitos de espionaje y cohecho.
Eduardo Montealegre, en este como en otros casos, abusó de su poder. Imputó sin fundamento a un ciudadano, causándole daño ingente. Y causó daño a todos los ciudadanos colombianos, haciéndoles creer que había pruebas para la imputación. Fue un mandado político en campaña electoral en pro de Juan Manuel Santos, que sí se benefició con el daño causado a otros.