El país vive hoy una crisis de gobernabilidad y se está usando la paz, que es un bien supremo, para ahondarla.
Desde hace siete años, cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC, el Sistema Universitario Estatal (SUE) creó la mesa de gobernabilidad y paz, justo para ayudar a pensar esa tensión política que nos ha acompañado desde entonces. Dicha tensión se replica al interior de nuestras universidades y nos urge darle un manejo adecuado, para lo cual se deben realizar transformaciones importantes en las relaciones entre Estado, sociedad y universidad.
Del 10 al 12 de agosto del año en curso, se reunió esta mesa en la Universidad Industrial de Santander (UIS), con delegados de los Ministerios del Interior y Educación, para analizar las problemáticas de convivencia presentes en nuestros campus. Cada una de las universidades asistentes presentó un diagnóstico de las situaciones que inciden en su gobernabilidad y las estrategias diseñadas para mitigarlas. Constatamos los denodados esfuerzos que nuestras universidades realizan para enfrentar múltiples y graves situaciones que afectan a nuestros estudiantes y que tienen como efecto el fenómeno de las ventas ambulantes; las fiestas y los consumos de licor y sustancias psicoactivas; las expresiones violentas, que a veces se presentan con y sin justificación, así como las violencias basadas en género y los racismos.
Lo que concluimos en la mesa de gobernabilidad y paz es que estas situaciones no las podemos enfrentar aislados; necesitamos del Estado y de la sociedad. Para empezar, hacemos un llamado a terminar con la estigmatización, que desafortunadamente aún persiste hacia las y los jóvenes y hacia nuestras universidades mismas; a entender que son fenómenos que nos afectan como sociedad y que no los provocamos, más bien recaen sobre nosotros. Por eso debemos actuar de manera articulada para enfrentarlos.
Los ministerios que aceptaron la invitación a este encuentro se mostraron sensibles hacia nuestras preocupaciones; esperamos que concurran otras instancias del Estado para concretar acciones coordinadas que permitan actuar con una agenda cultural, deportiva, de atención psicológica y apoyos socioeconómicos y de convivencia, todo alrededor de un programa como el que presentó el Ministerio de Educación llamado “Escuela protectora y Segura”, diseñado para los colegios.
El gobierno ha dado un gran paso adhiriendo por fin a la declaración “Alianza Global para la Reducción del Riesgo de Desastres y Resiliencia en el Sector de la Educación” (GADRRES por sus siglas en inglés) que promueven desde hace siete años el Reino de Noruega y la Republica de Argentina. En el acto de la firma, el pasado mes de noviembre (2022), el gobierno declaraba:
“Lo que queremos es que las niñas, los niños y los adolescentes estén en el centro de la paz total, que sean ellos y ellas constructores de paz y para que eso se pueda lograr tenemos que garantizarles un entorno protector; un entorno donde no sean reclutados, donde los colegios no sean rodeados de minas, donde los actores armados no penetren; y además de eso, construir un espacio de diálogo. (…) Que sus voces sean escuchadas por quienes hacemos política pública”.
Eso mismo lo proponemos para nuestros campus universitarios. Además de atender de manera conveniente las difíciles condiciones socioeconómicas y socioemocionales de nuestros jóvenes, debemos avanzar hacia una nueva relación entre el Estado, la sociedad y la universidad para garantizar, no solo el derecho a la educación, sino a la convivencia pacífica en los campus y una vida digna para desplegar todas sus capacidades.
Por eso hemos insistido en la necesidad de que el gobierno ponga en las agendas de las mesas de negociación que adelanta con los diferentes actores armados, en busca de lo que han llamado la Paz Total, el tema de los jóvenes universitarios; no pueden seguir reclutándolos, ni usándolos como parte de la cadena de producción, distribución y consumo de drogas. El derecho a la educación es conexo al derecho a la paz y a las condiciones de vida digna.
Otra reunión importante, que trae buenos augurios, se realizó el 15 de agosto en el marco de la agenda de la mesa interuniversitaria de Bogotá; a dicha mesa asisten los rectores de las universidades públicas: Colegio Mayor de Cundinamarca, Nacional, Distrital y Pedagógica y las privadas: Andes y Javeriana, sus equipos de bienestar, la Personería Distrital y la Secretaría de Gobierno. En dicha mesa también se analizan las problemáticas y las alternativas relacionadas con la convivencia y el bienestar. En esta ocasión asistió la Sra. coronel Alba Patricia Lancheros, directora de La Unidad Nacional de Diálogo y de Mantenimiento del Orden-UNDMO (antiguo ESMAD). Además de escuchar nuestras preocupaciones por la forma como la policía ha tratado el orden público en nuestras universidades, presentaron la nueva estructura que se le ha dado a esta Unidad; por lo expuesto parece que se trata de una reforma de fondo en la manera como la policía se compromete a mantener el orden, basados en el diálogo y en los derechos humanos.
Si todo esto es cierto, estamos en la senda correcta hacia la garantía plena del derecho a la educación. Hemos entendido que la gobernabilidad es una condición para que la paz sea posible, y en el caso de las universidades, como en el terreno de la política nacional, debemos poner por encima el derecho que todos tenemos a la paz, antes de privilegiar los intereses políticos y económicos de unos pocos.
Esperamos que todo esto de inicio a la construcción de una nueva arquitectura institucional que ha de materializarse en la reforma de la Ley 30, donde debe establecerse la interlocución y la coordinación entre las instituciones del Estado, tal como se vislumbró en las reuniones que hemos comentado.
* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.
El país vive hoy una crisis de gobernabilidad y se está usando la paz, que es un bien supremo, para ahondarla.
Desde hace siete años, cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC, el Sistema Universitario Estatal (SUE) creó la mesa de gobernabilidad y paz, justo para ayudar a pensar esa tensión política que nos ha acompañado desde entonces. Dicha tensión se replica al interior de nuestras universidades y nos urge darle un manejo adecuado, para lo cual se deben realizar transformaciones importantes en las relaciones entre Estado, sociedad y universidad.
Del 10 al 12 de agosto del año en curso, se reunió esta mesa en la Universidad Industrial de Santander (UIS), con delegados de los Ministerios del Interior y Educación, para analizar las problemáticas de convivencia presentes en nuestros campus. Cada una de las universidades asistentes presentó un diagnóstico de las situaciones que inciden en su gobernabilidad y las estrategias diseñadas para mitigarlas. Constatamos los denodados esfuerzos que nuestras universidades realizan para enfrentar múltiples y graves situaciones que afectan a nuestros estudiantes y que tienen como efecto el fenómeno de las ventas ambulantes; las fiestas y los consumos de licor y sustancias psicoactivas; las expresiones violentas, que a veces se presentan con y sin justificación, así como las violencias basadas en género y los racismos.
Lo que concluimos en la mesa de gobernabilidad y paz es que estas situaciones no las podemos enfrentar aislados; necesitamos del Estado y de la sociedad. Para empezar, hacemos un llamado a terminar con la estigmatización, que desafortunadamente aún persiste hacia las y los jóvenes y hacia nuestras universidades mismas; a entender que son fenómenos que nos afectan como sociedad y que no los provocamos, más bien recaen sobre nosotros. Por eso debemos actuar de manera articulada para enfrentarlos.
Los ministerios que aceptaron la invitación a este encuentro se mostraron sensibles hacia nuestras preocupaciones; esperamos que concurran otras instancias del Estado para concretar acciones coordinadas que permitan actuar con una agenda cultural, deportiva, de atención psicológica y apoyos socioeconómicos y de convivencia, todo alrededor de un programa como el que presentó el Ministerio de Educación llamado “Escuela protectora y Segura”, diseñado para los colegios.
El gobierno ha dado un gran paso adhiriendo por fin a la declaración “Alianza Global para la Reducción del Riesgo de Desastres y Resiliencia en el Sector de la Educación” (GADRRES por sus siglas en inglés) que promueven desde hace siete años el Reino de Noruega y la Republica de Argentina. En el acto de la firma, el pasado mes de noviembre (2022), el gobierno declaraba:
“Lo que queremos es que las niñas, los niños y los adolescentes estén en el centro de la paz total, que sean ellos y ellas constructores de paz y para que eso se pueda lograr tenemos que garantizarles un entorno protector; un entorno donde no sean reclutados, donde los colegios no sean rodeados de minas, donde los actores armados no penetren; y además de eso, construir un espacio de diálogo. (…) Que sus voces sean escuchadas por quienes hacemos política pública”.
Eso mismo lo proponemos para nuestros campus universitarios. Además de atender de manera conveniente las difíciles condiciones socioeconómicas y socioemocionales de nuestros jóvenes, debemos avanzar hacia una nueva relación entre el Estado, la sociedad y la universidad para garantizar, no solo el derecho a la educación, sino a la convivencia pacífica en los campus y una vida digna para desplegar todas sus capacidades.
Por eso hemos insistido en la necesidad de que el gobierno ponga en las agendas de las mesas de negociación que adelanta con los diferentes actores armados, en busca de lo que han llamado la Paz Total, el tema de los jóvenes universitarios; no pueden seguir reclutándolos, ni usándolos como parte de la cadena de producción, distribución y consumo de drogas. El derecho a la educación es conexo al derecho a la paz y a las condiciones de vida digna.
Otra reunión importante, que trae buenos augurios, se realizó el 15 de agosto en el marco de la agenda de la mesa interuniversitaria de Bogotá; a dicha mesa asisten los rectores de las universidades públicas: Colegio Mayor de Cundinamarca, Nacional, Distrital y Pedagógica y las privadas: Andes y Javeriana, sus equipos de bienestar, la Personería Distrital y la Secretaría de Gobierno. En dicha mesa también se analizan las problemáticas y las alternativas relacionadas con la convivencia y el bienestar. En esta ocasión asistió la Sra. coronel Alba Patricia Lancheros, directora de La Unidad Nacional de Diálogo y de Mantenimiento del Orden-UNDMO (antiguo ESMAD). Además de escuchar nuestras preocupaciones por la forma como la policía ha tratado el orden público en nuestras universidades, presentaron la nueva estructura que se le ha dado a esta Unidad; por lo expuesto parece que se trata de una reforma de fondo en la manera como la policía se compromete a mantener el orden, basados en el diálogo y en los derechos humanos.
Si todo esto es cierto, estamos en la senda correcta hacia la garantía plena del derecho a la educación. Hemos entendido que la gobernabilidad es una condición para que la paz sea posible, y en el caso de las universidades, como en el terreno de la política nacional, debemos poner por encima el derecho que todos tenemos a la paz, antes de privilegiar los intereses políticos y económicos de unos pocos.
Esperamos que todo esto de inicio a la construcción de una nueva arquitectura institucional que ha de materializarse en la reforma de la Ley 30, donde debe establecerse la interlocución y la coordinación entre las instituciones del Estado, tal como se vislumbró en las reuniones que hemos comentado.
* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.