El proceso de paz total que el gobierno nacional ha iniciado con los diferentes grupos armados, que pretende, en palabras del Alto Comisionado para la Paz, no dejar espacios para ningún conflicto, apenas comienza, y no es fácil predecir cuál va a ser su desenlace. Quienes trabajamos en educación deseamos que tenga éxito, porque estamos seguros de que, desactivada la violencia en sus expresiones más orgánicas, podremos ofrecerle a nuestros niños, niñas y jóvenes, un presente más promisorio. Sabemos que la paz total es una utopía, y como tal es legítimo promoverla, pues tensiona muchas fuerzas en esa dirección, aunque nunca llegue a alcanzarse plenamente.
En las universidades, y en general en las instituciones educativas, no hacemos otra cosa que trabajar de manera persistente por la paz cotidiana, que aún nos es esquiva. En estos espacios nos encontramos con múltiples formas de violencias: económicas, sociales, de género, y los conocidos “tropeles”. Este fenómeno es una forma de expresión que, amparada en la capucha, usa las llamadas “papas bomba” para reivindicar causas difusas, muchas veces ajenas a las mismas instituciones.
Estas prácticas, agenciadas por actores de muy diversas procedencias, hacen presencia con relativa frecuencia en los campus universitarios sin que se pueda establecer con seguridad si sus protagonistas son realmente estudiantes. Las consecuencias de este fenómeno son realmente graves y nos generan muchos interrogantes: ¿cuántos jóvenes han muerto, o han quedado gravemente heridos?; ¿cuánto se ha perdido en términos económicos por los daños a las instalaciones?; ¿cuánto tiempo de la academia se ha desperdiciado?; ¿qué efectos psicológicos han producido en la comunidad universitaria?; ¿qué impacto tienen en las relaciones con la sociedad?; ¿cuánto malestar y cuánta frustración se genera entre la mayoría de jóvenes que quieren estudiar y construir un proyecto de vida digno?; en fin.
No tenemos un diagnóstico de los daños que el “tropel” le causa a la sociedad. Lo que sí sabemos es que pareciera que nos hemos acostumbrado a verlo como si fuera inevitable. Los medios de comunicación lo reseñan, casi siempre, con las mismas frases ya institucionalizadas: “Se presentaron disturbios en las inmediaciones de la universidad… cuantiosos daños y pérdidas materiales… jóvenes o policías heridos… mañana más deportes”.
Además de las fatales consecuencias físicas, psicológicas, económicas y educativas que nos ha generado el “tropel”, nos está condenando a cargar con un estigma y una marca maldita, que asocia a las universidades públicas y a los estudiantes con la violencia.
Las universidades públicas nos sentimos solas en esta lucha por erradicar de nuestros campus estas prácticas. Los intentos de diálogo y de persuasión, además de muchos tipos de medidas que se toman para mitigar los daños, nos agotan y tenemos que aceptar, a veces con rabia, a veces con resignación, que son inútiles; pero también sentimos que esto puede cambiar y el momento histórico puede ser este.
La paz total que busca el Gobierno tendría que extender su mirada hacia las universidades públicas y proponer una mesa especializada para negociar con todos los actores que, por diferentes razones, hacen presencia en ellas. No habría que esperar a que se desarmen los grupos con los que se están buscando acercamientos o con los que ya están sentados en alguna mesa, para que luego se desmonten los “tropeles”. No, la violencia en nuestras universidades es singular y tiene sus propios móviles, por esa razón se necesita una mesa especializada. Creemos que este es un asunto de Estado, y no de cada universidad aislada.
El Sistema Universitario Estatal (SUE) podría acordar con el gobierno nacional una estrategia para estructurar esta mesa. Por supuesto que no es fácil, requerirá mucha inteligencia, voluntad política, capacidad de escucha y acompañamiento de la sociedad. ¿Quién, si no las universidades tienen la inteligencia?, ¿quién, si no el gobierno nacional tendría la voluntad política? y esperaríamos de la sociedad todo el apoyo.
El Informe de la Comisión de la Verdad documentó parcialmente la forma como la violencia ha impactado a las universidades. En el encabezado de dicho apartado señala: “La universidad colombiana y los sectores sociales y políticos que la habitan no fueron ajenos a la violencia política, la estigmatización y la persecución por parte de agentes armados legales e ilegales”. En cinco capítulos hizo un recuento histórico, desde los años cincuenta, de esta realidad, y describe varios casos de universidades como la de Córdoba, de Antioquia, del Atlántico, la de Nariño y la Industrial de Santander. La descripción de los hechos es aterradora, como todos los apartados del Informe.
Las cifras que aporta deberían ser suficientes para que nos movilicemos ya, para declarar nuestros campus territorios de paz: 588 estudiantes universitarios asesinados entre 1962 y 2011, 37% de homicidios causados por agentes estatales, 194 estudiantes víctimas de tortura. Debemos profundizar este informe y contribuir con la Verdad de todo lo que nos ha sucedido en tantos años, para así contribuir a pasar la página de una vez por todas. Lo que nos deja ver este apartado es que hemos sido víctimas, y así debe reconocerlo formalmente el Estado.
Ya es hora de desnaturalizar este fenómeno, y de introducir con fuerza la tesis de que las universidades públicas son escenarios de paz, en los que podemos desplegar, con mayor libertad, todo nuestro potencial formador y transformador. Le extendemos esta invitación a la mesa de gobernabilidad y paz del SUE, para que conversemos con el alto gobierno y estructuremos una propuesta que debería ponerse a andar en muy corto tiempo. La paz total también pasa por nuestras universidades.
*Rector Universidad Pedagógica Nacional
El proceso de paz total que el gobierno nacional ha iniciado con los diferentes grupos armados, que pretende, en palabras del Alto Comisionado para la Paz, no dejar espacios para ningún conflicto, apenas comienza, y no es fácil predecir cuál va a ser su desenlace. Quienes trabajamos en educación deseamos que tenga éxito, porque estamos seguros de que, desactivada la violencia en sus expresiones más orgánicas, podremos ofrecerle a nuestros niños, niñas y jóvenes, un presente más promisorio. Sabemos que la paz total es una utopía, y como tal es legítimo promoverla, pues tensiona muchas fuerzas en esa dirección, aunque nunca llegue a alcanzarse plenamente.
En las universidades, y en general en las instituciones educativas, no hacemos otra cosa que trabajar de manera persistente por la paz cotidiana, que aún nos es esquiva. En estos espacios nos encontramos con múltiples formas de violencias: económicas, sociales, de género, y los conocidos “tropeles”. Este fenómeno es una forma de expresión que, amparada en la capucha, usa las llamadas “papas bomba” para reivindicar causas difusas, muchas veces ajenas a las mismas instituciones.
Estas prácticas, agenciadas por actores de muy diversas procedencias, hacen presencia con relativa frecuencia en los campus universitarios sin que se pueda establecer con seguridad si sus protagonistas son realmente estudiantes. Las consecuencias de este fenómeno son realmente graves y nos generan muchos interrogantes: ¿cuántos jóvenes han muerto, o han quedado gravemente heridos?; ¿cuánto se ha perdido en términos económicos por los daños a las instalaciones?; ¿cuánto tiempo de la academia se ha desperdiciado?; ¿qué efectos psicológicos han producido en la comunidad universitaria?; ¿qué impacto tienen en las relaciones con la sociedad?; ¿cuánto malestar y cuánta frustración se genera entre la mayoría de jóvenes que quieren estudiar y construir un proyecto de vida digno?; en fin.
No tenemos un diagnóstico de los daños que el “tropel” le causa a la sociedad. Lo que sí sabemos es que pareciera que nos hemos acostumbrado a verlo como si fuera inevitable. Los medios de comunicación lo reseñan, casi siempre, con las mismas frases ya institucionalizadas: “Se presentaron disturbios en las inmediaciones de la universidad… cuantiosos daños y pérdidas materiales… jóvenes o policías heridos… mañana más deportes”.
Además de las fatales consecuencias físicas, psicológicas, económicas y educativas que nos ha generado el “tropel”, nos está condenando a cargar con un estigma y una marca maldita, que asocia a las universidades públicas y a los estudiantes con la violencia.
Las universidades públicas nos sentimos solas en esta lucha por erradicar de nuestros campus estas prácticas. Los intentos de diálogo y de persuasión, además de muchos tipos de medidas que se toman para mitigar los daños, nos agotan y tenemos que aceptar, a veces con rabia, a veces con resignación, que son inútiles; pero también sentimos que esto puede cambiar y el momento histórico puede ser este.
La paz total que busca el Gobierno tendría que extender su mirada hacia las universidades públicas y proponer una mesa especializada para negociar con todos los actores que, por diferentes razones, hacen presencia en ellas. No habría que esperar a que se desarmen los grupos con los que se están buscando acercamientos o con los que ya están sentados en alguna mesa, para que luego se desmonten los “tropeles”. No, la violencia en nuestras universidades es singular y tiene sus propios móviles, por esa razón se necesita una mesa especializada. Creemos que este es un asunto de Estado, y no de cada universidad aislada.
El Sistema Universitario Estatal (SUE) podría acordar con el gobierno nacional una estrategia para estructurar esta mesa. Por supuesto que no es fácil, requerirá mucha inteligencia, voluntad política, capacidad de escucha y acompañamiento de la sociedad. ¿Quién, si no las universidades tienen la inteligencia?, ¿quién, si no el gobierno nacional tendría la voluntad política? y esperaríamos de la sociedad todo el apoyo.
El Informe de la Comisión de la Verdad documentó parcialmente la forma como la violencia ha impactado a las universidades. En el encabezado de dicho apartado señala: “La universidad colombiana y los sectores sociales y políticos que la habitan no fueron ajenos a la violencia política, la estigmatización y la persecución por parte de agentes armados legales e ilegales”. En cinco capítulos hizo un recuento histórico, desde los años cincuenta, de esta realidad, y describe varios casos de universidades como la de Córdoba, de Antioquia, del Atlántico, la de Nariño y la Industrial de Santander. La descripción de los hechos es aterradora, como todos los apartados del Informe.
Las cifras que aporta deberían ser suficientes para que nos movilicemos ya, para declarar nuestros campus territorios de paz: 588 estudiantes universitarios asesinados entre 1962 y 2011, 37% de homicidios causados por agentes estatales, 194 estudiantes víctimas de tortura. Debemos profundizar este informe y contribuir con la Verdad de todo lo que nos ha sucedido en tantos años, para así contribuir a pasar la página de una vez por todas. Lo que nos deja ver este apartado es que hemos sido víctimas, y así debe reconocerlo formalmente el Estado.
Ya es hora de desnaturalizar este fenómeno, y de introducir con fuerza la tesis de que las universidades públicas son escenarios de paz, en los que podemos desplegar, con mayor libertad, todo nuestro potencial formador y transformador. Le extendemos esta invitación a la mesa de gobernabilidad y paz del SUE, para que conversemos con el alto gobierno y estructuremos una propuesta que debería ponerse a andar en muy corto tiempo. La paz total también pasa por nuestras universidades.
*Rector Universidad Pedagógica Nacional