De cara a la discusión que se ha abierto en el país tras la radicación en el Congreso de la República del proyecto de ley estatutaria el pasado 11 de septiembre del año en curso, haremos nuevos aportes.
Aunque el proyecto de ley hace un énfasis en la educación escolarizada, está claro que el derecho a la educación debe abarcar diferentes modalidades, procesos y escenarios educativos en los que nos educamos hoy como seres humanos. El concepto de sistema educativo se refiere a las instituciones de educación formal, pero hay algunos artículos en los que se contempla que la educación va más allá, acontece en otros escenarios, y, por lo tanto, quedan cubiertos por el principio del derecho fundamental.
Este aspecto hay que mejorarlo, pues por momentos se olvida. Hoy en día, la educación es un proceso que involucra a las instituciones encargadas de la educación formal, pero ha sido desbordado por las dinámicas de la sociedad contemporánea, una sociedad educadora que exige que las personas estén aprendiendo durante toda la vida.
Garantizar la educación a lo largo de la vida no debería estar orientado solamente a ser competitivo o tener éxito en el mundo laboral, no, debe ir mucho más allá, debe permitir formar a las personas de manera integral para que puedan ejercer plenamente su ciudadanía en todos los aspectos de la vida social y laboral. La educación para el trabajo y el desarrollo humano, la educación virtual en sus modalidades de cursos cortos, y otras modalidades de educación comunitaria, educación en salud, en oficios, en artes, en deportes y nuevas tecnologías, todas ellas son parte del proceso educativo de las personas a lo largo de la vida.
Lo anterior nos lleva a considerar que la Ley Estatutaria tiene que prever cómo garantizar un derecho que se ha complejizado y ha desbordado la forma escuela.
En el Proyecto radicado en el Congreso podemos ver algunos apartes que van en esta dirección, veamos:
Art. 2. La educación como derecho humano se garantiza durante toda la vida.
Art. 3 Se aplicará en todos los niveles y modalidades de atención de la educación.
Art. 4. El sistema educativo se articulará con otros sistemas de acuerdo con las necesidades para la garantía del derecho fundamental de la educación.
Art. 12. El Estado (…) desarrollará estrategias diversas e inclusivas para que todas las personas tengan iguales oportunidades de aprendizaje durante toda la vida (…)
Art. 16. El Estado consolidará un sistema de articulación entre la educación media y la posmedia que propenda por el acceso progresivo de los estudiantes a esta última, la cual comprende la educación para el trabajo y el desarrollo humano, la formación para el trabajo y la educación superior.
Los Artículos 19 al 32 hacen referencia a otras educaciones que deben atender a poblaciones y aspectos que hacen parte de la formación integral de la persona, en y más allá de las instituciones de educación formal.
El proyecto, entonces, deja entrever que sí hay una comprensión del derecho a la educación más allá de la educación formal.
Si esto es así, las leyes que la reglamenten deben crear una nueva institucionalidad.
El pronunciamiento de las universidades privadas, Los Andes, La Sabana, EAFIT y la Pontificia Universidad Javeriana, habla de nombrar la educación superior como educación posmedia, y se refieren a la posibilidad de incluir en el sistema educativo todos aquellos procesos de educación “no formal”, que van desde las micro-certificaciones, hasta los procesos de formación en el trabajo en sus diferentes modalidades. Tienen razón, así debe ser, siempre y cuando no se incluya la educación superior en esa figura.
Estaríamos de acuerdo: tanto la posmedia, con sus modalidades contemporáneas, muy cercanas al mundo de la virtualidad, como la educación superior, en sus diferentes modalidades, han de ser incluidas, protegidas y garantizadas por el derecho fundamental a la educación. Esas otras educaciones que cubren a la población adulta y adulta mayor, pasando por poblaciones étnicas, que demandan educaciones propias, como la educación para el trabajo en sus modalidades más avanzadas, desafiadas por las revoluciones tecnológicas de tercera y cuarta generación, todas ellas deben estar incluidas en este proyecto de ley.
Si es así, estaríamos considerando la necesidad de crear una nueva institucionalidad, un nuevo sistema educativo que supere la visión clásica de lo que significa formarnos como ciudadanas y ciudadanos.
La tarea que tiene el Congreso de la República es perfeccionar este proyecto de ley a través de audiencias públicas que consulten a expertos, gremios, organizaciones sociales y especialmente a los pedagogos y maestros, a la academia, cooperativas, empresas e instituciones del mundo de la cultura, deporte, ciencia, arte, y tecnología; así como a los pueblos ancestrales, para que en un ejercicio metódico y organizado con temas y actores, según los campos temáticos que se abordan en la ley, puedan enriquecer el texto presentado.
En todo caso es un gran paso que ha dado el Gobierno, y esperamos que de este proceso surja una ley que siente las bases para la creación de un nuevo sistema educativo abierto, pero interconectado, que permita el ingreso, la salida y el regreso a él, al mundo del trabajo, al mundo de la política, de la vida social y comunitaria, de la ciencia y la tecnología, del arte y la creación, del deporte y la actividad física, en fin que permita garantizar el acceso a otros derechos que dignifiquen la vida humana y acaben las desigualdades sociales que el viejo sistema educativo ha creado.
* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.
De cara a la discusión que se ha abierto en el país tras la radicación en el Congreso de la República del proyecto de ley estatutaria el pasado 11 de septiembre del año en curso, haremos nuevos aportes.
Aunque el proyecto de ley hace un énfasis en la educación escolarizada, está claro que el derecho a la educación debe abarcar diferentes modalidades, procesos y escenarios educativos en los que nos educamos hoy como seres humanos. El concepto de sistema educativo se refiere a las instituciones de educación formal, pero hay algunos artículos en los que se contempla que la educación va más allá, acontece en otros escenarios, y, por lo tanto, quedan cubiertos por el principio del derecho fundamental.
Este aspecto hay que mejorarlo, pues por momentos se olvida. Hoy en día, la educación es un proceso que involucra a las instituciones encargadas de la educación formal, pero ha sido desbordado por las dinámicas de la sociedad contemporánea, una sociedad educadora que exige que las personas estén aprendiendo durante toda la vida.
Garantizar la educación a lo largo de la vida no debería estar orientado solamente a ser competitivo o tener éxito en el mundo laboral, no, debe ir mucho más allá, debe permitir formar a las personas de manera integral para que puedan ejercer plenamente su ciudadanía en todos los aspectos de la vida social y laboral. La educación para el trabajo y el desarrollo humano, la educación virtual en sus modalidades de cursos cortos, y otras modalidades de educación comunitaria, educación en salud, en oficios, en artes, en deportes y nuevas tecnologías, todas ellas son parte del proceso educativo de las personas a lo largo de la vida.
Lo anterior nos lleva a considerar que la Ley Estatutaria tiene que prever cómo garantizar un derecho que se ha complejizado y ha desbordado la forma escuela.
En el Proyecto radicado en el Congreso podemos ver algunos apartes que van en esta dirección, veamos:
Art. 2. La educación como derecho humano se garantiza durante toda la vida.
Art. 3 Se aplicará en todos los niveles y modalidades de atención de la educación.
Art. 4. El sistema educativo se articulará con otros sistemas de acuerdo con las necesidades para la garantía del derecho fundamental de la educación.
Art. 12. El Estado (…) desarrollará estrategias diversas e inclusivas para que todas las personas tengan iguales oportunidades de aprendizaje durante toda la vida (…)
Art. 16. El Estado consolidará un sistema de articulación entre la educación media y la posmedia que propenda por el acceso progresivo de los estudiantes a esta última, la cual comprende la educación para el trabajo y el desarrollo humano, la formación para el trabajo y la educación superior.
Los Artículos 19 al 32 hacen referencia a otras educaciones que deben atender a poblaciones y aspectos que hacen parte de la formación integral de la persona, en y más allá de las instituciones de educación formal.
El proyecto, entonces, deja entrever que sí hay una comprensión del derecho a la educación más allá de la educación formal.
Si esto es así, las leyes que la reglamenten deben crear una nueva institucionalidad.
El pronunciamiento de las universidades privadas, Los Andes, La Sabana, EAFIT y la Pontificia Universidad Javeriana, habla de nombrar la educación superior como educación posmedia, y se refieren a la posibilidad de incluir en el sistema educativo todos aquellos procesos de educación “no formal”, que van desde las micro-certificaciones, hasta los procesos de formación en el trabajo en sus diferentes modalidades. Tienen razón, así debe ser, siempre y cuando no se incluya la educación superior en esa figura.
Estaríamos de acuerdo: tanto la posmedia, con sus modalidades contemporáneas, muy cercanas al mundo de la virtualidad, como la educación superior, en sus diferentes modalidades, han de ser incluidas, protegidas y garantizadas por el derecho fundamental a la educación. Esas otras educaciones que cubren a la población adulta y adulta mayor, pasando por poblaciones étnicas, que demandan educaciones propias, como la educación para el trabajo en sus modalidades más avanzadas, desafiadas por las revoluciones tecnológicas de tercera y cuarta generación, todas ellas deben estar incluidas en este proyecto de ley.
Si es así, estaríamos considerando la necesidad de crear una nueva institucionalidad, un nuevo sistema educativo que supere la visión clásica de lo que significa formarnos como ciudadanas y ciudadanos.
La tarea que tiene el Congreso de la República es perfeccionar este proyecto de ley a través de audiencias públicas que consulten a expertos, gremios, organizaciones sociales y especialmente a los pedagogos y maestros, a la academia, cooperativas, empresas e instituciones del mundo de la cultura, deporte, ciencia, arte, y tecnología; así como a los pueblos ancestrales, para que en un ejercicio metódico y organizado con temas y actores, según los campos temáticos que se abordan en la ley, puedan enriquecer el texto presentado.
En todo caso es un gran paso que ha dado el Gobierno, y esperamos que de este proceso surja una ley que siente las bases para la creación de un nuevo sistema educativo abierto, pero interconectado, que permita el ingreso, la salida y el regreso a él, al mundo del trabajo, al mundo de la política, de la vida social y comunitaria, de la ciencia y la tecnología, del arte y la creación, del deporte y la actividad física, en fin que permita garantizar el acceso a otros derechos que dignifiquen la vida humana y acaben las desigualdades sociales que el viejo sistema educativo ha creado.
* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.