La reforma de la Ley 30 se convierte en este momento en una oportunidad para que el Estado le reconozca a las Escuelas Normales Superiores (ENS) su condición de Instituciones de Educación Superior.
En el año 1996, en desarrollo de un artículo transitorio de la Ley 115 de 1994, el Ministerio de Educación expidió el Decreto 709 de 1996, según el cual las Normales pasaban a ser Escuelas Normales Superiores; las que quisieran avanzar con este propósito, debían crear dos años más de estudios pos-secundarios, lo que se conoce como el Programa de Formación Complementaria (PFC). Las Normales que cumplieran los requisitos previstos para ello, y establecieran un convenio con una Facultad de Educación, pasarían a ser ENS, sin embargo, no se les reconoció el carácter de Instituciones de Educación Superior. Desde entonces viven en un limbo jurídico que ningún Gobierno ha querido resolver.
Las consecuencias de esta situación no son menores. Los profesores del PFC no saben qué régimen laboral tienen, los estudiantes que ingresan no tienen los beneficios de quienes están en la educación superior, ni los de la educación media; a los egresados que quieran seguir en una carrera profesional no se les reconocen esos dos años, ni siquiera en los programas de licenciatura, con las que además tienen convenios, y en la mayoría de las universidades se les valida máximo un semestre, de los cuatro que ya cursaron.
Son 137 Escuelas Normales Superiores ubicadas en 29 departamentos del país. 129 son oficiales y 8 privadas. El 87 % está en municipios pequeños, con menos de 100.000 habitantes. Según datos del Sistema de Matrículas Estudiantil (SIMAT), en las ENS, para el año 2021, había 204.524 estudiantes, de los cuales el 56 % del total eran mujeres. Cerca de 12.000 estaban en el Programa de Formación Complementaria (grados 12 y 13 de pos-secundaria). Más del 80 % vivían en estratos 1 y 2.
Después de 1994 han estado siendo intervenidas por diferentes normas que han buscado reglamentar su trabajo, pero sin garantizarles las condiciones presupuestales, de autonomía y sobre todo sin resolverles su estatuto jurídico como se observa en el Decreto 4790 de 2008, por el cual se establecen las condiciones básicas de calidad del programa de formación complementaria de las escuelas normales superiores y se dictan otras disposiciones. Igual que las Instituciones de Educación Superior, comenzaron a ser intervenidas con la lógica de la regulación, sobrecargándolas de tareas administrativas que debían cumplir para obtener registros calificados y sobrevivir en el sistema, pero con la desventaja de no pertenecer a él.
En 2015 vino el Decreto 2381, por el cual se modifica el proceso de verificación de las condiciones de calidad de los programas de formación complementaria de las ENS y finalmente el Decreto 1236 de 2020 en el que se regula su funcionamiento, estructura, organización y rutas de acompañamiento pedagógico y administrativo por parte de las secretarías de educación.
Este desgastante periplo normativo debe cesar para permitirles desplegar la riqueza pedagógica que proviene de su tradición centenaria, basada en la formación de maestros con un alto componente de aprendizaje práctico, a través de sus propias escuelas de preescolar y primaria, antes conocidas como escuelas anexas. Además de esto, no han dejado de estudiar pedagogía y didáctica en sus perspectivas históricas y mantienen un arraigo profundo con las culturas regionales en las que se encuentran.
Las comunidades por lo general les tienen un gran aprecio y valoran mucho su presencia, sobre todo donde no existen otras opciones para que los y las jóvenes puedan continuar sus estudios después de terminar el bachillerato. Su principal valor consiste en su enfoque rural; por tradición, y por norma, las ENS están comprometidas con este mundo, en el más amplio sentido de este concepto; de allí su potencial para que una nueva política educativa que opte por un desarrollo rural integral las convierta en un epicentro educativo, cultural y social que reivindique las cosmovisiones campesinas y ancestrales.
Las ENS, como ninguna otra institución del Estado, tienen arraigo en dicho mundo. El nivel de formación es exigente y todavía conservan la idea de despertar el sentido de pertenencia y el orgullo de ser maestros y maestras. Los Normalistas que logran entrar a un programa de licenciatura en alguna capital del país se distinguen entre sus compañeros bachilleres por su nivel de formación; se expresan y escriben mejor, y sobre todo tienen más claro lo que significa la profesión que escogieron. Los estudiantes de las ENS, cuando terminan sus dos primeros años, en grado 11, antes de comenzar el PFC, presentan las pruebas Saber 11 y alcanzan diez puntos por encima del promedio nacional. Luego, cuando terminan el PFC, presentan las pruebas que se aplican a los egresados de las Instituciones técnicas y tecnológicas, y también logran estar tres puntos por encima en desempeño global.
Por estas razones, sería imperdonable que en esta nueva Ley de Educación Superior que se proyecta en el corto plazo, se les negara la oportunidad a las ENS de obtener su mayoría de edad; se les debe reconocer el estatus de Institución de Educación Superior. Allí también se puede establecer que las ENS ofrezcan licenciaturas, o si prefieren que sirvan de sedes para que otras universidades las abran allí, y les garanticen a sus egresados obtener el título en dos años. Sería el primer paso para tener un Sistema de Formación de Maestros, donde se articule la formación inicial, la continuada y la avanzada, que contribuya a la dignificación de la profesión docente.
* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.