La Ley 30 es, en el campo de la educación, la más controvertida y la que se ha intentado modificar más veces, en sus 31 años de vida. En este momento se ha puesto de nuevo sobre la mesa la discusión sobre la necesidad de modificarla o reemplazarla. Para algunos, la prioridad es cambiar los artículos 86 y 87, en los que se establece el mecanismo para destinar los recursos a las Instituciones de Educación Superior públicas (IES), mientras que para otros lo importante es su reforma integral. El gobierno del cambio aún no ha decidido cuál de las dos vías va a seguir; sin embargo, más temprano que tarde esta discusión se va a dar y nos enfrentaremos a un verdadero debate que tendrá todo tipo de interlocutores, tantos como intereses hay en juego.
Veremos al estudiantado movilizarse con varias banderas, como la del gobierno universitario (Título III, capítulo II), pues hay varias expresiones de dicho movimiento que abogan por la democracia directa a la hora de elegir a sus máximas autoridades, así como sistemas asamblearios que decidirían sus destinos; de igual forma en voz del profesorado se reclamará declarar la educación superior como un derecho fundamental (artículo 2), lo cual supondría modificar también la Constitución.
En otras esferas se debatirá si conviene que haya gratuidad y acceso universal (artículo 5), y las implicaciones que eso tendría en términos presupuestales y de equidad. Las universidades privadas van a reivindicar la conservación del sistema mixto (artículo 26), en el que conviven las universidades del Estado con las privadas, pero pidiendo que se garanticen mecanismos de financiación vía créditos estudiantiles. Estos entre muchos otros temas sensibles.
En el año 2011, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se presentó un proyecto de reforma que generó una gran movilización, todavía recordada, liderada por la MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil). Lo interesante de esta movilización fue que impidió que tal proyecto prosperara en el Congreso, además tuvo expresiones muy creativas en las calles, y sus líderes mostraron un buen conocimiento de lo que se cuestionaba; sin embargo, a pesar de los esfuerzos no se logró consolidar una propuesta alternativa.
Dicho gobierno y los que le sucedieron optaron por introducir cambios en la educación superior a través de decretos. Por ejemplo: la financiación de la demanda vía créditos, para estimular a las universidades privadas; amarrar la producción de conocimiento a la productividad económica, vía reforma de la ley de ciencia y tecnología (Ley 1286 de 2009); promover que las IES públicas generaran sus propios recursos, a través de la gestión de proyectos que fueran rentables, mientras se permitía que el Estado destinara recursos a las IES privadas; afinar los mecanismos de control sobre las IES, afectando su autonomía (Resolución 5290 de 2012 y Decreto 1330 de 2019), entre otros.
Estas reformas deben entrar en este debate, pero la discusión no debe omitir temas de fondo que suelen diluirse o quedarse en las disquisiciones más teóricas, sin impacto sobre la vida real en nuestras instituciones. Me refiero, por ejemplo, al asunto del carácter profesionalizante de nuestras Instituciones de Educación Superior, la subordinación de la investigación y la desconexión con la proyección social.
También deberíamos cuestionarnos por las transformaciones que ha sufrido el modo de ser del conocimiento y el debilitamiento de las formas canónicas propias de las disciplinas convencionales; esto, ligado a los canales por los que circula hoy el saber y las formas como se instituye el sistema de verdades socialmente aceptadas.
Finalmente, debemos preguntarnos por nuestros jóvenes; sus angustias, sus rebeldes formas de romper con las identidades clásicas, y la manera de pararse frente a la institucionalidad, y a cualquier tipo de autoridad, que parece hoy no ser aceptada.
La educación superior está en crisis. La marcada caída de la demanda (entre 2008 y 2015, el crecimiento de la matrícula en las IES públicas cayó de 11,07 % a 2,3 %) puede estar asociada a factores de empobrecimiento de la población, o a su decrecimiento (según el DANE, en los próximos diez años habrá casi doscientos mil personas menos entre los 17 y los 21 años), pero también puede ser un dato que habla de la necesidad de pensar otro tipo de oferta para la formación postsecundaria de nuestra juventud.
La competencia hoy no es entre IES públicas y privadas, o entre la educación técnica y la educación universitaria, sino entre estas y los llamados cursos de micro certificación, o si se quiere entre la educación formal y la no formal (Educación para el trabajo y el desarrollo humano); dentro de esta última modalidad hay una miríada de modalidades que se ofrecen en las redes.
La tendencia de las grandes empresas globalizadas es a colonizar el mundo de las IES a través de alianzas estratégicas. Se busca que las IES se vinculen a las redes de conocimiento donde intercambien saberes expertos y se creen semilleros con capitales de riesgo colaborativas para producir patentes, se creen grupos de investigación, institutos o parques tecnológicos que desarrollen alternativas concretas que requieren las empresas, de manera que haya transferencia de conocimiento con capacidad de generar valor económico a través de licenciamiento, (ojo a la propiedad intelectual).
En Colombia, por ejemplo, la empresa de cementos ARGOS tenía, hace más de diez años, convenio con 123 universidades (nacionales e internacionales) con portafolios de productos en los que ofrecía conocimiento a través de la oficina de transferencia de valor, y esto lo hacía aplicando a proyectos de Colciencias (Minciencias). Con esto ahorró más de mil quinientos millones en impuestos en 2011, y generó tres patentes tecnológicas.
¿Tenemos que decir algo más, al respecto de estos fenómenos de hondo calado, en este debate sobre la Ley 30?
* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.
La Ley 30 es, en el campo de la educación, la más controvertida y la que se ha intentado modificar más veces, en sus 31 años de vida. En este momento se ha puesto de nuevo sobre la mesa la discusión sobre la necesidad de modificarla o reemplazarla. Para algunos, la prioridad es cambiar los artículos 86 y 87, en los que se establece el mecanismo para destinar los recursos a las Instituciones de Educación Superior públicas (IES), mientras que para otros lo importante es su reforma integral. El gobierno del cambio aún no ha decidido cuál de las dos vías va a seguir; sin embargo, más temprano que tarde esta discusión se va a dar y nos enfrentaremos a un verdadero debate que tendrá todo tipo de interlocutores, tantos como intereses hay en juego.
Veremos al estudiantado movilizarse con varias banderas, como la del gobierno universitario (Título III, capítulo II), pues hay varias expresiones de dicho movimiento que abogan por la democracia directa a la hora de elegir a sus máximas autoridades, así como sistemas asamblearios que decidirían sus destinos; de igual forma en voz del profesorado se reclamará declarar la educación superior como un derecho fundamental (artículo 2), lo cual supondría modificar también la Constitución.
En otras esferas se debatirá si conviene que haya gratuidad y acceso universal (artículo 5), y las implicaciones que eso tendría en términos presupuestales y de equidad. Las universidades privadas van a reivindicar la conservación del sistema mixto (artículo 26), en el que conviven las universidades del Estado con las privadas, pero pidiendo que se garanticen mecanismos de financiación vía créditos estudiantiles. Estos entre muchos otros temas sensibles.
En el año 2011, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se presentó un proyecto de reforma que generó una gran movilización, todavía recordada, liderada por la MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil). Lo interesante de esta movilización fue que impidió que tal proyecto prosperara en el Congreso, además tuvo expresiones muy creativas en las calles, y sus líderes mostraron un buen conocimiento de lo que se cuestionaba; sin embargo, a pesar de los esfuerzos no se logró consolidar una propuesta alternativa.
Dicho gobierno y los que le sucedieron optaron por introducir cambios en la educación superior a través de decretos. Por ejemplo: la financiación de la demanda vía créditos, para estimular a las universidades privadas; amarrar la producción de conocimiento a la productividad económica, vía reforma de la ley de ciencia y tecnología (Ley 1286 de 2009); promover que las IES públicas generaran sus propios recursos, a través de la gestión de proyectos que fueran rentables, mientras se permitía que el Estado destinara recursos a las IES privadas; afinar los mecanismos de control sobre las IES, afectando su autonomía (Resolución 5290 de 2012 y Decreto 1330 de 2019), entre otros.
Estas reformas deben entrar en este debate, pero la discusión no debe omitir temas de fondo que suelen diluirse o quedarse en las disquisiciones más teóricas, sin impacto sobre la vida real en nuestras instituciones. Me refiero, por ejemplo, al asunto del carácter profesionalizante de nuestras Instituciones de Educación Superior, la subordinación de la investigación y la desconexión con la proyección social.
También deberíamos cuestionarnos por las transformaciones que ha sufrido el modo de ser del conocimiento y el debilitamiento de las formas canónicas propias de las disciplinas convencionales; esto, ligado a los canales por los que circula hoy el saber y las formas como se instituye el sistema de verdades socialmente aceptadas.
Finalmente, debemos preguntarnos por nuestros jóvenes; sus angustias, sus rebeldes formas de romper con las identidades clásicas, y la manera de pararse frente a la institucionalidad, y a cualquier tipo de autoridad, que parece hoy no ser aceptada.
La educación superior está en crisis. La marcada caída de la demanda (entre 2008 y 2015, el crecimiento de la matrícula en las IES públicas cayó de 11,07 % a 2,3 %) puede estar asociada a factores de empobrecimiento de la población, o a su decrecimiento (según el DANE, en los próximos diez años habrá casi doscientos mil personas menos entre los 17 y los 21 años), pero también puede ser un dato que habla de la necesidad de pensar otro tipo de oferta para la formación postsecundaria de nuestra juventud.
La competencia hoy no es entre IES públicas y privadas, o entre la educación técnica y la educación universitaria, sino entre estas y los llamados cursos de micro certificación, o si se quiere entre la educación formal y la no formal (Educación para el trabajo y el desarrollo humano); dentro de esta última modalidad hay una miríada de modalidades que se ofrecen en las redes.
La tendencia de las grandes empresas globalizadas es a colonizar el mundo de las IES a través de alianzas estratégicas. Se busca que las IES se vinculen a las redes de conocimiento donde intercambien saberes expertos y se creen semilleros con capitales de riesgo colaborativas para producir patentes, se creen grupos de investigación, institutos o parques tecnológicos que desarrollen alternativas concretas que requieren las empresas, de manera que haya transferencia de conocimiento con capacidad de generar valor económico a través de licenciamiento, (ojo a la propiedad intelectual).
En Colombia, por ejemplo, la empresa de cementos ARGOS tenía, hace más de diez años, convenio con 123 universidades (nacionales e internacionales) con portafolios de productos en los que ofrecía conocimiento a través de la oficina de transferencia de valor, y esto lo hacía aplicando a proyectos de Colciencias (Minciencias). Con esto ahorró más de mil quinientos millones en impuestos en 2011, y generó tres patentes tecnológicas.
¿Tenemos que decir algo más, al respecto de estos fenómenos de hondo calado, en este debate sobre la Ley 30?
* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.