No se ha definido qué es el control territorial por el Estado, pero a todo el mundo le parece que es la solución al ejercido por las bandas criminales y las guerrillas, que se confunden cada vez más con el crimen organizado. El Estado no puede enviarse a los territorios como si fuera una comisión compuesta por funcionarios, jueces, policías, médicos e ingenieros para que cumplan las funciones del Estado. El Estado no son unas oficinas, centros de salud, vías y servicios públicos, aunque así lo identifiquen la población y los políticos.
El Estado es un modo de comportamiento compatible con unas reglas del juego de la convivencia y cooperación entre las personas, que se deriva del acuerdo colectivo de la sociedad para organizarse en forma de Estado. Nos comportamos como miembros de un Estado cuando paramos ante una luz roja, celebramos un contrato, pagamos un impuesto o cumplimos la obligación de respetar los derechos ajenos. Todo eso está regulado por la ley y aplicado por los órganos administrativos y judiciales que la sociedad ha creado para cumplirla. Aunque su origen haya sido violento, como una revolución que depone un antiguo régimen de poderes tribales, coloniales o feudales, la esencia del Estado está definida por un derecho que excluye la violencia como modo válido de relación con el mismo Estado o entre los ciudadanos, y por eso ha creado órganos que aplican el derecho y sancionan a quienes emplean la violencia en sus relaciones, sean privadas o públicas.
El Estado tiene control de un territorio cuando establece las bases de información y registro para que funcionen la vida social, la economía y los derechos humanos, sociales y políticos de la población. Esto incluye la identificación de las personas y de su propiedad, el reconocimiento de su dignidad y el respeto a su derecho a participar en el control de sus condiciones de vida y la definición de su futuro. En el campo hay control territorial por el Estado en la medida en que la propiedad de la tierra está identificada en el catastro y formalizada como derecho protegido en el registro, en la medida en que el trabajo es reconocido como derecho y no impuesto como esclavitud, como en la trata de personas, en la medida en que solo él puede cobrar impuestos, no como en la extorsión que enriquece a los delincuentes, y en tanto los impuestos son usados en obras y servicios de beneficio general y no desviados por corrupción a los bolsillos de políticos, funcionarios y contratistas, que socavan el Estado desde adentro.
Hay Estado en la economía cuando existen las condiciones para que funcione el mercado regulado por la ley, y en los territorios rurales eso significa que existe la infraestructura que hace viable la producción y hay protección de los derechos económicos de los participantes en el mercado. La gestión territorial por el Estado existe en la medida en que protege los territorios y recursos naturales que prestan servicios ecosistémicos esenciales, los bienes comunes que interesan a toda la sociedad como los bosques, los recursos hídricos y los suelos. Hay control territorial por el Estado en la medida en que obedece al principio de solidaridad frente a los desastres y las calamidades que afectan una parte de la población, así como al de protección de los vulnerables y los débiles, a los menores y los ancianos, o a los afectados por el mal mayor de la pobreza.
Con este recuento se demuestra que el control territorial por el Estado exige tener un Estado regido por la ley, con la capacidad funcional para cumplir los deberes inherentes a su existencia como organización política de la sociedad. Sus deficiencias son sustituidas por el control en manos de los ilegales, los corruptos y los violentos, cuyas acciones llenan las noticias de los medios y socaban la legitimidad del Estado desde afuera y desde adentro.
No se ha definido qué es el control territorial por el Estado, pero a todo el mundo le parece que es la solución al ejercido por las bandas criminales y las guerrillas, que se confunden cada vez más con el crimen organizado. El Estado no puede enviarse a los territorios como si fuera una comisión compuesta por funcionarios, jueces, policías, médicos e ingenieros para que cumplan las funciones del Estado. El Estado no son unas oficinas, centros de salud, vías y servicios públicos, aunque así lo identifiquen la población y los políticos.
El Estado es un modo de comportamiento compatible con unas reglas del juego de la convivencia y cooperación entre las personas, que se deriva del acuerdo colectivo de la sociedad para organizarse en forma de Estado. Nos comportamos como miembros de un Estado cuando paramos ante una luz roja, celebramos un contrato, pagamos un impuesto o cumplimos la obligación de respetar los derechos ajenos. Todo eso está regulado por la ley y aplicado por los órganos administrativos y judiciales que la sociedad ha creado para cumplirla. Aunque su origen haya sido violento, como una revolución que depone un antiguo régimen de poderes tribales, coloniales o feudales, la esencia del Estado está definida por un derecho que excluye la violencia como modo válido de relación con el mismo Estado o entre los ciudadanos, y por eso ha creado órganos que aplican el derecho y sancionan a quienes emplean la violencia en sus relaciones, sean privadas o públicas.
El Estado tiene control de un territorio cuando establece las bases de información y registro para que funcionen la vida social, la economía y los derechos humanos, sociales y políticos de la población. Esto incluye la identificación de las personas y de su propiedad, el reconocimiento de su dignidad y el respeto a su derecho a participar en el control de sus condiciones de vida y la definición de su futuro. En el campo hay control territorial por el Estado en la medida en que la propiedad de la tierra está identificada en el catastro y formalizada como derecho protegido en el registro, en la medida en que el trabajo es reconocido como derecho y no impuesto como esclavitud, como en la trata de personas, en la medida en que solo él puede cobrar impuestos, no como en la extorsión que enriquece a los delincuentes, y en tanto los impuestos son usados en obras y servicios de beneficio general y no desviados por corrupción a los bolsillos de políticos, funcionarios y contratistas, que socavan el Estado desde adentro.
Hay Estado en la economía cuando existen las condiciones para que funcione el mercado regulado por la ley, y en los territorios rurales eso significa que existe la infraestructura que hace viable la producción y hay protección de los derechos económicos de los participantes en el mercado. La gestión territorial por el Estado existe en la medida en que protege los territorios y recursos naturales que prestan servicios ecosistémicos esenciales, los bienes comunes que interesan a toda la sociedad como los bosques, los recursos hídricos y los suelos. Hay control territorial por el Estado en la medida en que obedece al principio de solidaridad frente a los desastres y las calamidades que afectan una parte de la población, así como al de protección de los vulnerables y los débiles, a los menores y los ancianos, o a los afectados por el mal mayor de la pobreza.
Con este recuento se demuestra que el control territorial por el Estado exige tener un Estado regido por la ley, con la capacidad funcional para cumplir los deberes inherentes a su existencia como organización política de la sociedad. Sus deficiencias son sustituidas por el control en manos de los ilegales, los corruptos y los violentos, cuyas acciones llenan las noticias de los medios y socaban la legitimidad del Estado desde afuera y desde adentro.