El endoso de la reforma rural para pagar gastos de campaña


La Agencia Nacional de Tierras, que fue mal diseñada cuando se creó en 2017, ha corrido con la peor suerte en el gobierno de Gustavo Petro. Primero, contra la opinión de las exministras Cecilia López y Jhenifer Mojica, el presidente nombró como director a Gerardo Vega, socio político de Olmedo López en Medellín, quien la llenó de contratistas del Pacto Histórico, hasta la cota de los 3.000, pretendió engañar a la opinión con cifras de formalización infladas y salió por la falta de resultados en la compra de tierras. A continuación, el presidente lo reemplazó por Felipe Harman, exalcalde de Villavicencio, quien se había destacado por el volteo de tierras en la ciudad, lucrativo negocio de los alcaldes y urbanizadores. Harman hizo generosas donaciones a la campaña Petro presidente, recompensadas a costa de la Agencia de Tierras.

La Agencia Nacional de Tierras, que fue mal diseñada cuando se creó en 2017, ha corrido con la peor suerte en el gobierno de Gustavo Petro. Primero, contra la opinión de las exministras Cecilia López y Jhenifer Mojica, el presidente nombró como director a Gerardo Vega, socio político de Olmedo López en Medellín, quien la llenó de contratistas del Pacto Histórico, hasta la cota de los 3.000, pretendió engañar a la opinión con cifras de formalización infladas y salió por la falta de resultados en la compra de tierras. A continuación, el presidente lo reemplazó por Felipe Harman, exalcalde de Villavicencio, quien se había destacado por el volteo de tierras en la ciudad, lucrativo negocio de los alcaldes y urbanizadores. Harman hizo generosas donaciones a la campaña Petro presidente, recompensadas a costa de la Agencia de Tierras.

Harman ha inflado la legión de contratistas hasta pasar de 6.000 y su reclutamiento no se ha hecho por méritos sino por cuotas burocráticas de los políticos regionales, con los que hace acuerdos de reciprocidad mientras viaja por todo el país dándose a conocer, como cuota inicial de su campaña al Congreso.

En Bogotá y las regionales, las instalaciones se han tugurizado y todos los pasillos y oficinas están llenos de pequeños escritorios donde los empleados sostienen reuniones virtuales mutuamente interferidas, lo que impide tener una conversación útil de cinco minutos con ningún funcionario. No hay capacitación previa, ni estructura de comando y control, ni orientaciones de política agraria que respondan a un diseño inteligente. Un ejemplo de estrategia fallida es el cumplimiento de la orden de recuperar los baldíos que le dio la Corte Constitucional, que se focalizó erradamente en Santander, Boyacá y Cundinamarca, donde las posesiones de los pequeños minifundios que carecen de escritura registrada son parte de la informalidad, no de la apropiación ilegal de grandes baldíos para recuperar, que están en otras regiones.

Las pocas tierras que se han entregado provisionalmente a campesinos han sido las aportadas por la SAE, provenientes de la extinción del dominio a narcotraficantes. Comprar tierras por el Estado es difícil y engorroso por el monumental desorden en la identificación catastral y el registro de títulos de propiedad. Y una operación de mercado a gran escala, cuya ejecución dependa de la actividad mal dirigida y controlada, realizada por una masa desorganizada de clientelas políticas de los gamonales locales, es una fórmula infalible para el fracaso y la corrupción que, para tranquilidad suya, tiene sin cuidado al director de la Agencia, pues no permanece en su oficina intentando organizar las tareas de la entidad sino viajando de municipio en municipio sin solucionar problemas en ninguno, pero completando un gran álbum de fotos con campesinos y, a veces, también, con el presidente.

El presidente Petro puede ufanarse de pagar con el erario público sus deudas electorales, pero no puede decir sin sonrojarse que ha puesto las personas indicadas para hacer la reforma agraria, que tanto le gusta pregonar. Abonó esa reforma como pago a sus financiadores para sus abultados gastos de campaña. Todo está dado para que, frente a la frustración masiva de los campesinos, una oleada de invasiones de tierras le recuerde al país el compromiso de reforma agraria y le reclame su cumplimiento, como a él le gusta, por presión popular directa. Veamos a quiénes les echa la culpa del fracaso anunciado para no tener que mirarse al espejo, pero no podrá endosarla a la oposición de la oligarquía. Como dijo Nicolás Gómez Dávila: “El Gobierno puede deshacer el Estado, pero no debe”.